La administración de Donald Trump alista nuevas directrices que permitirían a las autoridades federales detener y deportar más agresivamente a indocumentados y que revertirían varias órdenes del expresidente Barack Obama, refieren dos memorandos firmados por el secretario de Seguridad Nacional, el general John Kelly.
Uno de los puntos más controvertidos contenidos en estos documentos es la ampliación que se hace sobre la definición de quién es considerado un criminal para incluir no sólo a aquellos que han sido condenados por un delito, sino también a aquellos que han sido acusados o incluso de quienes se piensa que han cometido “actos que constituyen un delito penal”.
Los documentos reseñados por la prensa estadounidense refieren que entre los planes del gobierno estadounidense figuran contratar 10 mil agentes adicionales de la agencia de control de inmigración (ICE) y 5 mil más para la Patrulla Fronteriza, así como expandir el grupo de inmigrantes que son priorizados para su remoción, la aceleración de las audiencias de deportación y el alistar a la policía local para ayudar a hacer arrestos.
“La oleada de inmigración en la frontera sur ha desbordado agencias y recursos federales y ha creado una importante vulnerabilidad de seguridad nacional a Estados Unidos”, dijo Kelly en las directrices. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a The Washington Post que los memorandos fueron borradores y que están siendo revisados por la Oficina de la Casa Blanca, la cual está buscando algunos cambios.
Los nuevos procedimientos permitirían a las autoridades buscar procedimientos acelerados de deportación a cualquier persona que haya estado en el país por hasta dos años, cuando actualmente estos están limitados a inmigrantes indocumentados que han estado en el país por dos semanas o menos.
Otra disposición nueva sería devolver inmediatamente a los inmigrantes mexicanos que son detenidos en la frontera de regreso a casa en espera de los resultados de sus audiencias de deportación, en lugar de alojarlos en propiedad de los Estados Unidos, un esfuerzo que ahorraría espacio de detención y otros recursos.
Los proyectos también afectarían a miles de niños que llegaron a los Estados Unidos como “menores no acompañados y posteriormente se reunieron con sus padres que viven ilegalmente en el país. Bajo las nuevas políticas, sus padres podrían ser procesados si se descubre que han pagado contrabandistas para traer a los niños a través de la frontera, mientras que ellos ya no estarían protegidos de la deportación.
Los memorandos están destinados a implementar las dos órdenes ejecutivas de Trump sobre la aplicación de las leyes de inmigración dentro de los Estados Unidos, sin embargo irían más lejos eliminando varias órdenes que el presidente Barack Obama emitió para proteger a aquellos en Estados Unidos que no habían cometido actos criminales más allá de entrar en el país, refiere el sitio McClatchy.
Los memorandos también implementarían otros aspectos de las órdenes ejecutivas de Trump como la expansión de los centros de detención y la construcción del muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en lugares apropiados y empleando materiales y tecnología apropiada para lograr un control operativo más efectivo de la zona. El memorando no aclara cómo financiar la construcción del muro.
Otra medida es que migrantes detenidos que crucen la frontera terrestre contigua a Estados Unidos serán retornados a ese mismo territorio desde donde cruzaron, sin importar su país de origen. En las nuevas medidas se amplía además un programa de colaboración de las agencias federales con policías locales para la persecución de inmigrantes indocumentados.