Los servicios de Salud de Hidalgo gastaron, en 2016, 472 mil 800 pesos en sustancias químicas, materiales, accesorios y suministros de laboratorio que no fueron entregados a clínicas ni hospitales al término de ese ejercicio fiscal.
Esta cantidad es parte de 751 mil 700 pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presume como daño a la hacienda pública, por manejo indebido de presupuesto que el estado, gobernado por dos administraciones, recibió del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
El segundo monto observado, por 278 mil 900 pesos, corresponde, según el órgano fiscalizador, a falta de aplicación de penas convencionales, las cuales proceden cuando el proveedor entrega bienes en una fecha posterior a la que fue pactada, de acuerdo con los artículos 45, fracción XIX, y 53, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Asimismo, en la auditoría financiera y de cumplimiento 1022 detectó un subejercicio de 120 millones 422 mil 600 pesos, cuya aplicación, refiere el informe que el organismo federal hizo público en junio del año en curso, está pendiente de ejercer.
En el periodo en el que esta partida debió ser aplicada en la prestación de servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o no está incorporada en algún régimen de seguridad social, de acuerdo con los lineamientos del FASSA, fungieron como secretarios de Salud Geraldina García Gordillo, hasta el 5 de septiembre, y Marco Antonio Escamilla, quien se mantiene como titular de la dependencia.
La ASF determinó que Hidalgo incumplió obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo, ya que no publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo(POEH).
