DURANTE SU EXITOSA BÚSQUEDA para ganar los veinte votos electorales de Pensilvania, Donald Trump dijo a los votantes del estado que las universidades trasquilan a los contribuyentes y enriquecen a Wall Street.
“Lo que mucha gente no sabe es que las universidades reciben exenciones tributarias enormes por sus dotaciones enormes”, dijo a una multitud en los suburbios de Filadelfia. “Estas enormes dotaciones de miles de millones de dólares son libres de impuestos, pero demasiadas de estas universidades no usan el dinero para ayudar con las colegiaturas y la deuda estudiantil. Más bien, estas universidades usan el dinero para pagar a sus administradores, o poner los nombres de donantes en edificios, o solo almacenar el dinero. De hecho, muchas universidades gastan más en gerentes de fondos de capital privado que en programas de colegiaturas”.
Trump prometió que supeditaría las exenciones tributarias de las universidades a la disposición de las escuelas a reducir los precios de las colegiaturas, y los legisladores ahora consideran proyectos de ley para hacer precisamente eso. La nueva información publicada en abril podría alimentar estas iniciativas legislativas.
Según un estudio de Charlie Eaton, investigador de la Universidad de Stanford, las universidades usan sus dotaciones para obtener más de 19,000 millones de dólares en subsidios fiscales cada año. El análisis, el cual compiló información de 1976 a 2012, halló que, conforme los desembolsos fiscales han fluido hacia las dotaciones universitarias, estas dotaciones han crecido exponencialmente, y han canalizado miles de millones a los administradores de dinero de Wall Street quienes obtienen grandes honorarios con los montones de dinero.
A pesar de las exenciones tributarias y el flujo de dinero a Wall Street, muchas de las universidades que se benefician de los subsidios se han negado a usar los recursos adicionales de sus dotaciones para aumentar la matrícula, admitir más estudiantes de bajos ingresos o reducir los precios de sus colegiaturas.
“Las universidades privadas con una sustancial riqueza de dotaciones se han convertido cada vez más en paraísos fiscales de marfil”, escribió Eaton, cuyo estudio fue publicado por el Instituto Haas por una Sociedad Justa e Incluyente de la Universidad de California, Berkeley. “La metáfora encapsula cómo el crecimiento exponencial de dotaciones en estas universidades ha sido apoyado por grandes desembolsos fiscales que benefician desproporcionalmente a una élite pequeña”.
De cara a las iniciativas legislativas para reducir sus exenciones fiscales, las universidades públicas y privadas han cabildeado recientemente para influir el debate congresista sobre las políticas que gobiernan las dotaciones. Los donantes del sector de educación superior también han dado millones de dólares en contribuciones de campaña de legisladores federales. Los ejecutivos universitarios y sus asociaciones comerciales han argumentado que las críticas a las dotaciones y las preferencias fiscales relacionadas con las dotaciones están socavando el pilar financiero clave de la educación superior.
“Hay una presión renovada para obligar a las universidades con dotaciones considerables a gastar más, y se habla cada vez más de revocar su estatus de exención tributaria”, escribió David Oxtoby, presidente del Colegio Pomona, en un editorial de 2015 para The Chronicle of Higher Education. “Estos ataques a las dotaciones revelan tanto una perspectiva extremadamente a corto plazo como una incomprensión fundamental de lo que hacen y cómo funcionan. Los fondos de dotaciones proveen dólares de becas para estudiantes y permiten a las universidades expandir el acceso y la diversidad de estudiantes. Ayudan a asegurar que el apoyo a la enseñanza docente y la investigación sigan siendo una prioridad institucional a largo plazo. Apoyan bibliotecas y otras instalaciones, servicios públicos, y programas de éxito y retención de estudiantes”.
¿QUÉ QUEREMOS? Las dotaciones han estado bajo escrutinio estudiantil con respecto a dónde invierten sus fondos, y también está creciendo la presión por un cambio en cómo se gasta el dinero. FOTO: LANE TURNER/THE BOSTON GLOBE/GETTY
“RIQUEZA Y EXTRAVAGANCIA EN UNIVERSIDADES MUY ADINERADAS”
En las últimas tres décadas, las dotaciones universitarias han crecido a más de medio billón de dólares, y reflejan la desigualdad económica que define a la sociedad estadounidense más amplia. Según un informe de 2015 del Servicio de Investigación del Congreso, alrededor de tres cuartas partes de la riqueza de dotaciones ahora es propiedad de solo 11 por ciento de las universidades.
