Los activistas, periodistas y defensores de derechos humanos críticos al gobierno mexicano habrían sido objetivo de un sofisticado sistema de espionaje, utilizado para investigar a criminales y terroristas a través de la infección en sus teléfonos celulares, publicó este lunes el diario estadounidense The New York Times, lo que ha provocado una oleada de alarmas y críticas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La combinación de vigilancia selectiva, nuevas tecnologías para amenazar y silenciar a las personas, el uso indebido de las leyes y represión de protestas pacíficas ha creado un nivel de peligro sin precedentes para los y las activistas de derechos humanos, señaló Amnistía Internacional en un comunicado de prensa.
“En un mundo donde los poderosos imponen de forma creciente un discurso dañino que menoscaba los derechos humanos, los derechos a la privacidad y a la libertad de asociación y de expresión son más importantes que nunca”, resaltó.
Foto: Cuartoscuro
Esta nueva evidencia confirma que periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos mexicanos son blanco de prácticas ilegales diseñadas para interferir y obstaculizar su trabajo, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
“Estos hallazgos son consistentes con las investigaciones previas de Amnistía Internacional y muestran un claro patrón de uso ilegal de la tecnología en un intento de controlar cualquier crítica contra quienes están en el poder”, mencionó.
Estas tendencias, dijo Amnistía Internacional, se suman al ya peligroso arsenal de herramientas de supresión, entre ellas los homicidios y las desapariciones forzadas, la represión del derecho a protestar de forma pacífica y el uso indebido de leyes penales, civiles y administrativas para perseguir a los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Por su parte, integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dijeron estar preocupados por la noticia de que varios defensores, abogados, periodistas y al menos un menor de edad hayan sido potencialmente blanco de espionaje que, en principio, es de uso exclusivo del Estado mexicano.
En un comunicado difundido en redes sociales, los consejeros del INAI destacan que “en un estado de derecho, nadie, ni el Estado mismo, está por encima de la ley”.
“La legislación mexicana reconoce y garantiza el derecho humano a la protección de datos personales. En particular, la legislación otorga derechos a los titulares de datos para garantizar su privacidad y el derecho a decir libremente y de manera informada el uso de los datos que les pertenecen. Más aún, las leyes mexicanas prohíben la obtención de datos personales a través de medios engañosos”, dicen.
De probarse, señalan los consejeros del INAI, el incidente tendría implicaciones sumamente alarmantes en tanto se habrían violado derechos humanos.
Denuncias de organizaciones civiles señalaron que diversas instituciones del gobierno federal como Sedena, Marina, Segob, junto con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, y varios gobiernos estatales se hicieron clientes de la empresa tecnológica israelí (Pegasus) para espiar bajo parámetros de legalidad poco claros o francamente institucionales, advierte Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado en Seguridad y Democracia en México en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Algunos de los gobiernos que adquirieron este sistema, dice Tirado, fueron Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala.
El académico ha dicho que “no se trata de contratos en los que se adquiere tecnología, hardware y software, y que se opera con personal propio de las instituciones o gobiernos contratantes, sino que es una prestación de servicios tecnológicos en función del número de aparatos a intervenir y del tiempo que se establezca en el contrato adjudicado (en forma directa, o sea, sin concurso y sin licitación)”.
De ahí los costos sumamente elevados y la decrecía en la que se mantienen los contratos. Las características de los contratos de servicios de tecnologías de información y comunicaciones, como las que están detrás de este caso de espionaje, tienen varias implicaciones que deben llamar no sólo al cuestionamiento sino a un deslinde claro de responsabilidades legales y políticas, ha advertido el especialista.
