Imaginemos lo siguiente: kilómetros y kilómetros de nuevas cárceles de concreto extendiéndose a lo largo de los áridos horizontes de Texas, Nuevo México, Arizona y California, con millones de personas encarceladas, vistiendo trajes de color naranja y esperando su deportación.
Esa es la visión febril de un segmento poco atendido de la sulfurosos a orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias. En la sección 5 de la orden, emitida el 5 de enero, se ordena la construcción “inmediata” de instalaciones de detención y la asignación de personal y recursos legales “para detener a los extranjeros en o cerca de la tierra fronteriza con México” y procesarlos para su deportación. Pero en otra orden, que se ha pasado por alto en gran medida y que fue firmada el mismo día, se establece de manera ominosa quiénes tendrán que irse.
Trump prometió, una semana después de las elecciones de noviembre, que expulsaría o en carcelaria a alrededor de dos o tres millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, una cifra que existe principalmente en su imaginación. (Solo alrededor de 820,000 inmigrantes indocumentados tienen actualmente un registro criminal, de acuerdo con el Instituto de Política de Inmigración, un grupo de analistas no partidista. Muchos de ellos solo han cometido infracciones de tráfico y algunas otras faltas leves).
Aun así, el espectro de nuevas cárceles brotando por todas partes para albergar a miles de personas es una poderosa pesadilla para los liberales, así como un triunfo para Steve Bannon, el mentor del “Estados Unidos primero” del presidente. Sin embargo, al igual que la difusa orden de Trump de cerrar las puertas a viajeros provenientes de siete países de mayoría musulmana, la medida de la deportación presenta tantas restricciones fiscales y legales que también parece sospechosamente un acto más de fanfarroneo ideológico del arrugado jefe estratégico de la Casa Blanca.
“Soy leninista”, proclamó Bannon orgullosamente al escritor Ronald Radosh en una fiesta realizada la primavera pasada en su casa de Capitol Hill. “Lenin”, dijo acerca del revolucionario ruso, “deseaba destruir al Estado, y ese también es mi objetivo. Deseo hacer que todo se desmorone y destruir todo el orden establecido de la actualidad”.
Las órdenes ejecutivas “no fueron emitidas como resultado de ninguna recomendación o evaluación de amenazas realizada por el Departamento de Seguridad Nacional a la Casa Blanca”, admitieron funcionarios de ese organismo en una sesión informativa a puerta cerrada realizada el miércoles en Capitol Hill, de acuerdo con una declaración realizada por Claire McCaskill, senadora por Missouri. Todo ello no fue más que un teatro revolucionario al estilo de Bannon.
Cuidado, republicanos de la corriente principal: si se oponen a las órdenes de deportación, podrían terminar como Eric Cantor, el líder de la mayoría no-lo-suficientemente-conservador de Virginia, sustituido con la ayuda de Bannon por Dave Brat, un profesor de economía de extrema derecha, prácticamente desconocido, en la elección de 2014. Dos años después, Cantor aún no puede comprender el éxito de las políticas de resentimiento y odio de Bannon. “La negatividad, los ataques y la ira no serán una narrativa de campaña sostenible en la elección general”, pronosticó en una entrevista concedida en junio de 2016 al diarioThe Washington Post. “No lo será.”
Sí lo fue, parafraseando a Barack Obama. Y esto apenas comienza.
“Aun cuando la confusión, la inconformidad interna y una condena generalizada dieron la bienvenida a la prohibición de entrada a personas de países musulmanes y a las medidas represivas contra los refugiados establecidas este fin de semana por el presidente Trump, los asesores de alto rango de la Casa Blanca afirman que apenas están comenzando”, informó el diarioLos Angeles Times. “Los principales asesores de Trump en materia de inmigración, entre ellos, el estratega en jefe Steve Bannon y el asesor de alto nivel Stephen Miller, consideran que están poniendo en marcha un experimento radical para transformar de manera fundamental la manera en que Estados Unidos decide a quien se le permite entrar al país y bloquear a una generación de personas que, desde su punto de vista, no serán asimiladas por la sociedad estadounidense”.
