Desde su impactante victoria electoral, a principios de mes, el presidente electo Donald Trump ha relajado su retórica sobre la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y también en cuanto a la deportación de todos los inmigrantes indocumentados. Eso ha ocasionado que los defensores de la inmigración abriguen la esperanza de que el magnate de bienes raíces republicano no persistirá en las posturas anti-inmigratorias de línea dura que defendió durante la campaña. No obstante, algunos de los proponentes anti-inmigratorios más férreos del país han percibido señales completamente contrarias, e interpretan sus designaciones al gabinete y los invitados a sus reuniones de transición como una cohorte de aliados correligionarios que les ayudarán a alcanzar su objetivo, largo tiempo anhelado, de librar al país de inmigrantes indocumentados. Y no solo eso, la posibilidad de frenar la inmigración legal.
“Hay un nuevo equipo en la ciudad”, cacareó Daniel Stein, presidente de la Federation for American Immigration Reform (FAIR), durante una conferencia de prensa en Washington, el martes por la tarde. Mientras enumeraba los nombres de los funcionarios públicos que Trump ha nombrado o está consultando para llevarlos consigo a la Casa Blanca, en enero, Stein señaló: “Gente como [el senador por Alabama] Jeff Sessions, [el representante por Pensilvania] Lou Barletta, [el secretario de Estado de Kansas] Kris Kobach, [la administradora de la campaña Trump] Kellyanne Conway y otros que trabajaron en la campaña como especialistas en política de inmigración, son personas con las que hemos trabajado durante años”. Y también son algunas de las voces más estridentes en el debate, quienes han adoptado posturas inflexibles que retratan a los inmigrantes indocumentados como una amenaza criminal para el país, en vez de presentarlos como miembros que contribuyen a la sociedad. Sessions, el candidato de Trump a la Procuraduría General, ocupará un cargo especialmente poderoso desde el cual podría modelar esas políticas.
Stein predijo que el Congreso aprobaría un gran paquete de legislaciones nuevas y estrictas sobre inmigración y para escalar las medidas de seguridad en la frontera “dentro de los primeros dos o tres años” de la era Trump. “Se habla mucho al respecto en nuestro lado” del Capitolio, dijo Stein. “En este momento, lo que tratamos de hacer es cultivar la idea de que necesitamos algo grande”.
¿Qué implicaría, exactamente, ese “gran” paquete de reformas? El grupo de Stein –que según Southern Poverty Law Center tiene nexos con supremacistas blancos- publicó el martes un documento de 20 páginas describiendo cuáles debieran ser las prioridades de la nueva administración, y esta semana lo someterá a consideración del equipo de transición de Trump. Algunas de las medidas podrían ser impuestas por el mandatario entrante y nada más, como revocar las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Obama; una de ellas, otorgando protección temporal contra la deportación a ciertos grupos de inmigrantes. Con todo, Stein dijo que no consideraba prioritario deportar a las personas que ingresaron en el país, ilegalmente, siendo niños (individuos conocidos como DREAMers). El grupo de Stein también quiere que Trump niegue fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, las cuales se niegan a cooperar con los esfuerzos federales de deportación y a mantener presos a todos los inmigrantes indocumentados capturados por las autoridades federales mientras se llevan a cabo los procedimientos judiciales.
Por otro lado, gran parte del paquete propuesto requeriría de acciones del Congreso, incluyendo las legislaciones que dificultan el acceso a visas y fortalecen el monitoreo; financiar un muro en la frontera sur; y el endurecer el castigo para los inmigrantes que regresen después de haber sido deportados (algo conocido la Ley de Kate). “El escenario soñado, desde nuestra perspectiva, es tener el control ejecutivo para redactar las legislaciones y contar con partidarios que controlen los dos Comités Judiciales [en la Cámara de Representantes y en el Senado]”, dijo Stein. “Después, solo tienes que inundar la zona, meter todo lo que puedas en un paquete ómnibus para que grupos como ACLU [Unión Estadounidense por las Libertades Civiles] no puedan atacarlo y solo vayan contra las cosas que realmente los molesten. De esa manera, gran parte de lo todo demás es aprobado y se convierte en ley”.
El objetivo mayor, según lo establecido en el proyecto de FAIR, es crear una fuerza de trabajo gigantesca y de alta tecnología, no solo en la frontera, sino en todo el país, para que dificultar que los visitantes excedan el periodo de visado, y perseguir a los infractores de inmigración, los empleadores, las ciudades y los políticos que los protejan. “En este momento, cuando estampas una visa es como si el Servicio Postal estampara un sello de ‘Para siempre’”, lamentó Stein.
La otra finalidad central del grupo es reducir las cifras totales de inmigración –tanto legal como ilegal- y reestructurar los estándares que determinan quién ingresa en Estados Unidos. “Nos encantaría restaurar el concepto de fijar límites anuales de inmigración, y que la gente ingrese con base en sus méritos”, dijo Stein. Bajo el proceso migratorio establecido por una ley de 1965, Estados Unidos confiere prioridad a la reunificación familiar, colocando en el primer lugar de la lista a los parientes directos y descendientes de inmigrantes residentes. El 31 de agosto, en su discurso sobre inmigración, en Phoenix, Trump prometió observar un sistema de mérito para la inmigración y fijar nuevos límites para el flujo inmigratorio total, mas esas propuestas han recibido mucha menos exposición –aunque habrían tenido efectos mucho más profundos, a largo plazo- que la construcción de un muro fronterizo.
Para FAIR, “lo ideal es un número de estabilización poblacional, que en este momento sería como unos 300,000 anuales”, dijo Stein. Sin embargo, reconoció que Trump no ha respaldado una cantidad así de reducida, la cual recortaría en más de dos tercios la cantidad de green cards (tarjetas de residencia) otorgadas anualmente a los extranjeros que viven en el país. A la fecha, la cifra de green cards asciende a cerca de un millón.
Stein aceptó que Trump tiene el hábito de ser imprevisible: “Pero si entiendes que esto es como un tablero de dardos, donde puedes ver el centro y luego das por sentado que tiene asesores excelentes que trabajan para él, sabes que se moverá en la dirección correcta”.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek