EL 2017 arrancó en México con protestas de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y gremiales, en contra del abrupto incremento al precio de las gasolinas y diésel, que precedió al alza del precio del gas y las tarifas de electricidad, detonadores de la espiral inflacionaria que tiene en jaque el bolsillo de los mexicanos, y el país encendido en encono social.
La algarabía de las fiestas decembrinas, el temor por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca (este 20 de enero) y la chusca del fenómeno mediático de los XV años de Rubí Ibarra se diluyeron ante la pira del gasolinazo. Como balde de agua fría se anunciaron los nuevos precios, y el rechazo ciudadano incendió las redes sociales con convocatorias para tomar, de manera “simbólica”, gasolineras de la Ciudad de México y entidades del país, el bloqueo de carreteras, instalaciones de Pemex y manifestaciones entonadas al grito de ¡no al gasolinazo! y ¡fuera Peña!
Aunque el gobierno federal, a través del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, justificó la medida, y con un Enrique Peña Nieto de vacaciones, desde el primer día del año comenzaron las manifestaciones que al paso de los días se han extendido por todo el país, desde los caminos fronterizos de Comitán, Chiapas, en el sureste, a los puentes internacionales entre México y Estados Unidos, con bloqueos que se han tornado más intensos, sumando organizaciones gremiales, la voz de políticos de oposición y sectores diversos, y que han incluido la toma y bloqueo de Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex y otras de sus instalaciones, pero también el cierre y saqueo de estaciones gasolineras, pipas, supermercados, tiendas departamentales, de conveniencia y pequeños comercios.
No fue sino hasta el miércoles 4 de enero —tras diez días de vacaciones— que Peña se refirió al tema, cuando en cadena nacional anunció la cuarta tanda de cambios en su gabinete (la salida de Claudia Ruiz Massieu y su sustitución por Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores), y en su mensaje justificó los aumentos argumentando que las causas son factores macroeconómicos, y no sus reformas estructurales. Y dijo “comprender” y “compartir” la molestia y el enojo de la ciudadanía.
El mensaje presidencial enardeció aún más la animadversión. En distintas regiones del país, en zonas habitacionales y corredores comerciales, se imponía una especie de toque de queda ante los bloqueos, pero también el saqueo a tiendas departamentales y comercios, que para el mediodía del miércoles —en el mismo momento en que Peña daba su mensaje— habían optado por cerrar sus puertas ante cuerpos policiacos ausentes, u omisos frente al caos. Algunas cadenas comerciales, que ni siquiera en días festivos de obligado descanso cierran, lo hicieron esta vez, pero aun después de cerradas fueron saqueadas.
Tunda a la economía interna
En su mensaje, Enrique Peña aseguró que los aumentos se hicieron en función de “cuidar la economía de los mexicanos”, pero en el México real, donde acaban Los Pinos y comienzan los salarios mínimos, el empleo informal o el desempleo, los incrementos ya comenzaron a elevar los precios de la canasta básica; artículos de primera necesidad que son reetiquetados, junto con las alzas en las tarifas del transporte y los servicios. Algunos registran incrementos mínimos del 20 por ciento, en proporción al aumento promedio de los combustibles, mientras el peso frente al dólar continúa en picada.
La experta en finanzas personales, Sofía Macías Liceaga, refiere algunos de los efectos negativos que los aumentos de los combustibles tendrán en las finanzas personales de los mexicanos:
“El efecto más inmediato por supuesto es que se incrementará el gasto a la hora de llenar el tanque de gasolina, pero, además de los automovilistas es muy posible que genere mayor inflación porque la mayoría de los productos se transportan y un aumento de la magnitud que anunció Hacienda es poco probable que lo absorban los proveedores y lo pasarán al consumidor. También es posible que suban los servicios de transporte público y privado”.