Lo ampliamente radical de su visión aún está por verse en “Mejorar la seguridad pública en el interior de Estados Unidos”, la orden complementaria a la prohibición de entrada a las personas provenientes de los siete países musulmanes, y en la cual se hace una lista de extranjeros cuya “deportación es prioritaria”. En ella se incluyen a las personas que “han cometido actos que constituyan una infracción criminal perseguible”, así como a los extranjeros que han “abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos”.
En otras palabras, algunas personas podrán ser deportadas debido a que un agente del Departamento de Seguridad Nacionalcree que han infringido una ley de cualquier tipo, “independientemente de si la persona ha sido acusada de haber cometido un delito”, en palabras de un analista. ¿Y qué significa “abusar” de un programa orientado al bienestar? Jueces y abogados podrían quedarse empantanados únicamente con este asunto durante años.
Otros de los candidatos para la redada de Trump son los extranjeros que han hecho “una distorsión intencionada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante un organismo gubernamental”.
¿Qué es “cualquier asunto oficial”?
“Y si estos elementos no fueran ya lo suficientemente imprecisos”, señaló Walter Pincus, el venerado ex reportero de seguridad nacional delWashington Post, “la categoría final para que una persona sea detenida para ser deportada se encuentra ‘en el criterio de cualquier oficial de inmigración; por lo demás, [los extranjeros] constituyen un riesgo a la seguridad pública o nacional’”.
“Si alguna categoría ha fomentado la creación de perfiles por motivos raciales, es esta”, escribió Pincus paraCypher Brief, una nueva publicación realizada por profesionales de la inteligencia y en la que se analizan problemas de seguridad nacional.
Pero no solo se trata de la realización de perfiles raciales. La nueva militancia desatada por la campaña y la elección de Trump parece otorgar poderes a los partidarios más incendiarios del gobierno y a al menos algunas autoridades para descargar su ira incluso contra los manifestantes de raza blanca. La semana pasada, un policía veterano de Nueva York, con 22 años en el servicio, publicó un video de un manifestante en Washington siendo golpeado dos veces en el rostro por un transeúnte no identificado. “El oficial compartió el video en su muro de Facebook con el texto, ‘maduren perras y pónganse a trabajar’” de acuerdo con un informe deProPublica. “Dos oficiales de policía jubilados de la Autoridad Portuaria se unieron diciendo, “¡Esto debe suceder con más frecuencia!”, y “Esoes [sic] lo que todos eyos [sic] necesitan, unas patadas en el trasero”.
Posiblemente, Bannon, ex editor ejecutivo del sitio noticioso de extrema derecha Breitbart News, estaría de acuerdo. “Si hay una explosión o un incendio en algún sitio”, dijo en 2015 Matthew Boyle, editor político de Breitbart en Washington, “es probable que Steve esté por ahí cerca con algunos fósforos”.
El ex banquero de inversión de Goldman Sachs ha amasado una enorme influencia en la Casa Blanca, no solo sobre Trump, sino también sobre la maquinaria de la política exterior e interior, incluido el plan de deportaciones. El presidente le concedió un lugar en el elitista “Comité de directores” del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, colocándolo, de hecho, a la par de jefes del gabinete, entre ellos, el secretario de Seguridad Nacional. Los demócratas se quejan de que el nombramiento debería requerir la confirmación del Senado.
Trump los va a ignorar. Las personalidades del presuntuoso presidente y del autodenominado leninista se complementan a la perfección, especialmente en temas relacionados con los inmigrantes y el Departamento de Seguridad Nacional, en el que están reemplazando a los vestigios de Obama con funcionarios que tienen un registro impresionante de arrestos y deportaciones de extranjeros.
