María* celebró sus cumpleaños 17 y 18 en la cárcel. Contra todas las leyes, la joven permanece en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA) de Aguascalientes desde 2014, acusada de homicidio doloso calificado con premeditación, alevosía y ventaja.
Según la Ley con la que fue procesada, no debió pasar en ese lugar más de seis meses sin recibir una sentencia. Pero el pasado 25 de enero, el Juzgado Tercero de Distrito le negó un amparo que le daría la posibilidad de enfrentar su juicio en libertad.
“Solamente se limitaron a cuestiones de legalidad, de forma (…) Sin embargo, no entran más allá, ni a juzgar con perspectiva de género y más que la perspectiva de género, no hablan del principio pro persona: precisamente del tiempo que se ha alargado este asunto, cuando opera la presunción de inocencia y no ha sido desvirtuada por el Ministerio Público”, reclama su abogada Paulina Díaz Guzmán.
María fue vinculada a proceso en marzo de 2014, un mes antes de cumplir 17 años. El retraso de más de dos años en su proceso se ha debido errores del Ministerio Público y otras autoridades. Además, viola la Constitución Mexicana, la Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes y la Convención de los Derechos de los Niños.
“La Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes del estado prevé que el proceso para adolescentes debe de durar seis meses. La Constitución (…), que cuando se trate de un delito cuya pena de prisión exceda de los dos años, la persona tiene que ser juzgada antes de un año. Existe una salvedad: que se requiera más tiempo para la defensa”, explicó Díaz Guzmán.
Y eso solo ocurrió cuando su defensa promovió un amparo contra la vinculación a proceso, porque se hizo conforme a una Ley que era inválida en Aguascalientes. El recurso se ganó en noviembre y el proceso volvió a iniciar bajo la Ley de Adolescentes.
La última audiencia del caso María fue apenas el 6 de enero de 2017. Su caso es idéntico al de Alondra*, acusada de parricidio y recluida desde 2014, también a la espera de una sentencia. Las jóvenes comparten además una historia de violencia familiar que resultó determinante para que se les involucrara en los delitos de los que las acusan.
Para Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, los casos de María y Alondra son solo dos de de un conjunto de violaciones sistemáticas a los derechos de las adolescentes.
“Nos están llegando procesos de todo tipo. Y la violación a los Derechos Humanos y el que no se trabaje con perspectiva de género es sistemático. Todos (…) Hemos encontrado que (la violencia institucional) siempre se repite: desde los peritajes, las psicólogas que están trabajando en Fiscalía, la postura de jueces y juezas, totalmente cuadrada sin analizar los contextos”, señala.
*Los nombres fueron modificados para proteger la identidad de las adolescentes