Recrudecida con la cuesta de enero, la espiral inflacionaria agujera el bolsillo de los mexicanos que ven cómo el precio de los productos sube como montaña rusa, pero sin final feliz, frente a un lánguido salario mínimo incapaz de alcanzarlos. Por ejemplo, el trabajador que hoy gana un salario mínimo, fijado en 80.04 pesos, por sus ocho horas de trabajo, sin contar las que invierte en llegar a su labor, alcanza a comprar un kilo de frijol (que promedia los 36 pesos), un kilo de huevo (26 pesos), un kilo de tortilla (12 pesos) y solo medio litro de leche, porque el litro cuesta 18 pesos. No le queda nada para el resto de la canasta básica, mucho menos para vivienda, luz, gas y transporte que son servicios básicos y también tienen incrementos.
Contrario a la promesa discursiva del presidente, los representantes de las cámaras comerciales, industriales, empresariales del país hablan ya de aumentos en cascada. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Ciudad de México prevé que los precios de la canasta básica podrían aumentar gradualmente hasta 30 por ciento hacia el mes de marzo.
En consecuencia, el fantasma de la inflación general, que en diciembre de 2016 el Banco de México pronosticaba que sería del 3.3 por ciento para finales de 2017, ahora se calcula que a mediados de año podría rondar el 5 y hasta el 7 por ciento, lo que significa mayor encarecimiento prácticamente de todo y la pérdida del valor del dinero.
Juan José Dávalos, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en política energética, dice que los incrementos a los combustibles se traducirán en “empobrecimiento persistente” de amplios sectores de la población. Detalla que “habrá efectos muy negativos para la mayoría de la población, también para los pequeños industriales y comerciantes, y trabajadores del campo y la ciudad”, mientras que en los sectores productivos, “lejos de llegarse a un equilibrio que nos lleve por la senda correcta, económicamente hablando, se castigará la posibilidad del desarrollo de bases productivas propias, endógenas, haciéndonos todavía más dependientes del exterior”.
La óptica de algunos sectores empresariales es similar. En un comunicado del 5 de enero, la Coparmex (a través de su representación en la Ciudad de México), advierte que “la escalada de aumentos golpeará con dureza la capacidad productiva de pequeñas y medianas empresas, lo cual dificultará su permanencia y pondrá en riesgo su capacidad generadora de empleo”. De los principales rubros generadores de empleo, el de la construcción tiene ya los focos encendidos por la espiral inflacionaria. La arquitecta Miriam Espadas, empresaria del sector, explica que desde los primeros días de enero prácticamente todos los materiales de construcción, nacional o importados, presentaron aumentos “muy significativos”, adicionales al eventual incremento anual.
“Además, todos los suministros que utilizamos requieren de transporte y los aumentos comienzan a encarecer las obras y a provocar que las empresas reduzcamos las fuentes de empleo o las posibilidades de crear nuevas”, explica.
La ilusoria reforma
Ante la versión del Ejecutivo de que el alza en las tarifas no tiene relación con la reforma energética, el economista Juan José Dávalos, quien coordina el foro Petróleo y Nación, que aglutina numerosos expertos del ámbito energético, considera que “el Poder Ejecutivo falta a la verdad cuando, en medio de la controversia política y la protesta y agitación social, afirma que el alza en los precios de las gasolinas que observamos a partir del 1 de enero de 2017 no tiene que ver con la reforma energética y que se debe a los cambios en los precios internacionales del crudo, pues antes que nada, precisamente es esta reforma la que dio con el marco legal que permitió estos aumentos, que vistos desde un punto de vista económico y de política salarial, son totalmente desproporcionados con respecto a los ingresos y salarios de la mayoría de la población, que son terriblemente precarios y no remuneradores, a pesar del enorme valor de la economía mexicana, segunda de Latinoamérica por su volumen de valor.”
