LE LLAMAN el Rápido, el Corto, el Chapo;a la muerte de Osama bin Laden se le clasificó como el “enemigo número uno” de Estados Unidos. Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante mexicano que en un tiempo fue el fugitivo “más buscado” del planeta, finalmente se enfrenta ante uno de sus peores tormentos: la justicia estadounidense. En prisiones de la Unión Americana podría pasar el resto de sus días.
En vano resultaron sus amparos contra la extradición que solicitó al sistema de justicia mexicano. Como último recurso, sus abogados promovieron ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México un amparo que le fue negado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó revisar los amparos contra la extradición.
Así, menos de 24 horas después de que la justicia estadounidense enviara de regreso a México al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, acusado también por narcotráfico y lavado de dinero (vinculado al Cártel de Juárez), la misma justicia estadounidense recibía a Guzmán Loera proveniente del Centro Federal de Readaptación Social de Ciudad Juárez.
El viernes 20 de enero, el de la pesadilla para millones de mexicanos e inmigrantes latinos radicados en Estados Unidos, con la toma de posesión del magnate neoyorkino Donald Trump, que estuvo aderezada con multitudinarias manifestaciones, fue también el de la pesadilla para Guzmán, al ser presentado precisamente en cortes de Brooklyn, donde se le hicieron saber los cargos de la primera de seis acusaciones que igual número de cortes de ese país tienen en su contra por narcotráfico, lavado de dinero y la autoría intelectual de una docena de asesinatos, entre otros crímenes.
La corte de Nueva York acusa a Guzmán de la distribución en Estados Unidos de unas 457 toneladas de cocaína a partir de 2003, y de estar vinculado a múltiples delitos. La misma acusación, por cierto, está contra el aún libre Ismael Zambada García, el Mayo, a quien se identifica como el dirigente actual del Cártel de Sinaloa.
Guzmán enfrentará procesos judiciales también en Texas, Florida, Illinois, Arizona y Nuevo Hampshire. Con sus más de sesenta años de edad, probablemente el resto de su vida no le alcance para pagar cada condena.
UNA VIDA CRIMINAL
Joaquín Guzmán Loera nació en 1957 en La Tuna, una comunidad enclavada entre caminos de terracería en Badiraguato, en la sierra de Sinaloa. Se involucró en el narcotráfico a finales de la década de 1980 trabajando para el poderoso Miguel Ángel Félix Gallardo, escalando en los eslabones del Cártel de Sinaloa hasta convertirse en su líder.
Con Guzmán Loera, el Cártel de Sinaloa se convirtió en una organización trasnacional diversificada en múltiples delitos con presencia en los cinco continentes. La organización criminal con mayor expansión mundial, asociada con grupos criminales legendarios como Cosa Nostra y Ndrangheta italiana, o Al Qaeda en Oriente Medio.
Guzmán Loera fue detenido el 9 de junio de 1993 en México por cargos relacionados con asesinato y tráfico de drogas y fue condenado a veinte años de prisión. Sin embargo, el 19 de enero de 2001 escapó de la prisión federal de máxima seguridad Puente Grande, en Jalisco, conocida a partir de entonces con el mote de “Puerta Grande”. Guzmán Loera se reintegró como miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y líder del narcotráfico mexicano, convirtiéndose en el fugitivo número uno del mundo y un multimillonario de la lista de Forbes. Fue detenido nuevamente el 22 de febrero de 2014, en un modesto hotel resort en Mazatlán y encarcelado en la prisión federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, de donde se fugó el 11 de julio de 2015.
Los expedientes criminales de Guzmán integrados por el Departamento de Estado de Estados Unidos señalan que: “Bajo el liderazgo de Guzmán Loera y su socio Ismael Zambada García, el Cártel de Sinaloa controla vastas operaciones de tráfico a escala internacional, distribuyendo la mayoría de sus drogas a Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa basa sus operaciones principalmente en los estados mexicanos de Sinaloa, Sonora, Durango y Baja California, aunque también tiene representación en varios otros estados a lo largo de la república. Además de sus células de distribución en Estados Unidos, transporta envíos de drogas a Canadá, Australia, Europa, África y Asia; el grupo de Guzmán Loera contrabandea envíos de cocaína de varias toneladas de América del Sur a través de Centroamérica hacia México. El cártel también participa en la fabricación, transporte y distribución de metanfetamina y heroína. Y opera varias plantaciones de marihuana a gran escala en Sinaloa y sus alrededores. La organización del Cártel de Sinaloa depende de los envíos masivos de dinero para mover sus productos a través de la frontera entre Estados Unidos y México”.
Los expedientes criminales en cortes estadounidenses indican que Guzmán Loera enfrenta acusaciones de narcotráfico y delitos relacionados en varios Tribunales de Distrito de Estados Unidos, incluyendo además del Distrito Oriental de Nueva York, el Distrito de Arizona, el Distrito Sur de California, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito Norte de Illinois, y el Distrito Sur de la Florida. La primera acusación contra Guzmán Loera fue desclasificada en San Diego el 28 de septiembre de 1995, acusándolo a él y a 22 miembros de su organización de conspiración para importar más de ocho toneladas de cocaína y lavado de dinero.
Su extradición no deja de verse con tintes políticos. Basta recordar las palabras del polémico procurador Jesús Murillo Karam —quien dejó el cargo en medio de la polémica del caso Ayotzinapa—, quien había asegurado que Guzmán cumpliría primero sus condenas en México, y “300 o 400 años después” sería extraditado.
La extradición de Guzmán Loera fue una de las últimas disposiciones de la administración de Barack Obama, un día después de que ofreciera su última rueda de prensa. Foto: NICHOLAS KAMM/AFP
MÁS VALE UNA TUMBA...
La extradición de Guzmán Loera fue una de las últimas disposiciones de la administración de Barack Obama, un día después de que ofreciera su última rueda de prensa, y a solo unas horas de entregar el mando a su sucesor, Donald Trump.
La extradición de Guzmán Loera ocurre justo una década después de que, en enero de 2007, se extraditara al tamaulipeco Osiel Cárdenas Guillén, el Mataamigos, líder del Cártel del Golfo y sanguinario criminal que reclutó a los desertores de élite del Ejército Mexicano, Los Zetas, como su escolta personal. En aquella extradición también se envió a los hermanos Ismael y Gilberto Higuera Guerrero, los principales operadores y estrategas que tuvo el Cártel de Tijuana para el tránsito de droga desde Colombia a México y hacia Estados Unidos, y a Héctor el Güero Palma Salazar, todos bajo cargos de delitos de narcotráfico y lavado de dinero, entre otros.
Aunque Cárdenas fue extraditado durante el gobierno de Bill Clinton, fue el de Barack Obama el que negoció con este su aceptación de culpabilidad en algunos de los cargos que se le imputaban, a cambio de una pena más benévola. El acuerdo fue al margen de la propia Corte, y los jueces debieron aceptarla, aunque más como una imposición.
Desde tiempos de Pablo Escobar, los narcotraficantes colombianos popularizaron un dicho: más vale una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Ello reflejaba su miedo a enfrentarse a un sistema de justicia que difícilmente podrían comprar, jueces y guardias que no estaban en sus nóminas, cárceles sin privilegios, y más de 4000 kilómetros de distancia entre ellos y sus familias.
Colombia fue el primer país del mundo desde el cual comenzaron a extraditarse narcotraficantes hacia Estados Unidos, producto también de los operativos binacionales contra los cárteles de Medellín, Cali, y del Norte del Valle, más de 300 narcotraficantes fueron identificados como “extraditables”.
Los mexicanos comenzaron a ver la extradición como el peor de sus destinos, a partir de que, en 1996, Juan García Ábrego, líder del Cártel del Golfo, fue detenido en el campestre municipio de Juárez, Nuevo León, y extraditado. Encarcelado en una prisión de Colorado, García Ábrego se negó a convertirse en testigo protegido, no así otros capos mexicanos.
El de Osiel Cárdenas Guillén es uno de los procesos más polémicos de extraditados ante la justicia estadounidense. En febrero de 2010 Cárdenas negoció con el gobierno estadounidense su sentencia a 25 años de prisión y no a cadena perpetua de la que se habló al momento de su extradición, o incluso la pena capital, vigente en el estado de Texas, a cambio de declararse culpable de cinco cargos federales en su contra y develar las entrañas de los grupos de narcotraficantes mexicanos. Su pena económica, que originalmente estaba estipulada en 300 millones de dólares, también se redujo considerablemente a 50 millones.
También fue el gobierno estadounidense el que solicitó a la Corte “sellar” la audiencia de la sentencia “de este acusado”, a petición del Servicio de Marshals de Estados Unidos (unidad policiaca del Departamento de Justicia) argumentando el “temor” por su seguridad.
Así, la audiencia se desahogó en un secretismo sin precedentes, lo que incluso generó la crítica de los medios de comunicación estadounidenses. El juicio, que duró tres años, se desahogó en secreto y las declaraciones de Cárdenas fueron juramentadas y selladas “de por vida”.
Tres años atrás, la noche del 19 de enero de 2007 (el mismo día, pero diez años antes que Guzmán Loera), enfundado en el pantalón y casaca color beige, lo sacaron de La Palma para subirlo en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que voló por tres horas. En Houston lo esperaban agentes de la DEA y el FBI, que llegaban a cobrarle viejas afrentas. Parecía en otra vida aquel día de 1998 cuando el desafiante Osiel, custodiado por sus Zetas, expulsó de Matamoros a los agentes “de las tres letras” que le seguían los pasos.
