La cifra suena pesada como losa: 82 mil 579 millones 925 mil 009 pesos. De esa longitud es la deuda que, con el aval del Congreso estatal, contrajo Baja California, en diciembre pasado.
Y tan largo como ese guarismo es el tiempo en que se pagará. Será hasta 2054 cuando hayan pasado, por lo menos, siete gobernadores tras el actual.
Ese es el monto, denominado “contraprestación”, que se entregará a las empresas con las cuales se firmaron contratos de Asociación Público Privada (APP), para cuatro obras hidráulicas.
La desalinizadora en Playas de Rosarito; el “Sistema Integral Hídrico” de San Quintín en Ensenada; la construcción de drenajes pluviales en Mexicali y la ampliación y mantenimiento de la planta potabilizadora La Nopalera, ubicada en Tecate.
La falta de transparencia en el proceso para determinar necesidad y operación de esas APP despertó lo que el economista Enrique Manuel Rovirosa Miramontes califica como “sospechas fundadas”.
“Estamos viendo que estos esquemas se están haciendo de una manera no transparente”, dice quien fue presidente del Colegio de Economistas en la capital del estado.
Rovirosa cree que “el gobierno tiene la obligación de hacer esa información del conocimiento público”, pero en la asignación de obras público privadas el último en enterarse es el ciudadano.
El 19 de agosto de 2014 se promulgó la ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado, norma que rige este tipo de proyectos.
Hay dos caminos para generar una APP, de acuerdo a su propia ley.
El primero es que una dependencia estatal considere viable efectuar una, para lo cual debe tener el aval forzoso del Comité de Proyectos.
La cuestión es que en dicho comité no participa la ciudadanía, y sólo está integrado por siete funcionarios miembros del círculo más cercano del gobernador. Parece una cofradía:
Antonio Valladolid Rodríguez, secretario de Planeación y Finanzas; Manuel Guevara Morales, titular de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Francisco Rueda Gómez, secretario general de Gobierno; Isauro López Cárdenas, coordinador general de Gabinete; Loreto Quintero Quintero, oficial mayor del poder Ejecutivo; Carlo Humberto Bonfante Olache, secretario de Desarrollo Económico; y Bladimiro Hernández Díaz, director de Control y Evaluación Gubernamental.
El segundo camino para crear una APP es que una empresa o inversionista tome la iniciativa de presentar un proyecto —denominado normativamente como “no solicitado”— y este sea aceptado por la dependencia a que fue dirigido y por el Comité de Proyectos.
El siguiente paso para la APP “no solicitada” es someterse a un concurso donde habrá de compartir los estudios y análisis que haya realizado con sus competidores.
En caso de no ser elegido, el ganador del proceso estará obligado a reembolsarle los gastos inherentes, pero el autor ya no recuperará potestad alguna sobre el proyecto.
La obra por APP que parece ser el mejor negocio para la iniciativa privada es la desalinizadora de Playas de Rosarito que ganó la empresa Aguas de Rosarito S.A.P.I. de C.V.
El 23 de septiembre de 2016, durante una comparecencia pública, Frederick McTaggart, presidente de “Consolidated Water”, que forma parte del conglomerado que recibió el contrato, dijo que la planta tendría un costo de 490 millones de dólares.
Este costo transformado a un tipo de cambio de 22 pesos por dólar, sería de 10 mil 780 millones de pesos, pero el gobernador pidió 86% más para la misma obra.
McTaggart también dijo que la desalinizadora dejaría “ingresos” anuales de 55.5 millones de dólares que, convertidos a un tipo de cambio de 22 pesos, serían 1,221 millones de pesos.
Esta cifra es similar a los 1,791 millones 744 mil 216 pesos anuales que le solicitó el gobierno estatal al Legislativo, en calidad de pago o “contraprestación” para Aguas de Rosarito (ADR).
Basados en esa cifra de McTaggart, esta desalinizadora generaría “ingresos” para Aguas de Rosarito por un monto de 45 mil 177 millones de pesos, durante los 37 años que durará el contrato de APP.
McTaggart no explicó en la comparecencia de dónde procederían esos “ingresos”, y el gobierno estatal no ha detallado los conceptos que cubrirá ese pago de mil 791 millones anuales.