Explica que: “la llamada ‘flexibilización’ de los precios de los combustibles, en vigor desde el 1 de enero, modelo que en lo fundamental se está aplicando también a la electricidad, fue autorizada por la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, aprobada por el Congreso el año pasado y publicada el 15 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación(DOF), así como por los correspondientes resolutivos tomados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y publicados en el DOFen noviembre y diciembre, parten todos ellos, antes que nada, de la base de la llamada reforma energética aprobada el 20 de diciembre de 2013, y de sus derivaciones, entre otras, la Ley de Hidrocarburos (LH), la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME) y el reglamento de la Ley de Hidrocarburos del 31 de octubre de 2014”.
El reciente aumento en el precio de la gasolina y diésel se dio a la par de la apertura del mercado de refinados y las tarifas diferenciadas. Foto: Cristian Cerna/Cuartoscuro
Los megagasolinazos de EPN
México es en el continente americano una de las principales potencias petroleras, y a escala mundial, Pemex aún se ubica entre las petroleras más lucrativas. El crudo mexicano tiene buen mercado a escala internacional, y durante 70 años de existencia Pemex consolidó una empresa que cubre todos los procesos productivos del crudo, desde su exploración y extracción hasta su refinación.
No obstante, los mexicanos pagamos gasolinas y refinados caros que aún en tiempos en que el precio internacional del crudo se desplomó, nunca se nos vendieron más baratos; por el contrario, su precio se fue incrementando mes tras mes, con los gasolinazos que ideó la administración de Felipe Calderón —cuya administración impuso más de 90 aumentos o “gasolinazos”— y a los que dio continuidad la administración de Peña Nieto.
En enero de 2015, el presidente prometió que ya no habría más gasolinazos que impactaran la economía de los mexicanos. Para esos momentos la gasolina y diésel en el país costaban más caros que en Estados Unidos. Pero fue otra promesa incumplida. Justo un año después, la SHCP aplicaba el incremento que, proporcionalmente, es el más alto de los últimos años, y que pone a los combustibles mexicanos 22 por ciento más caro que en la Unión Americana.
Entre los gobiernos de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, el precio de los refinados se ha incrementado más del cien por ciento. De enero de 2007 a enero de 2015 la gasolina premium pasó de 8.31 a 14.38 pesos por litro; la magna pasó de 6.76 a 13.57 pesos por litro, y el precio del diésel se triplicó de 5.73 a 14.20 pesos por litro.
El estudio Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el diésel en México, 2008-2015,elaborado por la Dirección de Servicios, Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, estima que, en términos reales, en el citado periodo la gasolina premium incrementó 73.04 por ciento; la magna, en 100.74 por ciento y, el diésel, en 147.82 por ciento.
El mismo estudio indica que entre los principales países productores y exportadores de petróleo, México es el que tiene de los precio más altos a sus consumidores internos “en comparación con los principales países productores de petróleo como Venezuela, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Argelia, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Yemen o EU”.
Y destaca precisamente que, incluso en los años que registraron un desplome en el precio internacional del petróleo y en los cuales países como Estados Unidos y la mayoría de los de la OCDE redujeron el precio de sus refinados, México hizo lo opuesto.
Desde 2015 el estudio alertó a los legisladores que “la política de deslizamiento de los precios de los petrolíferos incide negativamente en el poder de compra de los salarios de los trabajadores de nuestro país, debido a que su encarecimiento genera que una mayor proporción del ingreso monetario se destine a la compra de estos combustibles, esto sin considerar uno de los problemas de ilegalidad más recurrentes que enfrenta la población en general, y que consiste en que prácticamente todos los expendios venden litros incompletos. Esta última práctica impacta adversamente por el lado del ingreso, teniendo el efecto final de una carga impositiva adicional o de un sobreprecio por cada litro de gasolina o diésel adquirido”.
Aun así, en noviembre, a unas semanas de irse de vacaciones y autoasignarse sus jugosos bonos y aguinaldo, los legisladores aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, en la que se aprobaron los aumentos junto con la liberalización de los precios de los combustibles, que originalmente estaba proyectada para 2018.
