El gobierno de Trump decidió el miércoles rescindir las protecciones proporcionadas a los jóvenes transgénero por el presidente Obama. Esta acción era esperada, pero no por ello fue menos dolorosa. La interpretación de Obama del Título IX, que es la ley de equidad de 1972, habría permitido que los estudiantes transexuales utilizaran los sanitarios y vestidores “de acuerdo con su identidad de género”, como indica la disposición de mayo de 2016. Once estados se opusieron, frenando la nueva regulación. Trump le dio el tiro de gracia.
Pero al hacerlo, es posible que haya dado también a los estados de tendencia izquierdista una poderosa arma para futuras batallas contra la Casa Blanca.
Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca, fue interrogado acerca del retroceso en la política en una conferencia de prensa realizada el miércoles. Así es como justificó el cambio: “El presidente ha afirmado durante largo tiempo que es un tema relacionado con el derecho de los estados y que no corresponde al gobierno federal”, dijo, reiterando poco después que Trump estaba convencido de que “no es algo en lo que el gobierno federal deba involucrarse, se trata de un tema del derecho de los estados”.
Por supuesto, el derecho de los estados es una amada réplica de los republicanos siempre que los poderes federales de Washington se acercan demasiado. Con frecuencia, se invocan los derechos de los estados cuando una Casa Blanca liberal trata de imponer políticas en estados conservadores. Generalmente, lo que se encuentra en juego son temas sociales divisivos, como el derecho a la portación de armas y el aborto. Por ejemplo, poco después de la masacre en la escuela Sandy Hook, en la que 20 niños fueron asesinados por un hombre armado con un rifle AR-15-, parecía que Obama impondría restricciones a la Segunda Enmienda.
Los estados republicanos respondieron con sus propias restricciones, considerando que se había producido una intromisión federal en las leyes de posesión de armas. Un legislador estatal de Montana dijo: “[El gobierno federal] se entromete en áreas no supervisadas en las que no debería estar participando. No solo es nuestro derecho hacer esto en las legislaturas estatales, sino que es nuestra obligación llevarlo a cabo. Alguien debe poner un ‘hasta aquí’ a esto”.
Ahora, el ‘hasta aquí’ podría venir del otro bando. En 2017, son los estados demócratas los que se encuentran bajo ataque por parte de un Capitolio hostil. Al desplegar el mismo argumento sobre los derechos de los estados que utilizó la Casa Blanca en el combate relacionado con los jóvenes transexuales, es posible que puedan ganar batallas futuras en las que Washington busque imponer su propio nuevo orden.
La más importante de ellas estará relacionada, probablemente, con las emisiones de contaminantes por parte de los vehículos automotores. Desde hace mucho tiempo, California ha disfrutado de una exención de la Ley para el Aire Limpio, lo que le ha permitido establecer estándares de emisiones más estrictos, los cuales se han convertido, de hecho, en un lineamiento nacional para los fabricantes de automóviles. Scott Pruitt, exprocurador general de Oklahoma y nuevo director de la Agencia de Protección al Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), no parece tener mucho fervor por la protección del ambiente. Al ser presionado en una audiencia de confirmación sobre si rescindiría la exención revolucionaria de California, hizo lo que hacen los políticos y se rehusó a responder la pregunta.
Sin embargo, incluso su evasiva fue reveladora. Ed Markey, el senador liberal de Massachusetts, señaló que Pruitt frecuentemente había defendido los intereses económicos de su propio estado en escaramuzas con la EPA. “Resulta perturbador porque, evidentemente, lo que hemos escuchado todo el día es en qué medida apoyas los derechos de los estados en lo relacionado con estos temas”, dijo Markey en la audiencia. “No obstante, ahora, cuando se trata del derecho de California o de Massachusetts o de cualquier otro Estado de poder disminuir la contaminación por carbono, nos dicen que van a revisarlo”.
En otras palabras, los derechos de los estados fueron una cómoda herramienta para los estados republicanos que buscaban escapar al control de Washington. Pero ahora que los republicanos gobiernan Washington, es probable que deban enfrentar el mismo argumento por parte de los estados demócratas. Dicho argumento podría relacionarse con las regulaciones ambientales, pero también con la inmigración, la ley de atención sanitaria accesible y la legislación sobre la mariguana. Como lo demostraron los republicanos durante los años de Obama, cualquier problema puede convertirse en un tema del derecho de los estados. Y cuando los demócratas recurran a ese argumento, tendrán una sólida respuesta para los enfurecidos republicanos: ustedes lo hicieron primero.
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