La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno de Venezuela a dar protección a los manifestantes que protestan contra el gobierno de Nicolás Maduro tras las jornadas de los últimos días que han sido marcadas por los enfrentamientos con las fuerzas policiales.
“La CIDH urge al Estado venezolano a respetar y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de quienes protestan en el país”, manifestó el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Comisión dijo que de acuerdo con la información disponible, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) utilizaron cordones policiales, carros lanza aguas y gases lacrimógenos para obstaculizar y dispersar las manifestaciones llevadas a cabo en Caracas y en otras ciudades del país, entre el 30 de marzo y el 8 de abril pasado. Refirió que también se tiene registro de la presencia de grupos armados civiles que golpearon y amenazaron a manifestantes, incluidos diputados nacionales.
La CIDH destacó su especial preocupación sobre la información recibida sobre ataques y confiscación de equipos y materiales de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, por parte de funcionarios de seguridad y grupos de civiles armados durante estas manifestaciones. En este sentido, reiteró la importancia de la más amplia protección a la libertad de expresión de los medios de comunicación en Venezuela especialmente sobre la coyuntura registrada en el país.
“La situación de Venezuela es materia de seguimiento tanto por la Comisión Interamericana como por los órganos políticos de la OEA. Los órganos del sistema interamericano han enfatizado que en este tipo de situaciones, la relación entre los derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica resulta aún más manifiesta, especialmente cuando se ejercen de manera conjunta con la finalidad de reclamar la efectividad de la democracia”, dijo la CIDH.
El organismo internacional externó su preocupación ante “las declaraciones estigmatizantes” por parte de altos funcionarios públicos y amenazas de persecución penal en contra de manifestantes y sus líderes políticos y sociales. Asimismo, prendió alertas por las prácticas de violencia en las protestas.
Expresó que la existencia de actos de violencia aislados en las protestas no puede justificar la restricción de los derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión, ni el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza.
“La Comisión ha enfatizado que cuando una manifestación o protesta conduce a situaciones de violencia debe entenderse que el Estado no fue capaz de garantizar su ejercicio. La obligación del Estado es abstenerse de restringir arbitrariamente el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, proteger a los participantes y a los terceros presentes de ataques de particulares, así como de asegurar la gestión de las demandas y los conflictos sociales y políticos de fondo para canalizar los reclamos”, indicó.
En ese sentido, la Comisión reiteró su llamado al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos incluyendo el deber de facilitar las manifestaciones y protestas que se han convocado a partir de las decisiones del Tribunal Superior de Justicia e instó al Estado a respetar los estándares internacionales.