Directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y de la Cámara Nacional de Promoción de la Vivienda (Canadevi), hicieron un llamado al Gobierno Federal a detener los incrementos en el precio del cemento que aseguran, traerá como consecuencia un alza en el costo de casas de interés social.
Romeo Sauceda, presidente de CMIC Tijuana dijo que se trata del segundo incremento de este año, recordando que a principios de enero el precio de este material subió un 12%.
El próximo 1ro. de julio entrará en vigor un nuevo aumento del 15%. Esto suma un aumento total del 27% al precio del insumo.
“Se trata de incrementos desmedidos para uno de los insumos básicos para la construcción de la vivienda, pues en octubre de 2015 la tonelada de cemento costaba alrededor de mil 600 pesos y en julio de 2017 costará cerca de dos mil 800 pesos”, dijo.
Además, Sauceda dijo desconocer los motivos de dichos aumentos. Ya que otros insumos básicos para la construcción no han registrado estos incrementos acelerados y son libres de importación.
Sauceda afirmó que México es el sexto productor a nivel mundial, y que empresas como Cemex y Holcim controlan prácticamente el precio de este producto.
A pesar de esto, el valor del cemento mexicano es casi del doble al precio que en el resto del mundo.
Por su parte, José Luis Padilla, el Presidente de Canadevi en Baja California, recordó que en marzo de este año, la Secretaría de Economía creó un pacto por la economía nacional, asegurando que los precios de los insumos y servicios para la construcción de vivienda no tendrían un aumento mayor al de la inflación.
Sin embargo, afirmó que este incremento de 27% está por encima de la inflación registrada en México. Y que por estas razones se hace un llamado al Gobierno Federal a que respete el acuerdo.
De lo contrario, solicitarían los permisos para la importación de cemento.
Padilla adelantó que ante este panorama, el precio de las viviendas incrementaría en un 8% a partir de julio.
“Estos aumentos impactan directamente en el tema de la vivienda de interés social, ya que requiere de un subsidio federal para que la puedan adquirir los trabajadores que perciben entre uno y cuatro salarios mínimos y que representan el 60% de la base laboral mexicana”, concluyó.