La información de Eaton muestra que el crecimiento en las dotaciones —y la concentración de riqueza en un puñado de costosas escuelas de élite con matrículas relativamente pequeñas— coincidió con el uso expandido de tres exenciones tributarias federales formuladas en una era antes de que la educación superior se convirtiera en una industria importante. Una exención tributaria, la cual cuesta 1,200 millones de dólares al año, exenta los donativos a las dotaciones de universidades, lo cual significa que los benefactores acaudalados de estas escuelas pueden donar grandes sumas y gozar de grandes cancelaciones tributarias. Otra exención anual, que cuesta 12,900 millones de dólares, exenta las ganancias por inversión de las universidades de los impuestos a ganancias de capital. Y una exención de 5,500 millones de dólares permite a las universidades financiar proyectos a través de bonos municipales libres de impuestos en vez de a través de sus propias dotaciones. Esto último en esencia permite a las universidades pedir prestado dinero a tasas tributarias preferenciales y pagar una tasa de interés más baja de lo que sus dotaciones ganan a través de las inversiones, un sistema que Eaton llama arbitraje fiscal indirecto.
Si las dotaciones se hubieran usado para reducir considerablemente las colegiaturas o aumentar la matrícula para darles acceso a la educación superior a más estudiantes, las universidades tendrían pocos problemas para argumentar que los beneficios fiscales hacen un bien público obvio. Pero el informe de Eaton señala que las matrículas en las escuelas privadas de licenciatura más acaudaladas han permanecido iguales desde mediados de la década de 1970, cuando las dotaciones eran una fracción de lo que son ahora.
En vez de usar las dotaciones de rápido crecimiento para aumentar la matrícula y dar más oportunidades de educación, las universidades más acaudaladas duplicaron su gasto en instrucción estudiantil individual, lo cual Eaton dice que tiene un impacto desproporcional en las clasificaciones universitarias muy importantes de las escuelas, pero no han ayudado a abrir sus puertas a más estudiantes de bajos ingresos. De hecho, aun cuando las universidades públicas de élite aumentaron sus porcentajes de estudiantes de bajos ingresos, las universidades privadas de humanidades y las de investigación apenas vieron un crecimiento en esas admisiones.
Más bien, las universidades admitieron más estudiantes de las familias en el 1 por ciento más alto de ingresos que en todo el 50 por ciento más bajo, según un estudio encabezado por Raj Chetty, de Stanford, y publicado en enero. Y aun cuando las universidades con las dotaciones más grandes a menudo son las más generosas con ayuda financiera, un análisis de ProPublica en 2015 halló que las universidades privadas con dotaciones de miles de millones de dólares, como la Universidad de Nueva York (3,500 millones de dólares) y la Universidad del Sur de California (4,600 millones de dólares), les encajan a los egresados de bajos ingresos deudas promedio que exceden los 20,000 dólares.
Aun cuando las admisiones de estudiantes de bajos ingresos se han mantenido iguales, lo que ha aumentado es la esplendidez de Wall Street. Según información reciente compilada por Preqin, los fondos de cobertura y las compañías de capital privado administran en conjunto alrededor de 200,000 millones de dólares de dotaciones. En la tasa de honorarios administrativos estándar de 2 por ciento, ello significa que las universidades estadounidenses le entren más de 4,000 millones de dólares por año a la industria financiera al mismo tiempo que las escuelas gozan de lo que Eaton dice que son casi 20,000 millones en exenciones tributarias.
Cuando se junta todo esto, Eaton argumenta que el sistema de educación superior —el cual ha sido descrito como una fuerza de equidad social— más bien se ha convertido en un instrumento de estratificación económica.
“Observé esto porque se podía ver una indignación pública acumulada por los estilos de vida de la gente rica en Estados Unidos, y vi paralelos en ello con la cantidad de riqueza y extravagancia en universidades muy adineradas y colegios privados”, dice Eaton. “Si las escuelas muy adineradas no hacen más para aumentar los beneficios sociales y educativos que proveen a los ciudadanos con más amplitud, entonces las propuestas para gravar las dotaciones posiblemente sigan cobrando fuerza”.