Tras las primeras protestas ciudadanas, legisladores que aprobaron los aumentos ahora hablan de su “rechazo” a las alzas. De telón de fondo están los procesos electorales de julio próximo y los del año siguiente en que estará en contienda la silla presidencial.
Por lo pronto, el megagasolinazo derrumbó la fallida promesa de la bonanza que, según Peña, traería la reforma energética. Hoy es claro que la “madre” de las reformas estructurales se exhibe ante la ciudadanía como reflejo de su administración: sin beneficio para los ciudadanos. Pero también desnuda el costo de la desatención de las condiciones de Pemex y una fallida política energética.
Refinerías, entre la subutilización y la parálisis
Las nuevas tarifas de los refinados y la liberalización del mercado de combustibles desglosan el incremento del precio internacional, la creciente devaluación del peso frente al dólar (que vuelve más caras las importaciones de refinados que se traen de distintas regiones del mundo), más su transporte y fletes externos e internos, así como los nuevos márgenes de ganancia que se busca ofrecer a los consorcios importadores que decidan “competir” con Pemex. A ello hay que añadir el almacenamiento, las ganancias de los distribuidores y comercializadores de primera mano y los impuestos que busca recaudar Hacienda a través de los combustibles. Todo lo anterior es la suma de lo que se pagará a cuenta del bolsillo de los consumidores.
Pero el costo de los refinados en México es un problema que tiene mucho más de fondo que los factores macroeconómicos de los que habla el presidente Peña. Es también consecuencia de la errada política energética que ha provocado que el país, a pesar de ser una de las potencias petroleras más importantes de la región, no sea capaz de abastecer su mercado interno, no por falta de crudo o de instalaciones para refinarlo, sino por la subutilización deliberada que se ha hecho de las refinerías de Pemex, para privilegiar la compra de gasolina en el extranjero.
México cuenta con seis refinerías ubicadas en Minatitlán, Veracruz; Ciudad Madero, Tamaulipas; Cadereyta, Nuevo León; Salamanca, Guanajuato; Salina Cruz, Oaxaca, y Tula, Hidalgo, que desde la administración de Felipe Calderón, con miras a la privatización de Pemex, se fueron subutilizando, en algunos casos hasta dejar inactiva la mitad de su producción, con el consecuente incremento en la importación de refinados.
Actualmente, más del 60 por ciento de la gasolina que abastece las 11 431 gasolineras del país, que operan bajo franquicia de Pemex, es importada. Pemex la compra a refinerías de Estados Unidos, España, Holanda, Francia, India, Corea, Bahamas, Antillas y Trinidad y Tobago.
En distintas acciones, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano máximo de fiscalización en el país, advirtió de la paulatina subutilización de las refinerías, advertencia a la que hicieron oídos sordos las administraciones de Felipe Calderón y el propio Enrique Peña Nieto.
Aun después de que se aprobara la reforma energética, que determinó la apertura del sector, la liberalización de los precios y la participación de privados para competir con Pemex, la política gubernamental parece encaminada no a tener en Pemex una empresa “productiva del Estado”, como ahora reza su eslogan, sino una empresa improductiva y en proceso de desmantelamiento, como documentó Newsweek en Españolen febrero pasado. La deliberada improductividad de las refinerías es una muestra: el año pasado llegaron a su nivel más bajo de producción desde 1990.
La omisión a la costosa dependencia de importación de refinado se evidenció también con la suspensión de la construcción de la Refinería Bicentenario, en Tula, Hidalgo, proyecto al que las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto destinaron por lo menos 9000 millones de pesos en la construcción de la barda perimetral, los servicios de recolección de basura y la compra de algunas licencias y asistencia técnica para plantas y equipo que nunca se instalaron. Por cierto, el costo de la barda ejemplifica el derroche de la fallida obra: más de 8000 pesos promedio el metro de barda. Un costoso proyecto que sirvió solo como botín político, lucidor para el expresidente Calderón.