Uno de ellos es Thomas Homan, a quien Trump acaba de ascender para dirigir ICE (Immigration and Customs Enforcement), la oficina de aplicación de las leyes de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad nacional. “La Casa Blanca mencionó su éxito al expandir los espacios de arresto y detención para la oleada actual de niños y familias que huyen de la violencia en América Central”, informó el diarioThe Washington Post. ”Aunque el número de deportaciones de inmigrantes ilegales con antecedentes criminales se ha reducido en años recientes, el año pasado este grupo constituyó casi 60 por ciento del número total de personas expulsadas del país, el mayor porcentaje en la memoria reciente, declararon funcionarios de ICE”. La Casa Blanca también retiro de su cargo a Mark A. Morgan, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que había tenido conflictos con el poderoso sindicato de la Patrulla Fronteriza, que apoyó la candidatura presidencial de Trump.
El principal obstáculo para la promesa del gobierno de arrestar y deportar a millones de inmigrantes es el Congreso, no tanto por el disgusto de la mayoría republicana por el programa, sino por el costo del mismo. Trump ha autorizado la contratación de 10,000 oficiales de inmigración adicionales, así como de 5,000 oficiales adicionales de la Patrulla Fronteriza. “Teniendo en cuenta ambas cantidades, ha fomentado la contratación de más empleados gubernamentales que su altamente publicitada salvación de empleos de fabricación en Carrier y Ford”, señaló Pincus. En la orden de la Casa Blanca también se instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a tener dinero disponible para “asignar inmediatamente a los oficiales de asilo a las instalaciones de detención de inmigración con el propósito de aceptar recomendaciones de asilo”. Al Departamento de Justicia se le ha ordenado que siga las reglas, como aconsejó Sean Spicer, el vocero de la Casa Blanca, a los funcionarios descontentos del servicio extranjero, y que lo haga rápido. La orden ejecutiva ordena “asignar de inmediato a jueces de inmigración a las instalaciones de detención de inmigración”.
Toda esta agitación recuerda al chapucero despliegue de la prohibición de entrada a ciudadanos de varios países musulmanes realizada por el gobierno, pero con una diferencia. Lo único que se requirió para desatar el caos en los aeropuertos fue una orden y algunos cientos de confundidos y abrumados agentes y funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte. En contraste, las órdenes de detención y deportación requieren principalmente muchas más construcciones físicas y un flujo inmenso de nuevos agentes federales, todo ello sujeto, podría uno pensar, a una “investigación extrema”, teniendo en cuenta el reciente aumento en la corrupción en el servicio de la Patrulla Fronteriza.
Pincus señaló que Mark Sandy, director en funciones de la Oficina de Gestión y Presupuesto, emitió apresuradamente una declaración en la que decía que la Casa Blanca “anticipaba… un aumento en los costos”, no solo en el presupuesto actual, sino en los futuros, por “los pasos relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración”, así como por “la construcción de un muro a lo largo de la frontera Sur”. Todo ello requerirá enormes cantidades de dinero por parte del único organismo gubernamental que lo tiene: el Congreso.
“Para implementar plenamente la parte [relacionada con la detención] de la orden ejecutiva, será necesario que el Congreso destine fondos para el proyecto específico”, afirma Kate Brannen, subdirectora editorial de Just Security, que cubre la intersección de las leyes, la seguridad nacional y los derechos humanos.
“Hasta entonces, [John] Kelly, el secretario [del Departamento de Seguridad Nacional], se verá limitado en cuanto a la cantidad del dinero en su presupuesto que pueda destinar a ello, y es por eso que se refiere a ‘recursos legalmente disponibles’”.
Es de esperarse que el Departamento de Seguridad Nacional comience a anunciar licitaciones por parte de operadores de prisiones privadas, una industria muy vilipendiada que estaba a punto de colapsar en los últimos años del gobierno de Obama. Dos de los más grandes, GEO Group Inc. y CoreCivic Inc., ya comienzan a ver beneficios inesperados derivados de su segunda oportunidad en la vida: los precios de sus acciones casi se han duplicado desde la elección.
Todo lo cual recuerda otra de las ideas leninistas que Bannon quizás haya olvidado: las prisiones son las universidades de la revolución.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek