El daño que la corrupción le causa al país no solo es económico, también repercute en la agenda de las reformas estructurales, debilita el Estado de derecho y amenaza el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), advierte la OCDE.
En el reporte“Análisis de la OCDE de la honestidad en México”, la Organización realiza diversas observaciones y recomendaciones sobre el sistema anticorrupción en México.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que “si la corrupción no se combate con eficacia, será imposible atender eficazmente muchos de los otros problemas graves que enfrenta el país: caída de la productividad y la competitividad, desigualdad persistente y asuntos graves de seguridad regional, entre otros”.
“Lamentablemente la corrupción es uno de los culpables detrás de muchos de estos obstáculos”, se lee en un texto introductorio del estudio firmado por el mexicano Miguel Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.
Los escándalos y acusaciones recientes contra políticos han incrementado el rechazo de los mexicanos al sistema de gobierno “plagado por altos niveles de corrupción, que limita sus oportunidades de movilidad social y de una vida mejor”, dice el informe.
En una encuesta de Gallup de 2015, más del 70 por ciento de los ciudadanos consideró que la corrupción era un mal generalizado en el gobierno.
La OCDE recomienda para la correcta y exitosa implementación del Sistema Nacional Anticorrupción una serie de medidas para legitimar a las instituciones, fortalecer la economía y mejorar la seguridad para los ciudadanos.
Los pasos clave incluyen: proveer a los comités de ética con personal permanente y mandatos más claros, refinar el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas para hacerlo más viable, precisar las políticas para la gestión y resolución de conflicto de intereses, proteger los derechos de quienes reportan irregularidades y equipar a los contralores internos para la realización de investigaciones disciplinarias y gestión de riesgos.
De acuerdo con la OCDE aún existe el riesgo de que el Sistema Nacional Anticorrupción se base en un enfoque exclusivamente descendente y que por ello no logre un mayor convencimiento y una verdadera apropiación de las políticas anticorrupción y de integridad por parte de organizaciones individuales y funcionarios.
Por ello concluye que al requerir que las organizaciones establezcan sus propios planes anticorrupción, basados en sus ejercicios de mapeo de riesgos, podría ayudar a tratar este tema.
Reforzar una cultura de integridad en el sector público requiere definir valores comunes a ser adoptados por todos los servidores públicos y elaborar normas concretas de conducta a ser aplicadas en su trabajo diario.
La Organización destaca estos instrumentos como esenciales, aunque no únicos, para establecer y comunicar valores de integridad en el sector público, tales como imparcialidad, legalidad, transparencia, honestidad y profesionalismo. Los gobiernos, dice el estudio, deben trabajar para crear conciencia en la sociedad acerca de los beneficios de integridad pública y reducir la tolerancia a la violación de sus normas.
Para la OCDE resulta particularmente relevante establecer valores y normas de conducta para funcionarios en un código de ética, para situaciones donde pueda surgir un conflicto de intereses. “En efecto, si bien una situación de conflicto de intereses, por sí misma, no es corrupción, puede conducir, si es no adecuadamente identificada y administrada, a un mayor riesgo de corrupción”, señala el estudio.
Por ello, dice, los gobiernos deben fomentar una cultura organizacional abierta, donde dilemas éticos, inquietudes de integridad pública y errores puedan ser discutidos libremente, y donde existan canales para reportar, de manera confidencial, presuntas violaciones a las normas de integridad.
Regularmente, según la OCDE, quienes denuncian irregularidades enfrentan intimidación, acoso, despido y violencia por parte de funcionarios, compañeros de trabajo, superiores o cualquier otra persona que actúe en su nombre. La protección de denunciantes que divulgan irregularidades en el servicio público debe ser un componente esencial de todo sistema de integridad pública, afirma el análisis.
“El marco mexicano de denuncias, previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es de amplio alcance y aplicable a todos los niveles de gobierno, incluyendo las empresas propiedad del Estado. Sin embargo, existe muy poca protección contra represalias en caso de ser divulgada la identidad del denunciante, y hay una gran incertidumbre en cuanto a la manera en que serían aplicadas las medidas de protección previstas actualmente en la ley mexicana. México debe prohibir específicamente el despido o cualquier otra sanción a denunciantes sin causa válida, justificada mediante un debido proceso”, advierte el análisis de la OCDE.