El 9 de abril de 2002, la Corte de Houston abrió el expediente penal N. B-00-118.1, en contra de Osiel Cárdenas Guillén, alias el Ingeniero, el Señor, el Fantasma, el Noventa y Uno; y otros nueve integrantes del Cártel del Golfo: Adán Medrano Rodríguez, alias el Licenciado; Víctor Manuel Vázquez Mireles, el Meme Loco; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, Costi, Sombra; Juan Gilberto Reyes, el Flaco; Rafael Betancourt Velez, Rafa; Rubén Sauceda Rivera, Cacahuate; Rogelio Pizaña González, Kelín; Juan Carlos de la Cruz Reyna, el JC; y Baldomero González Ruiz.
Todos acusados de conspiración para importar, almacenar y distribuir drogas en Estados Unidos, lavado de dinero, y el asalto y amenazas de muerte a los agentes federales que en territorio mexicano y estadounidense que trabajan en la Operación Cazadores, una investigación del programa OCDETF (Organized Crime Drug Enforcement Task Force) de la DEA.
Para marzo de 2003, en Matamoros, la Sedena, al mando del general Rafael Macedo de la Concha, lo detuvo. Cárdenas sería juzgado primero en México bajo acusaciones de narcotráfico, homicidio y tenencia ilegal de armas. Luego fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar los cargos de contrabando de drogas y de lavado de dinero.
Cuando pisó suelo texano se hablaba de una sentencia a cadena perpetua o quizá la pena capital en el estado catalogado como “capital de las ejecuciones”, y que le decomisarían 300 millones de dólares. Al principio alegó inocencia, y al poco tiempo aceptó “colaborar” con el gobierno estadounidense, es decir, convertirse en informante.
Cuando Osiel acordó aceptar su culpabilidad en cinco cargos federales y que le desecharan otros 12 que enfrentaba, el caso dio un giro. Los esfuerzos de la fiscalía se centraron entonces en que explicara el cómo y quiénes lo ayudaron a internacionalizar el cártel y hacer del grupo de élite del Ejército Mexicano su brazo armado. Osiel habló durante horas, días, meses a lo largo de más de dos años, palabras, confesiones, revelaciones que el gobierno de Barack Obama decidió blindar “de por vida”. Desde su extradición y hasta el momento de recibir sentencia, esa administración lo mantuvo en “un lugar secreto”. Como le ofreciera el gobierno de Obama, la jueza aceptó el “acuerdo” entre ellos.
Finalmente, en febrero de 2010, la jueza Hilda Tagle le leyó su sentencia, no sin expresar que el capo merecería pena más severa.
“Pido disculpas a mi país, México, a Estados Unidos de América, a mi familia, en especial a mi esposa, mis hijos, por todos los errores que cometí. Yo siento que este tiempo que he pasado en la cárcel he reflexionado y me he dado cuenta de la mala conducta que he tenido y de la cual siento remordimiento, y en verdad, estoy arrepentido. También pido disculpas a toda la gente que herí, directa e indirectamente”, dijo el narcotraficante.
Algunas de sus declaraciones fueron utilizadas como base para los juicios que cortes de Washington abrieron contra 19 miembros deLos Zetas. Osiel Cárdenas saldrá de prisión en noviembre de 2028, cuando tenga sesenta años de edad.
La extradición de Guzmán Loera ocurre justo una década después de que se extraditara al tamaulipeco Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo y sanguinario criminal que reclutó a los desertores de élite del Ejército Mexicano, Los Zetas. Foto: AFP
EL MIN, OTRO EXTRADITADO DE OBAMA
Igual que Joaquín Guzmán Loera, su acérrimo enemigo, Benjamín Arellano Félix, el Min, buscó ampararse contra la extradición, y también fracasó. Al mayor de los Arellano Félix, líderes del Cártel de Tijuana, o la que las autoridades estadounidenses identifican como Organización Arellano Félix (OAF), lo extraditaron en 2011. Benjamín Arellano Félix, alias el Señor, el Min, el 76, el 7-7, el MK, el licenciado Sánchez, o licenciado Alegría, que fundó la organización Arellano Félix, llevaba ya nueve años de prisión en México, desde aquel marzo de 2002, cuando fue detenido en una casa que habitaba con su familia en Puebla, a solo unas semanas de que su hermano Ramón fuera asesinado en Sinaloa.
El 4 de enero de 2012, la Corte de California abrió el juicio en su contra, integrado en el caso criminal número 97CR2520-LAB, con la fiscal Laura E. Duffy, en representación de Estados Unidos. En un legajo de 26 fojas, el Estado estadounidense acusó al mexicano de introducir cantidades industriales de cocaína y marihuana, de conspiración para lavar dinero, y asociación delictuosa.
En menos de dos meses aquel gobierno llegó también a un “acuerdo” con el narcotraficante. La negociación estableció que Arellano admitiría su culpabilidad de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa a cambio de no ser enjuiciado por todas las muertes que se le imputaban, que seguramente le habrían ganado la cadena perpetua o la pena de muerte. Obtuvo 25 años de prisión con la posibilidad de ver reducida su pena “por buen comportamiento”, restándole, además, cada uno de sus días en prisión en ese país, es decir, desde el 29 de abril de 2011. Luego, cuando acabe su sentencia (si es que la vida le alcanza también) el gobierno estadounidense deberá devolverlo a México, a que compurgue de 17 a 20 años de prisión.
Así, al proceso contra Benjamín Arellano se le dio aún mayor celeridad que los tres años que duró el juicio contra Cárdenas Guillén. La del Min también se consideró una pena benévola dada la gravedad de los crímenes que se le imputaron. Los expedientes del Departamento de Estado de Estados Unidos refieren que el Min condujo el Cártel de Tijuana desde 1986 y hasta su detención, el 9 de marzo de 2002, es decir, el periodo en el cual su familia se encumbró como una de las organizaciones criminales más poderosas de la región, “la más poderosa de América Latina”, los “Corleone mexicanos”, se les llamaba.
De Benjamín Arellano, dijeron las autoridades estadounidenses, “él daba las instrucciones a los otros miembros, incluyendo a sus hermanos, Ramón, Eduardo y Francisco Javier Arellano Félix, así como sus principales lugartenientes y socios de tráfico de drogas”. Entre los jefes y lugartenientes se cita a Manuel Aguirre Galindo, Jesús Labra Avilés, Ismael Higuera Guerrero, Gilberto Higuera Guerrero, Efraín Pérez, Jorge Aureliano Félix, Rigoberto Yáñez, Armando Martínez Duarte y David Barrón Corona.
Se le atribuyó también el secuestro y asesinato de numerosas personas; sobornos a policías y militares, así como el asesinato de informantes y testigos potenciales con el fin de obstruir o impedir la investigación oficial de sus actividades.
Las autoridades hacendarias de Estados Unidos y la DEA le imputaron el lavado de “cientos de millones de dólares estadounidenses” de las ganancias que obtuvo del tráfico de drogas.
Igual que el Chapo, su acérrimo enemigo, Benjamín Arellano Félix, el Min, buscó ampararse contra la extradición, y también fracasó. Entre otros, se le atribuyó el secuestro y asesinato de numerosas personas. Foto: AFP
EXTRADICIÓN APAGA LA SONRISA DE LA BARBIE, Y DEL CHAPO
En el penal de El Altiplano, en el periodo en que se fugó Guzmán Loera, yacían presos otros conocidos narcotraficantes como Édgar Valdez Villarreal, la Barbie, quien desde muy joven fuera jefe de sicarios del cártel de los Beltrán Leyva. El día de su detención, el 31 de agosto de 2010, el rostro de Valdez fue captado con una enorme sonrisa, mueca que lo exhibía desafiante. A la Barbie lo reclamaba una corte federal de Luisiana por narcotráfico y lavado de dinero. Compañero de prisión era su suegro Carlos Montemayor, el Charro, y Jorge Costilla Sánchez, el Coss, uno de los líderes del cártel del Golfo.
Los tres, junto con otros diez reos que enfrentaban delitos de narcotráfico, lavado de dinero, asociación delictuosa, tráfico de armas, fueron extraditados el 30 de septiembre de 2015. Presentado por las autoridades mexicanas minutos antes de subir al avión que lo llevaría a su extradición, a Edgar Valdez, la Barbie, se le había borrado la sonrisa.
Tras siete meses en “fuga”, incluidos los polémicos encuentros que tuvo con el actor y productor Sean Penn y la actriz Kate del Castillo, en enero de 2016, Guzmán fue recapturado. Al poco tiempo el gobierno mexicano aceptó dar cauce a la solicitud de extradición, proceso que se extendió durante meses, en los cuales la defensa del traficante promovió diversos recursos judiciales, que finalmente resultaron fallidos.
Pero a Guzmán aún le queda la posibilidad de “negociar”, como sus rivales, acuerdos con el gobierno estadounidense. Ello dependerá también de la política del nuevo gobierno de Donald Trump. Aquel acuerdo de Osiel de revelar complicidades generó en México disputas y sangre. Habrá que esperar lo que Guzmán esté dispuesto a negociar a cambio de revelar los nombres de integrantes y cómplices de la estructura criminal considerada el cártel más poderoso y adinerado del mundo.