Aguas de Rosarito recibirá del erario 2 mil 078 millones de pesos anuales incluyendo el IVA, como contraprestación por su servicio.
Esto es más que el presupuesto de egresos que podrá ejercer cada una de las secretarías e instancias estatales en 2017, excepto Educación y Salud.
Para ponerlo en perspectiva, el IVA de la planta de Rosarito supera los egresos presupuestados para los ministerios de Pesca y Acuacultura, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Económico, Fomento Agropecuario, Turismo y Protección al Ambiente, así como para las direcciones de Control y Evaluación Gubernamental, y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Aunque no comprometen las finanzas públicas bajacalifornianas al nivel que lo hace la desalinizadora de Rosarito, otras tres APP hidráulicas implicarán una erogación total de 4 mil 895 millones de pesos, más I.V.A.
Pero desde el tercer piso del Palacio de Gobierno, las cosas se ven de otra forma.
En una comparecencia ante medios de comunicación en Tijuana, el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid minimiza el hecho de que Consolidated Water tenga su oficina central en Islas Caimán y solamente tenga representaciones en otros países considerados paraísos fiscales como Bahamas o Belice.
Dice “Kiko” festivo: “Ya tenemos grandes empresas, muy, muy serias, comprometidas en construir plantas desalinadoras (sic)”.
Y repite una vez más la narrativa que defendieron él y sus funcionarios para justificar la Ley del Agua, abrogada el 20 de enero pasado, y esas APP: “La única opción que tenemos es el agua de mar”.
A ese argumento suma, paradójicamente, el de la insolvencia financiera pública: “El país en materia presupuestal y financiera, no está en las mejores condiciones. Es por ello que si volteamos, no nada más a Baja California, sino al resto de los estados, estamos viendo que la iniciativa privada, con sus capitales, se está animando a resolver muchos problemas de México”.
El diputado por el Partido Encuentro Social, Luis Moreno Hernández, duda de esa necesidad.
“Como bien sabemos, los gobiernos de carácter neoliberal, tratan de privatizarlo todo, sobre todo los derechos y servicios públicos, pues siempre van a argumentar insuficiencia de recursos, para, a fin de cuentas, hacer negocios, o vincularse con empresas que saben hacer negocios”.
Moreno Hernández, sus compañeros de partido y los diputados de Morena, fueron los únicos que votaron en contra del Dictamen 62 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que contenía la autorización de pago para las obras APP.
También en la academia hay quienes expresan dudas sobre el argumento del agua de mar como “la única opción”.
Jaime Alonso Reyes López, doctor en Ciencias Ambientales e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, dice que hay otras soluciones antes de la desalinización.
Una de ellas es una reconversión del sector agrícola capitalino que permita tener más agua para Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate, municipios a los cuales va a parar menos del 20% del vital líquido obtenido del río Colorado, pues el 80% se queda en Mexicali.
En la edición número 1 de Newsweek en Español Baja California se explica que uno de los problemas más graves de la escasez de agua en las ciudades no es de infraestructura, sino de distribución del agua del Río Colorado.
Los reportajes titulados “Abundancia en tiempos de sequía” y “Agua a sus molinos”, con fecha del 12 de octubre de 2016, muestran las opciones que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid pudo elegir antes de tomar el camino de la deuda.
También revela cómo la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana renta tierras a agricultores del Valle de Mexicali que gozan de derechos de agua, los cuales prefieren comerciar hasta a 4 mil dólares por hectárea.
“En Mexicali, las tecnologías no son para nada adecuadas. Y lo que pasa es que aquí, como no hay tanta escasez de agua, los cultivos no son muy rentables. Se cultiva trigo, alfalfa, que no son tan rentables. Entonces, aplicar tecnologías como goteo, u otro tipo, de las más actuales y ahorradoras de agua, llevaría a incrementar el costo de los cultivos, y ya no sería costeable”, dice.
Por ello, Reyes plantea la posibilidad de “tener un sistema para pagarle a esos agricultores y que dejen de consumir esa agua”, el cual visualiza económicamente más viable que las APP.