Luego, el gobierno de Peña, al anunciar la cancelación de la Bicentenario, argumentó que se reconfigurarían y modernizarían las refinerías existentes. Ahora es claro que tampoco se hizo.
La deliberada subutilización de las refinerías y la cancelación de la construcción de la Bicentenario han contribuido a la falta de competitividad y la autosuficiencia del abasto de los refinados, y son causa de que se pondere la importación de gasolinas que al consumidor llegan ahora a precio de oro, más cara que la que pagan en Estados Unidos.
Empero, los incrementos impactarán no sólo el bolsillo de la ciudadanía y en los sectores productivos, sino también en las finanzas gubernamentales. La calificadora de crédito Fitch advierte que el alza de los precios de gasolina y diésel afectará el gasto corriente de los estados.
Apertura del mercado, detonador del mercado negro
El reciente aumento en el precio de la gasolina y diésel se dio a la par de la apertura del mercado de refinados y las tarifas diferenciadas, elementos que enrarecen el mercado de refinados.
La postura oficial del gobierno, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), es que la liberalización del mercado incrementará la oferta de estaciones gasolineras. A partir de la entrada en vigor de la reforma energética, en el rubro gasolinero han incursionado compañías como Grupo Hidrosina, Grupo Eco, Grupo Lodemo, Oxo Gas, Gulf, y este año se preve que abrirán gasolineras de Chevron Texaco.
Aunque se dice que la apertura del mercado de refinados busca que los consumidores tengan mayores opciones de compra, el mercado se abrió en tiempos en que Pemex no ha logrado abatir el mercado ilegal de refinados que se expenden a lo largo y ancho del país, y que con esta liberalización podría incentivarse aún más.
Desde hace por lo menos una década, en México se ha consolidado un mercado negro de hidrocarburos, particularmente refinados, que se comercializan en todo el país, en ocasiones a través de las propias gasolineras franquiciatarias de Pemex o en expendios clandestinos que lo mismo despachan gasolina en bidones, que diésel, gas licuado de petróleo y refinados de menor calidad como el huachicol.
Cada día se le ordeñan a Pemex 27 000 barriles de gasolina y diésel que le representan una pérdida de 20 000 millones de pesos al año (equivalente a la mitad del presupuesto asignado a la UNAM, o dicho de otra manera, dos veces la bolsa que manejan los programas sociales del gobierno federal en Sedesol), de acuerdo con cifras oficiales de la petrolera.
Así que, ahora, con la reciente liberalización del mercado y las tarifas diferenciadas en 90 regiones del país, el mercado negro, que se ha convertido en un flagelo para las finanzas de Pemex, detonara con la búsqueda de consumidores de precios “más bajos”.
No puede omitirse que una buena parte del mercado negro de hidrocarburos, desde su sustracción y hasta su comercialización, la operan grupos del crimen organizado y de los cárteles de la droga, que de acuerdo con la versión oficial ofrecen a los franquicitarios de Pemex pipas de gasolina y diésel hasta 50 por ciento más barata que el monto al que se las vende la paraestatal, y que son los refinados de los cuales los franquicitarios todavía tienen una tajada adicional de ganancia al vender litros que nunca son de a litro.
La misma situación ocurre con el gas licuado de petróleo, que se sustrae también de las terminales de Pemex, y que ahora, ante la apertura y liberalización de precios, se vería incendiada la venta del energético que se adquiere de manera ilegal.
Con las nuevas disposiciones gubernamentales, el oligopolio que actualmente comercializa el gas licuado de petróleo, cuyas empresas (aunque se anuncian con 360 razones sociales distintas) básicamente pertenecen a un mismo grupo familiar. Son estos quienes, con la liberalización, pueden ya establecer las tarifas al consumidor.
La idea oficial era que con la competencia se ofreciera a los consumidores precios más bajos, pero los gaseros no han perdido el tiempo: en la primera semana del año subieron el precio del energético entre un 10 y hasta un 30 por ciento.