El histórico mecanismo mexicano para combatir la corrupción en el país inició este martes con la primera reunión del Comité Coordinador el Sistema Nacional Anticorrupción. La concurrida primera reunión, reunió a prácticamente la totalidad de las autoridades e instituciones que buscan combatir el problema, excepto a una: el fiscal especializado.
El Senado de la República no ha logrado un consenso para nombrar al fiscal Anticorrupción, cuya función es mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.
Además, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) aún no cuenta con magistrados en la sección tercera, encargada de sancionar actos de corrupción.
El Comité Coordinador está conformado por los titulares del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el INAI y el Comité de Participación Ciudadana.
Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, dijo que este es el primer paso en la construcción institucional para el combate a este problema, aunque que el mecanismo está incompleto al no contar con el fiscal anticorrupción.
“El Sistema Nacional Anticorrupción está todavía incompleto, no está nombrado el Fiscal Especial Anticorrupción ni los magistrados de la sala especializada ni las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y que tendrán a su cargo imponer la sanciones administrativas a los servidores públicos que cometan faltas graves”, comentó Peschard.
Si este nuevo sistema no da resultados, advirtió, el riesgo de una anemia social será muy grande.
“El combate a la corrupción es el reto más importante que enfrentamos como país, clave para recuperar la confianza ciudadana”, dijo Arely Gómez, secretaría de la Función Pública.
La demora en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción lleva casi tres años, pues debió hacerse en 2014 para un periodo de 4 años y concluir funciones el 20 de noviembre de 2018, fecha en la que México tendría nuevo presidente de la República.
En la contienda por la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción quedan 22 de los 32 aspirantes originales. Dos aspirantes, Angélica Palacios y Braulio Robles, fueron obligados a renunciar, después de que se comprobó que se copiaron el ensayo que presentaron como parte de los requisitos.
Otros contendientes que abandonaron el proceso por voluntad propia son Ximena Puente, Miguel Sarre, Fernando Valerio Gutiérrez, Jack Rafael Gorodezky, Héctor Carreón, Ángel Buendía y Arturo Jesús Becerra.
El último en declinar fue el abogado José Bernal Rafael Espino del Castillo Barrón, quien dejó el proceso de selección pese a que fue elegido por el Comité de Acompañamiento ciudadano como uno de los cuatro mejor calificados para el cargo.