“HACER QUE LAS UNIVERSIDADES USEN EL DINERO”
El Congreso ha considerado medidas legislativas para gravar las dotaciones antes de la crisis financiera de 2008, y el problema cobró un interés renovado en la campaña presidencial del año pasado. Trump, egresado de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania (dotación: 10,700 millones de dólares), abiertamente atacó a las universidades con “dotaciones de miles de millones de dólares”. Mientras tanto, el Comité de Modos y Medios de la Cámara de Representantes tuvo una audiencia en septiembre para examinar la relación entre las dotaciones y los costos de las colegiaturas.
Uno de los miembros republicanos de ese comité, el representante Tom Reed, un partidario temprano de Trump quien representa a un distrito rural de Nueva York que alberga la Universidad Cornell (dotación: 6,000 millones de dólares), ahora prepara un proyecto de ley que implementaría nuevas normas para las dotaciones acaudaladas. La legislación de Reed, llamada Ley para Reducir la Deuda Excesiva y los Costos Injustos en Educación (REDUCE, por sus siglas en inglés), exigirá que cualquier universidad con una dotación superior a 1,000 millones de dólares (o valga más de 500,000 dólares por estudiante) invierta 25 por ciento de las ganancias anuales de la dotación para financiar colegiaturas para estudiantes de familias de clase baja.
La Ley REDUCE también gravaría los grandes donativos restringidos. Esos donativos, que los donantes dicen que solo pueden gastarse en ciertos departamentos o causas, le dificultan a las escuelas dirigir los fondos de la dotación a diferentes áreas donde se necesitan, como ayuda financiera, dicen los defensores de las dotaciones. Según la Asociación Nacional de Oficiales Comerciales de Colegios y Universidades (NACUBO, por sus siglas en inglés), más de 90 por ciento de los donativos a universidades son restringidos. Los donantes adinerados quieren elegir cómo se gasta su dinero. Si no pueden hacer eso, tal vez no den en absoluto, argumentan las escuelas.
“La meta de gravar las dotaciones sería hacer que las universidades usen el dinero”, dice Robert Kelchen, profesor adjunto de educación superior en la Universidad Seton Hall y quien ayuda a compilar las clasificaciones universitarias anuales de Washington Monthly. “El inconveniente es que los donantes tal vez no quieran dar”.
El año pasado, en Connecticut algunos legisladores buscaron imponer restricciones a la dotación de Yale, y exigieron que la universidad gastara más de sus ingresos o se los gravarían. Su proyecto de ley finalmente murió en el comité.
Yale gastó más de 41,000 dólares en cabildear la legislatura de Connecticut en 2016, según registros estatales. Ese mismo año, Yale tenía más de la mitad de su dotación de 25,000 millones en fondos de capital privado y de cobertura. En 2014, Yale pagó 480 millones de dólares a administradores de dinero de Wall Street, mucho más que los 170 millones de dólares que gastó en asistencia de colegiaturas, becas y premios, según Victor Fleischer, profesor de derecho de la Universidad de San Diego. La universidad ha argumentado que los rendimientos de las inversiones para la dotación justifican los honorarios.
La barrera legislativa es alimentada, en parte, por una sensación creciente de que las dotaciones más grandes están aumentando porque las escuelas acopian riqueza sin mayor propósito que luchar por el prestigio. Por ejemplo, ¿cuánto dinero necesita Yale para asegurarse de que nunca quiebre? En el año fiscal 2016, las universidades participantes en un sondeo llevado a cabo por la NACUBO gastaron solo 4.3 por ciento de sus dotaciones. En comparación, a las fundaciones sin fines de lucro se les exige gastar 5 por ciento de su riqueza cada año. Las dotaciones universitarias no están sujetas a exigencias similares.
“La mayoría de estas instituciones muy acaudaladas reciben miles de millones de dólares al año en dinero fiscal federal. Estamos hablando de muchísimo dinero”, dice Shamus Khan, profesor adjunto de sociología en la Universidad de Columbia y autor de Privilege: The Making of an Adolescent Elite at St. Paul’s School.
Por ejemplo, las escuelas de la Liga de la Hiedra recibieron 25,730 millones de dólares de pagos federales en contratos, subvenciones y pagos directos para asistencia estudiantil entre los años fiscales 2010 a 2015, según un reporte de Open the Books, una base de datos privada de gasto gubernamental.
“¿Cuál es la responsabilidad pública de estas instituciones, dada la inversión pública en ellas?”, pregunta Khan.
HOMBRE CON UN PLAN: Tom Reed, representante republicano, cuyo distrito rural de Nueva York incluye la Universidad Cornell, prepara un proyecto de ley que cambiaría las normas de las dotaciones. FOTO: CHARLES DHARAPAK/AP
“MOTIVAR A LOS ESTADOS A DAR MÁS APOYO”
El año pasado, la industria de educación superior hizo grandes gastos en cabildear para moldear el debate congresista sobre las preguntas cada vez más intensas sobre las dotaciones.
Una revisión de registros federales hecha por International Business Time halló que, en 2016, 22 escuelas y tres grupos de educación superior divulgaron un gasto de 4.9 millones de dólares en formas de cabildeo que listaban asuntos relacionados con las dotaciones como una de las áreas políticas en que se trabajaba. Entre las que cabildeaban al Congreso en estos asuntos estaban Harvard (dotación: 35,700 millones de dólares), Princeton (22,200 millones de dólares) y Cornell (6,000 millones de dólares), así como escuelas públicas como la Universidad de Indiana (1,900 millones de dólares), la Universidad Oregón (753 millones de dólares) y la Universidad de Virginia (4,000 millones de dólares).
El cabildeo intenso fue apuntalado con dinero de campaña. En 2016, los donantes de veinte universidades importantes dieron colectivamente más de 21 millones de dólares a candidatos a puestos federales, según el Centro de Política Receptiva no partidista. Esa suma no incluye los otros millones de las industrias de capital privado y fondos de cobertura, las cuales han recibido inversiones y honorarios aún mayores del crecimiento alimentado por las exenciones tributarias de las dotaciones universitarias.
Las acciones políticas bien financiadas para modelar las preferencias tributarias universitarias son apoyadas por algunos expertos que argumentan que, aun cuando las dotaciones enormes en universidades privadas de élite las convierten en blancos fáciles de políticos populistas, tienen poco que ver con el aumento en los costos de las colegiaturas. Aproximadamente tres cuartas partes de los estudiantes universitarios de Estados Unidos asisten a universidades públicas, las cuales tienen que arreglárselas con presupuestos más y más pequeños conforme los estados continúan recortando los gastos en educación. El gasto estatal por estudiante universitario cayó alrededor de 38 por ciento entre 2001 y 2012, según el grupo Ejecutivos Estatales de Educación Superior. Como resultado, las escuelas se han visto obligadas a aumentar las colegiaturas para cubrir los huecos presupuestales.
“En gran medida, lo que sucede en las universidades privadas ricas es irrelevante a la cuestión de la deuda estudiantil”, dice Ronald Ehrenberg, director del Instituto Cornell de Investigación de Educación Superior. “Si queremos contener los aumentos en las colegiaturas, deberíamos mirar al sector público”.
Ehrenberg añade que, aun cuando gravar las dotaciones y negar beneficios fiscales a los donantes son maneras de redistribuir el ingreso, estas medidas finalmente no ayudarán a combatir el problema de la creciente deuda estudiantil. “Yo preferiría pensar en maneras de motivar a los estados a dar más apoyo”, dice.
Si las políticas de impuestos federales y financiamiento estatal son reformadas o no, Eaton dice que algunas universidades ya responden a las críticas crecientes a las dotaciones.
“Harvard, MIT y Stanford han empezado a experimentar con programas masivos en línea de bajo o ningún costo para aquellos fuera de sus exclusivas cohortes de pasantes… [y] algunas universidades de humanidades han empezado a aumentar sus matrículas de estudiantes de bajos ingresos”, escribió Eaton. “Queda por ver si otras universidades acaudaladas seguirán el ejemplo y a qué grado echarán mano de sus dotaciones para hacerlo. Y no está claro si estas iniciativas en realidad pueden cerrar la brecha entre los pasantes de escuelas élite y Estados Unidos en general. Pero las iniciativas indican un reconocimiento del problema”.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek