La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca favorecer a la industria de bebidas azucaradas con la propuesta de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos que pretende conceder un amparo a la Compañía Embotelladora Del Fuerte, la cual trabaja para Coca-Cola, que aboliría los lineamientos para alimentos y bebidas en las instituciones de educación superior, denunciaron organizaciones sociales.
“El proyecto de la ministra Luna está plagado de afirmaciones insostenibles, señala que los alimentos y bebidas altamente procesados no afectan la salud de las personas, desconociendo el extenso y robusto sustento científico que prueba la asociación entre el consumo de productos ultraprocesados -en particular de bebidas azucaradas-, con daños a la salud”, explicó Fiorella Espinosa, coordinadora de investigación de El Poder del Consumidor.
Espinosa mencionó que el proyecto elaborado por la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos establece que la obesidad debe combatirse por medio de la educación “desconociendo también la evidencia existente que demuestra que por encima de la educación son los entornos los que determinan los hábitos, desconociendo que los ambientes obesogénicos son la principal causa de estas epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes”.
El Poder del Consumidor destaca que este proyecto que estudiará la máxima instancia de justicia del país se presenta en medio de la declaración de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes decretada en México. La organización refirió que el incremento de la muerte por esta enfermedad el año pasado superó los 96,000 decesos poniendo al país con la mayor incidencia de muertes por diabetes entre los megapaíses del mundo.
Integrantes del Poder del Consumidor en conferencia de prensa. Foto: Especial.
Por lo tanto, las organizaciones de la sociedad civil indicaron que si la decisión de la SCJN es positiva al proyecto de sentencia de Luna Ramos, se “contribuirá al mantenimiento del ambiente obesogénico en el país y a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que ha sido decretada como emergencia epidemiológica, colapsando totalmente el sistema de salud del país”.
La Embotelladora Del Valle se amparo ante la justicia para poder vender bebidas azucaradas en el interior de instituciones de educación media superior, contraviniendo a la disposición establecida en el año 2014 por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de impedir la venta de productos de alto nivel calorífico en esos planteles educativos.
No obstante, el proyecto de dictamen, elaborado por la ministra Margarita Luna Ramos, propone amparar a la embotelladora con el argumento de que los estudiantes de educación superior al ser adultos están en condiciones de decidir los alimentos que consumen y EPC se opone a esta determinación y mañana dará los argumentos.
En ese sentido, El Poder del Consumidor se dijo profundamente preocupado “que una persona responsable de velar por el cumplimiento de lo marcado en la Constitución Mexicana utilice los argumentos de una industria que vela por sus intereses antes que los de la ciudadanía”.
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“El discurso de la ministra ignora los costos sociales y económicos que tiene el ambiente obesogénico resultante en un alto consumo de comida chatarra y de bebidas azucaradas en una población próxima a ser productiva y de gran influencia para las futuras generaciones”, refirió.
La organización dijo que la regulación en esa materia tiene la intención de modificar la oferta alimentaria en un espacio que puede y debe ser regulado por el Estado y que incluye tanto restringir alimentos y bebidas de bajo valor nutricional como aumentar la disponibilidad de alimentos saludables, que resulte en beneficios para los estudiantes y el país entero.
Por tanto, exigió que los esfuerzos por parte de las autoridades involucradas deberían encaminarse a retomar temas pendientes y garantizar el cumplimiento de lo establecido en las leyes por ejemplo la instalación de bebederos en todas las escuelas, públicas y privadas, así como la prohibición de publicidad de bebidas y alimentos de bajo valor nutricional en las escuelas como desde 2015 lo indica la Ley General de Salud.