EL ESCÁNDALO en torno al posible espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos por parte del gobierno mexicano, revelado por el periódico The New York Times, no es únicamente una afrenta a la sociedad mexicana, sino una muestra más de la gran incapacidad del gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. Lo anterior coloca no solo su administración, sino al Estado mexicano en su conjunto, en una situación precaria caracterizada por la ilegalidad, la ineptitud y la pérdida del monopolio de la violencia.
Ya mucho se ha escrito y discutido en diversos espacios públicos acerca de las graves violaciones en materia de privacidad y del atentado a la libertad de expresión por parte del gobierno mexicano al utilizar el software de origen israelí Pegasus para espiar a periodistas, activistas y destacados miembros de la sociedad civil que se perciben como amenaza a las acciones de la actual administración. Las revelaciones del diario The New York Times constituyen en sí mismas razones suficientes para despertar la indignación nacional por el atentado a los derechos y libertades de los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, los resultados de estas investigaciones son quizás aún más preocupantes si se perciben como un reflejo de la pérdida del monopolio del uso legítimo de la violencia por parte del Estado mexicano en el contexto de una gran ineptitud de las autoridades gubernamentales especializadas en labores de seguridad e inteligencia.
No obstante que no existen a la fecha pruebas contundentes que inculpen a personajes específicos en la administración de Enrique Peña Nieto en este nuevo escándalo, existen razones suficientes para vincular directa o indirectamente a los organismos de seguridad y defensa nacionales en la utilización del software Pegasus para espiar a miembros de la sociedad civil incómodos para el gobierno actual. El hecho de que la compañía israelí NSO Group venda exclusivamente el software espía a gobiernos para ser utilizado en acciones concretas de combate al terrorismo y a la delincuencia organizada reduce las posibilidades y líneas de investigación al mínimo.
Es muy probable que el espionaje se haya realizado de manera intencional y con conocimiento por parte de las autoridades mexicanas al más alto nivel, pero si no lo fue así, la situación sería incluso más preocupante, pues involucraría serias divisiones en el interior de las agencias de seguridad y defensa mexicanas y demostraría la existencia de grupos que operan fuera del control de las mismas agencias. Ambas posibilidades representan un grave problema para el país y serían el reflejo de un gobierno que —por lo menos en parte de sus estructuras— actúa de manera ilegal y resulta ser ineficiente, deshonesto y, lo que es peor, sumamente inepto. De lo que no se ha hablado ampliamente cuando se analiza el escándalo del #GobiernoEspía, a raíz del reportaje del diario estadounidense, es que no solo estamos hablando de un gobierno malintencionado y deshonesto, que opera en la más absoluta ilegalidad, sino de uno que es incluso incapaz de llevar a cabo con éxito sus proyectos más oscuros.
No es nuevo que los gobiernos espíen a sus propios ciudadanos al realizar labores de inteligencia y contrainteligencia con el objeto de prevenir insurgencias o movimientos que afecten la estabilidad de las naciones. En el caso de los gobiernos autoritarios, dichas prácticas se utilizan para contener movimientos sociales y desarticular la disidencia, recurriendo a la violación de derechos civiles y libertades básicas. El gobierno mexicano parece seguir la segunda línea de acción, es decir, aquella propia de gobiernos represores que operan en contra de los valores democráticos. Con la supuesta intención de luchar contra la delincuencia organizada y desarticular las células criminales que operan en distintas regiones del país, el gobierno mexicano adquiere un software poderoso y sofisticado que resulta inefectivo en las tareas para las que fue adquirido y que, además, es utilizado para limitar las libertades de sus propios ciudadanos.
La inefectividad del gobierno en las labores de espionaje tampoco es nueva. Pegasus tuvo como antecedente el software Galileo RCS, que se adquirió a través de la empresa italiana The Hacking Team para realizar también labores de espionaje y por el que pagó 1 millón 390,000 euros. Es del conocimiento público que Galileo RCS alcanzó menos de 2 por ciento de efectividad y que The Hacking Team fue, a su vez, hackeada en 2015; correos electrónicos y documentos relacionados con las acciones de esta empresa llegaron incluso a ser filtrados a través de la plataforma Wikileaks. Desde antes de la utilización de Pegasus, el gobierno mexicano ya mostraba claras pruebas de su inefectividad e incapacidad en sus labores de espionaje. El escándalo con la utilización del nuevo software espía confirma esa ineptitud.
Los abusos en el uso del malware Pegasus, adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), fueron investigados y descubiertos por Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, con el apoyo del Citizen Lab de la Universidad de Toronto. Así, las acciones ilegales del gobierno espía mexicano fueron finalmente descubiertas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil formadas por individuos con un conocimiento que pareciera superior al de aquellos que operan en las agencias de seguridad, defensa e inteligencia mexicanas.
En otras palabras, el gobierno mexicano, aun contando con recursos muy superiores, así como con un software altamente especializado y sofisticado, no fue capaz de protegerse a sí mismo de investigaciones externas, lo que demuestra su vulnerabilidad y poca capacidad en sus propias acciones de espionaje. Por otro lado, las personas que fueron sujeto de dichas acciones no parecen ser en lo absoluto una amenaza a la seguridad interior o nacional de este país. Las prioridades del gobierno actual parecieran entonces estar mal dirigidas, al igual que los recursos públicos destinados a labores de seguridad.
A pesar de que los organismos de seguridad y defensa nacionales han tenido como objetivo defender el régimen y al grupo gobernante, y no a la nación, estos no han logrado completar su misión con éxito. Por el contrario, fueron descubiertos y exhibidos dentro y fuera del país. Asimismo, de acuerdo con la investigación de The New York Times, se gastaron cuantiosos recursos en este proyecto fallido: al menos 80 millones de dólares en adquisiciones a través de NSO Group. Eso representa una afrenta más para la sociedad mexicana.
Este hecho ofende y perjudica a la sociedad mexicana en varios frentes. La ilegalidad del espionaje, la violación a los derechos de privacidad y libertad de expresión, así como el gasto irracional en proyectos fallidos resulta inadmisible y debiera investigarse a fondo. Lo anterior se hace más visible si consideramos la poca efectividad de la actual administración en su lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción. Nos encontramos frente a un gobierno que protege a criminales y a gobernantes corruptos y que atenta contra las libertades de sus propios ciudadanos.
Lo que es peor, parecería ser que el gobierno de México es incapaz de proteger a sus ciudadanos, no obstante los cuantiosos recursos que se han gastado en librar una lucha de varios años contra el crimen organizado, según su propia versión. Y dicha lucha ha resultado fallida. Lejos de proteger la libertad de expresión y el derecho a la vida y a la información, el gobierno de México es presa de su propia incapacidad. Finalmente, nos encontramos no solo frente a un #GobiernoEspía y altamente corrupto, sino, sobre todo, frente a un #GobiernoInepto que forma parte de un Estado que parece haber perdido el monopolio de la violencia.
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La autora es profesora asociada en el Departamento de Asuntos
Públicos y Estudios de Seguridad de la Universidad de Texas-Valle del Rio
Grande e investigadora invitada del Centro Woodrow Wilson, en Washington, D. C.