La Procuraduría General de la República (PGR) se disculpará con tres mujeres indígenas once años después de que fueran encarceladas por el falso secuestro de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
La dependencia además hará un reconocimiento de inocencia el próximo 21 de febrero en el Museo Nacional de Antropología e Historia, “para reivindicar la identidad de las mujeres indígenas”.
Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio fueron arrestadas en marzo de 2006 por el secuestro de seis agentes federales que participaron en un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Jacinta y Alberta también fueron acusadas por delitos contra la salud.
Los seis agentes de la AFI presentaron una denuncia ante la PGR alegando que habían sido secuestrados. La única evidencia que se presentó contra las mujeres Hñähñú fue una fotografía publicada en un periódico local en la cual Alberta y Teresa se ven al lado de los agentes de la AFI.
Jacinta Francisco Marcial. Foto: Cuartoscuro
Más de cuatro meses después del incidente, el 3 de agosto de 2006, la PGR ordenó el arresto de las tres mujeres otomí a quienes no se les proporcionó acceso a un intérprete durante los procedimientos judiciales y cuyo defensor de oficio nunca habló con ellas para explicarles sus derechos y medios de defensa.
A pesar de las violaciones al debido proceso fueron condenadas a 21 años de prisión, sentencia que luego se confirmó en segunda instancia.
Jacinta salió libre en septiembre de 2009 después de que la PGR se desistió de la acusación. Alberta y Teresa, por su parte, fueron liberadas en abril de 2010 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó su sentencia y las declaró inocentes.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó en sentencias separadas que los servidores de la PGR incurrieron en irregularidades y causaron daños morales y materiales a las indígenas ordenando que se les indemnizara y se reconociera su inocencia a través de una disculpa pública.
La PGR acudió a una serie de recursos legales, sin embargo el Tribunal ordenó a la procuraduría a reparar el daño a las tres mujeres y ofrecer una disculpa que llegará más de una década después.