El académico advierte de las posibles consecuencias ecológicas: “el problema de las desalinizadoras es el agua de rechazo, que deben tirar muy, muy adentro del mar, en una zona donde no perjudique las especies marinas, porque tiene una concentración muy alta de sales”.
No es el único que lo piensa. Un estudio del Instituto Stanford Woods para el Medio Ambiente, publicado en mayo de 2016 a través del Centro para Soluciones Oceánicas y el programa de Agua en el Oeste, en colaboración con The Nature Conservancy y el acuario de Monterey Bay, muestra que la desalinización puede traer efectos adversos a la vida marina como “la mortalidad de peces larvales, huevos de peces y otros tipos de plancton”.
El estudio dice que la proyección de mayor producción de agua potable hecha con plantas desalinizadoras en California sería tan baja que no reduciría significativamente la dependencia de los sistemas de agua dulce.
Pero ‘Kiko’ Vega se aferra a su idea, y en esa comparecencia mediática reviró a quienes plantean soluciones que no vayan por el camino de la privatización.
“Los acueductos (como el que lleva el agua del río Colorado a Tijuana) son finitos. Por ellos únicamente pueden circular hasta 5.2 metros cúbicos de agua. Y ya ese flujo está llegando a su punto máximo”.
José de Jesús Luévano Grano, secretario de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), acepta que hay un problema.
“Ya tenemos la sequía en la cuenca del Colorado. Empezó desde el año 2000. Esa fue la última vez que las presas estuvieron relativamente llenas. De ahí, empezó una sequía y las presas no se han vuelto a recuperar”, explica.
Si continúa esa tendencia, Luévano estima una reducción que “podría variar de un 5 a un 3%” del agua que México recibe desde Estados Unidos, para los siguientes años.
Pero el río parece haber recobrado impulso.
“Aparentemente, este invierno está siendo muy bueno, y pudiera evitar que tuviéramos un recorte en 2018, porque, de acuerdo a las proyecciones, en 2018 tendríamos algún tipo de recorte. Por lo pronto, este año tenemos garantizada, todavía, la asignación total”.
Aunque Vega ha manifestado que el agua del río Colorado peligra con la llegada de Donald Trump, el funcionario de la CILA desestima esto.
“La relación sigue igual. Seguimos trabajando como lo veníamos haciendo con la administración anterior”.
Vega también ha dicho que, en 2018, se termina el convenio que regula las entregas de agua a México. Luévano aclara que estas se rigen únicamente por el Tratado de Límites y Aguas, y que “no tiene una fecha de vencimiento”.
Se buscó la opinión de la Comisión Nacional del Agua, pero no fueron atendidos los repetidos llamados de este reportero.
Independientemente del origen del agua que pueda resuelva la demanda del estado, las asociaciones público privadas que impulsa Vega no son bien vistas, porque algunos expertos consideran que además de ser contratos poco claros, dañan las finanzas públicas.
El economista Enrique Manuel Rovirosa recuerda que, para arriesgarse con un esquema como las APP, “no solamente tiene que haber una necesidad, sino una justificación financiera”.
“Todo proyecto de esta naturaleza, que está comprometiendo recursos públicos futuros, debería tener un sustento financiero de mediano y largo plazo, cosa que, hasta ahorita, no estamos viendo. Simplemente se adquiere el compromiso y ya veremos cómo lo pagamos mañana, o dejamos que las generaciones futuras lo cubran”, alerta.
En el ámbito político, el tema se ha convertido en una papa caliente, una vez que se han ventilado sus consecuencias.
En diciembre pasado los diputados locales votaron el dictamen 62 de la comisión de Hacienda y Presupuesto que preside la panista Iraís María Vázquez Aguiar e integran, en su mayoría, parlamentarios blanquiazules.
El documento fue aprobado por los grupos parlamentarios de Acción Nacional, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y PBC; la petista Claudia Josefina Agatón Muñiz se abstuvo.
El diputado Luis Moreno está más preocupado por lo que viene, que por lo que pasó: “Cuando se abroga la Ley del Agua, el dictamen 62 pierde un brazo muy poderoso, que es la posesión del agua”.
Por eso anticipa el diputado: “En los próximos días vamos a ver al gobierno del Estado desesperado, tratando de generar la legitimidad para la nueva Ley del Agua, a través de foros, muy a la medida, con personalidades muy acomodadas, con voces que se dirá están calificadas para hablar del problema, pero que son gente muy cercana a la autoridad, para decir ‘ahora si ya lo “foreamos”, ya lo consensamos’ y ahora si viene la nueva Ley del Agua que, en esencia, va a ser lo mismo. Va a conservar el espíritu privatizador y los incrementos sustanciales del costo del agua”.
La futura insistencia en la privatización se muestra en el artículo 9 de la ley de APP: dice que estas solamente “podrán utilizarse en relación con actividades cuya legislación específica prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones, para la prestación de los servicios correspondientes”.
En general, la participación privada genera desconfianza en todos los ámbitos de la sociedad bajacaliforniana, opina el doctor Reyes.
“No tenemos las condiciones sociales, ni políticas para privatizar un producto estratégico como el agua”.
“Las privatizaciones se quieren hacer en función de negocios propios”, dice el académico.
El economista Rovirosa opina que las APP son “el mecanismo perfecto para negocios oscuros e ilícitos”. “Son procedimientos que se aprueban en lo oscurito”.
Pero el gobernador Vega insiste en que de una forma u otra forma, Baja California irá por una nueva ley del agua “en cuanto las condiciones sean las adecuadas”.
Privatización del agua, un camino incierto
Entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial (BM) han sido francos promotores de la privatización del agua, considerando esta como el único camino para acometer las obras de infraestructura hídrica que se necesitan.
“Hay que movilizar al sector privado. Ver cómo uno puede complementar los recursos públicos, para crear empleo, mejor infraestructura, y esa, probablemente, es la vía más realista y que tiene más chances de éxito”, dijo en enero de este año Axel van Trotsenburg, vicepresidente de Desarrollo y Finanzas del Grupo del Banco Mundial, en una entrevista con Radio ONU.
Pero hay quienes no ven buenas intenciones, ni resultados positivos en la promoción de esas opciones por parte de la ONU y el BM:
“Bajo el argumento de los enormes recursos necesarios para invertir en infraestructuras, y que solamente la participación de empresas privadas podría solucionar los problemas del sector, la política del agua se convierte en una cuestión de (…) crear un mercado del agua”, dice Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción, en su estudio “El comercio con los servicios y la privatización del agua. Tendencias globales. La apuesta de las empresas españolas en América Latina”.
En su análisis, Kucharz recuerda que tres compañías francesas controlan el 75% del mercado mundial del agua. Estas son Suez Lyonaise de Eaux/Ondeo, Vivendi y Saur.
La primera forma parte del consorcio Aguas de Rosarito, que construirá la desalinizadora en esa ciudad.
Lo cierto es que hoy los procesos privatizadores van en reversa a escala global.
De las 35 ciudades más habitadas del planeta, solamente tres (Jakarta, Manila y Londres) tienen el agua privatizada, y solamente seis utilizan esquemas de Asociación Público Privada.
A la recuperación pública del agua en Argentina, ocurrida en 2006 tras 15 años de manejo privado y aumentos del 74% en las tarifas, siguieron las de París, en 2009, luego de 24 años de concesión, y Berlín, en 2013, así como el rechazo de los italianos a una profundización de tal esquema en 2011.
Entre 2000 y 2014, 236 ciudades decidieron revertir la privatización del agua, incluyendo 94 en Francia (cuna de este modelo y casa de la mayor parte de trasnacionales que lo han usufructuado), 58 en Estados Unidos, 18 en América Latina y 14 en España.
Dentro de los casos estadounidenses se encuentran los de Atlanta en 2003, Houston, que en 2007 revirtió su esquema de APP, e Indianapolis.
La mala práctica de las empresas privadas en la operación del agua tiene numerosos ejemplos, como en Bogotá, donde, entre 2003 y 2012, los ciudadanos pagaron 6 mil millones de pesos colombianos (2 millones 101 mil 843 dólares, al tipo de cambio de 2017) en forma indebida.
Las 11 APP de Baja California
Estos son los once proyectos que, al día de hoy, se encuentran avalados bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas: