SI LA SALIDA del Reino Unido de la Unión
Europea sale terriblemente mal, el gobierno de ese país ha dejado entrever un
plan de contingencia: reducir radicalmente la tasa de impuestos corporativos,
convirtiendo al Reino Unido en un paraíso fiscal para empresas internacionales.
En una entrevista realizada en enero con un diario alemán, Philip Hammond,
ministro de finanzas del Reino Unido, indicó que si la Unión Europea imponía
barreras comerciales perjudiciales, el Resto Unido tendría que reducir
drásticamente su tasa de impuestos corporativos para proteger a la economía.
“El pueblo británico no se limitará a decir, ‘Qué mal, nos han herido'”,
dijo.
La idea de que una de las economías más
grandes de Europa pueda convertirse en un paraíso fiscal ha desatado la ira de
importantes figuras de la Unión Europea, quienes dicen que ese país es ya un
paraíso fiscal de facto. Desde 2007, el Reino Unido ha reducido su tasa de
impuestos corporativos de 30 a 20 por ciento, la más baja del G-7, el grupo de
las principales economías, y disminuirá a 17 por ciento para 2020, siendo la menor
del G-20.
El objetivo ha sido impulsar la inversión
extranjera directa y la creación de empleos al hacer que el Reino Unido resulte
un lugar más deseable (léase más barato) para que las empresas multinacionales
establezcan subsidiarias. Esto podría producirse a costa de Francia y Alemania,
cuyas tasas son mucho mayores.
Cualesquier recortes futuros harán que el
Reino Unido comience a lucir “verdaderamente competitivo”, señala
Richard Teather, profesor de alto nivel de fiscalidad en la Universidad Bournemouth
de Inglaterra y partidario de las reducciones fiscales. “Las nuevas
barreras comerciales podrían equilibrar las cosas para Europa, pero en el
ámbito mundial, tendríamos una ventaja clave”.
Pero el posible plan de Hammond implica
grandes riesgos. Los rivales del Reino Unido podrían reducir sus propias tasas
fiscales o establecer nuevas barreras comerciales. (El presidente
estadounidense Donald Trump ha prometido reducir la tasa de impuestos
corporativos de 39 a 15 por ciento). Y la Unión Europea podría finalmente
aprobar una política que obligaría a las empresas locales a informar sus
ingresos gravables país por país. “Esto perjudicaría gravemente los intentos
del Reino Unido para atraer a empresas europeas al quitarles a estas la
capacidad de trasladar sus ganancias a otros países”, señala Alex Cobham,
director de la Red de Justicia Fiscal.
Sin embargo, el mayor desafío de Hammond
sería vender su plan en su propio país. Tras el referendo de la Unión Europea y
en respuesta al creciente descontento con las disparidades en la distribución
de la riqueza, la Primera Ministra Theresa May prometió crear un Reino Unido
“que funcione para todos”.
Sin embargo, muchos economistas afirman
que el recorte a los impuestos corporativos haría justamente lo contrario al impulsar
a las grandes empresas, al tiempo que erosiona las finanzas públicas en un
momento en el que se espera que los estándares de vida disminuyan. “El
Brexit ya implica una pérdida importante de [producto interno bruto] para el
Reino Unido”, dice el profesor Anand Menon, director del Reino Unido en
Changing Europe, un grupo de analistas con sede en el King’s College de
Londres. No está claro si el Reino Unido realmente puede hacer frente a los
costos, dice.
Algunos expertos piensan que Hammond
tiene pocas probabilidades de cumplir esta amenaza y que en realidad solo busca
obtener ventaja antes de las negociaciones con la Unión Europea. “Dado que es
probable que las finanzas públicas de todos los países europeos estén bajo
presión debido a la perturbación económica provocada por un ‘Brexit duro’”,
dice el economista británico Samuel Tombs, “una carrera hacia el fondo en
cuanto a los impuestos corporativos será lo último que ambos bandos
necesiten”.
—
Publicado en
cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek