La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que busca impedir dar pase automático al procurador Raúl Cervantes como fiscal general, no reconoce los problemas de falta de autonomía al interior de la propia Fiscalía General, señalan especialistas.
“No es solamente el artículo transitorio décimo sexto de la Constitución, sino la garantía del correcto funcionamiento de áreas claves de la Fiscalía”, dijo Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor del Tecnológico de Monterrey.
Es adecuado, dijo, que el presidente reconozca lo inadecuado de hacer un nombramiento automático, pero restan cuatro áreas importantes para que la futura Fiscalía General de la República (FGR) alcance un óptimo funcionamiento: la Fiscalía Anticorrupción, la de Derechos Humanos, de Derechos Electorales y la Visitaduría.
En estos cuatro ámbitos, las autoridades, deben garantizar la forma de los nombramientos de los titulares de forma independiente al fiscal general. De otro modo, los responsables estarían obligados a hacer investigaciones contra sus jefe.
Bajo este esquema, por ejemplo, el visitador sería nombrado por el propio fiscal, lo que resulta absurdo porque él es el encargado de hacer las investigaciones anticorrupción al interior de la propia Procuraduría, explica Fernández.
“Una vez que se supere este problema, de la no automatización y se apruebe la ley de la Fiscalía General, el fiscal sería el jefe de estas personas”, dijo Fernández.
“¿En ámbitos fundamentales para el país como: los derechos humanos y lo electoral. Los fiscales tendrán incentivos para investigar a su jefe?”.
Sin embargo, menciona Fernández, es posible establecer autonomía al interior de la Fiscalía y los órganos consecuentes ya que la Constitución establece facultades para el nombramiento de sus propios agentes y su organización, como en el caso de la Fepade.
La autonomía de estas instituciones, -adscritas a la Fiscalía- radicaría en que sus titulares sean nombrados por procesos de nombramientos directos e independientes, en donde intervenga el Congreso de la Unión y además, su remoción sea por causas establecidas en la ley.
También deberán tener garantías presupuestales, porque de otra forma asfixiaría la labor de alguien que puede ser incómodo. Esto, dijo, podría dar el funcionamiento adecuado de las cosas, “de lo contrario esto no va a jalar (funcionar)”.
“Existen ejemplos de presiones políticas para acallar a estos fiscales en distintas áreas por un tema sensible”, mencionó.
Respecto a la elección del fiscal, la senadora Martha Tagle, dijo que el Senado deberá ser muy riguroso para la designación de idoneidad y de legibilidad, para evaluar realmente los perfiles que compitan.
De aprobarse la reforma de Peña, el Congreso deberá garantizar que el nombramiento no represente una garantía de impunidad al gobierno saliente, “que es la parte muy preocupante”.
El cargo de fiscal general será trasexenal y si no se cumplen los requisitos de idoneidad, la única señal emanada es de “garantizar la impunidad al gobierno y sus funcionarios salientes”, destacó Tagle.