Estados Unidos podría agravar la violencia generalizada y la corrupción en el centro de África si elimina una norma que exige que las empresas estadounidenses informen sobre su uso de minerales de regiones en conflicto, de acuerdo con senadores y grupos de derechos humanos de Estados Unidos.
En una sección de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, aprobada durante el gobierno del presidente Barack Obama en 2010, se exige que las empresas estadounidenses revelen si alguno de los minerales que utilizan en sus productos proviene de la República democrática del Congo.
Este vasto país de África central es rico en minerales raros y valiosos. Se calcula que sus reservas minerales sin explotar tienen un valor de hasta 24 billones de dólares, de acuerdo con Naciones Unidas.
La región oriental del Congo, que fue el principal campo de batalla de la más mortífera guerra en África entre 1998 y 2003, posee enormes depósitos de coltán, un mineral metálico muy utilizado en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos.
Mike Piwowar, el presidente en funciones de la Comisión de Mercados de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), señaló en abril que dicho organismo ya no exigiría a las empresas que verificaran que sus productos no utilizaran minerales que pudieran haber sido extraídos o traficadas desde el Congo u otros países africanos.
Piwowar, miembro del Partido Republicano, fue nombrado por primera vez por Obama en 2013 y fue designado como presidente de la SEC por el presidente Donald Trump hasta el 4 de mayo.
El senador demócrata Chris Coons, que recientemente firmó una carta con otros cinco senadores donde solicitaba a la SEC que mantuviera la norma, declaró a AP que dicha norma “es muy importante para la reducción de la violencia en las áreas mineras” del Congo.
Hasta 2 millones de personas del Congo trabajan en la minería artesanal, la mayor fuerza de trabajo de todo el mundo, pero las riquezas naturales de ese país no se han traducido en desarrollo. El Congo fue clasificado en el lugar 176 de un total de 188 países en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas en 2016; millones de personas continúan desplazadas por conflictos antiguos y actuales, y el país sufre de una grave falta de infraestructura.
La extracción de minerales de regiones en conflicto ayudó a financiar la Segunda Guerra del Congo, un sangriento y complicado conflicto que estalló en 1998 y el que participó un gran número de grupos rebeldes, supuestamente apoyados por Ruanda y Uganda, que trataban de derrocar al gobierno de Kinshasa, la capital del Congo. Como resultado de esa guerra y de sus consecuencias, se cree que más de 5 millones de personas han muerto, y el conflicto ha sido calificado como la Guerra Mundial de África.
Actualmente, el conflicto destroza la región de Kasai en el centro del Congo, tras el asesinato del líder tribal Kamuina Nsapu, cometido por fuerzas de seguridad, en 2016. Casi 1.3 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto y al menos 400 personas han sido asesinadas. Dos expertos de Naciones Unidas, entre los que se encontraba un estadounidense, fueron asesinados tras desaparecer en la región en marzo pasado.
La norma estadounidense relacionada con los minerales de regiones en conflicto ha significado que “la actividad de los grupos armados en los sitios de extracción ha disminuido sustancialmente, así como su capacidad de ejercer la violencia”, declaró a AP Leonard Bierre, presidente de la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Esclavitud en Goma, en la región oriental del Congo.
Además de la acción emprendida por la SEC, los republicanos tratan actualmente de dar marcha atrás a la ley Dodd-Frank en su totalidad, lo que revocaría la norma relacionada con los minerales de regiones en conflicto. Esta acción coincidiría con el enfoque del presidente Trump de disminuir las regulaciones para las empresas.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
