El gobierno de México no está a la altura de los retos de un flujo migratorio en aumento y -lejos de asumir el derecho internacional- “sistemáticamente niega el refugio a las personas que huyen de sus países por causa de la violencia generalizada que se vive sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala”, señala un informe elaborado por La 72, una reconocida casa refugio localizada en Tenosique, Tabasco.
El número de migrantes que han solicitado asilo en México ha aumentado más de un 150 por ciento entre noviembre de 2016 y marzo de este año en comparación al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Con respecto a estos requerimientos, el canciller Luis Videgaray Caso ha dicho que México analiza de forma individual cada una de las solicitudes de asilo que latinoamericanos hacen al país, sin aplicar una regla general para todas.
Sin embargo, contrario al discurso oficial, el informe “En los límites de la frontera, quebrando los límites. Situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en Tenosique, Tabasco” denuncia cómo “las personas migrantes y [aquellas] sujetas de protección internacional son blanco de una gran cantidad de violaciones a derechos humanos” en México.
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El reporte afirma que el procedimiento de refugio en México es “muy deficiente” debido a que el personal de la Comar está poco calificado, además de que hay un total desconocimiento de la Ley por parte de las autoridades. A esto se suma la falta de infraestructura que hace que no exista garantía al debido proceso de los solicitantes.
La 72 destaca que el procedimiento de las autoridades mexicanas requiere de pruebas de que los solicitantes se encuentran en peligro sin tomar el hecho de que por lo general se trata de personas que salieron de su país de un momento a otro “teniendo que dejar en muchas ocasiones familia, pertenencias y hasta sus documentos, por lo que es muy difícil que cuente con pruebas para poder acreditar los hechos que refieren”.
El informe destaca en ese sentido las “múltiples violaciones a los derechos humanos” cometidas contra las personas migrantes y refugiadas y menciona que a su ingreso al país, se han dado casos en los que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) de México no dan crédito de las causas que les impiden a los solicitantes regresar a su país y los deportan aún cuando traen pruebas.
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Por otro lado, destaca que el derecho al debido proceso “nunca es respetado durante el procedimiento” ya que cuando son contactados por la Comar mediante una llamada telefónica de asistencia esta se realiza en las instalaciones del INM presentándose constantes interrupciones lo que les afecta al presentar su caso y que es interpretado por la autoridad como una contradicción.
El por ello que cuando la petición de asilo es analizada, dice el informe, “en muchos de los casos la autoridad en su resolución manifiesta que la persona no acreditó el temor fundado y que esta tenía la posibilidad de reubicarse en su país de origen por lo que se le niega el reconocimiento de la condición de refugiado”.
“Una persona migrante que busca protección internacional tiene derecho a no ser deportada por la autoridad cuando manifiesta ser perseguida y tener temor fundado de perder la vida. Sin embargo, la autoridad desestima esas manifestaciones y coloca a las personas ante un riesgo inminente al negar el reconocimiento de la condición de refugiado y protección complementaria”, dice el informe.