La intervención de los intereses de las grandes corporaciones en la elaboración de la ciencia y de las políticas de salud pública se han convertido en una de las principales amenazas para la protección de la salud de la población, advirtieron científicos y representantes de diversas organizaciones públicas y privadas de México, en el marco de la conferencia “Cooptación de política y ciencia por corporaciones pone en riesgo la salud pública” (video)
La intervención de la industria del azúcar desde la década de los sesentas para desviar la atención de ese ingrediente como una de las causas centrales de las muertes por enfermedad coronaria, hasta la práctica actual de la industria refresquera que niega los daños de su producto y combate medidas efectivas de salud pública, como el impuesto a esas bebidas, la práctica es la misma: mantener una guerra en contra de las políticas de salud pública que afectan sus intereses económicos, señalaron los expertos de la organización Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
A su vez, la doctora Laura Schmidt, investigadora de la Universidad de California en San Francisco, quien coordina el estudio publicado recientemente en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), “La industria azucarera y la investigación de la enfermedad coronaria. Un análisis histórico de documentos de la industria”, señala a través de documentos internos que se ha revelado que esta industria se encargó de sembrar dudas sobre la posible responsabilidad del azúcar en las muertes por enfermedades coronarias al tiempo que promovía la percepción de que las grasas eran las principales causas. El análisis de los documentos internos de la industria del azúcar de los decenios 1960 y 1970 muestra como esta industria realizó una estrategia exitosa para cooptar científicos e influir en los políticos determinando la política por más de 50 años.
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Alejandro Cavilo (El Poder del Consumidor), Laura Schimdt (Universidad de California en San Francisco) y Karina Sánchez (Instituto Nacional de Salud Pública, dieron a conocer irregularidades en estudios científicos financiados por la industria de bebidas azucaradas.
FOTO: Víctor Olivares / Newsweek en Español
“Los tomadores de decisiones, quienes elaboran las políticas públicas, así como los propios legisladores que votan iniciativas como medidas fiscales, deben tener cuidado en distinguir de quien viene la información; si se trata de evidencia científica libre de conflicto de interés o si se trata de estudios financiados por intereses económico; si los estudios han sido publicados en prestigiadas revistas científicas y revisadas por pares; si lo que se afirma en los estudios concuerda con la evidencia científica de otros expertos reconocidos por su integridad científica” advirtió Schmidt.
En tanto, Alejandro Calvillo, de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), afirmó que “si se aplican los criterios recomendados por la Dra. Schmidt para distinguir un estudio de otro, en el caso del impuesto a las bebidas azucaradas, los legisladores deberían de tener mucho cuidado en los estudios pagados por la industria refresquera que concluyen que el impuesto no ha tenido efecto, ya que son estudios no publicados en revistas científicas, no revisados por pares, no concuerdan con la evidencia publicada por otros expertos libres de conflicto de interés y, especialmente, están financiados por la industria que tiene directamente un interés económico en la materia”.
Al respecto Karina Sánchez, investigadora especializada en el tema de conflicto de interés del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), señaló que “está comprobado que los estudios patrocinados por la industria de bebidas azucaradas no encuentran asociación entre el consumo de éstas y el sobrepeso, la obesidad y la diabetes; mientras que los estudios independientes encuentran una asociación directa. Para el caso de México, encontramos la misma relación: los estudios independientes encuentran que el impuesto a las bebidas azucaradas ha sido exitoso, los patrocinados por la industria no. Esto es grave pues la salud de los mexicanos no debería representar un negocio para algunos.
“Proteger la salud y tomar decisiones públicas basadas en información no patrocinada por empresas que pudieran tener un beneficio económico debería ser una prioridad del Estado y, en este caso, de los legisladores”, expresó Sánchez en entrevista para Newsweek en Español.
Durante la conferencia (ver video) se hizo referencia a un estudio reciente publicado en el Journal of Preventive Medicine que informa que Coca Cola Company y PepsicCo financiaron 96 organizaciones nacionales de salud en los Estados Unidos entre 2011 y 2015 al tiempo que cabildearon en contra de 29 iniciativas de salud pública que afectarían las ventas de bebidas azucaradas. Diversas instituciones médicas y de salud que incluyen en su misión combatir la epidemia de obesidad recibieron financiamiento de estas compañías. Con este tipo de prácticas se neutraliza a los profesionales de salud y se logra, incluso, que participen públicamente respaldando las posturas de la industria de bebidas en contra de las políticas de salud pública.
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Los expertos en Salud Pública sugirieron a los legisladores seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la salud para fortalecer el impuesto a las bebidas azucaradas incrementándolo a 2 pesos por litro.
FOTO: Víctor Olivares / Newsweek en Español
También se mencionó al artículo “Leaked: Coca-Cola’s Strategy to Kill Soda Taxes”, publicado por la revista “Político” de gran influencia entre los tomadores de decisión de los Estados Unidos, que da cuenta del contenido de una serie de correos internos de Coca Cola que muestran las estrategias desarrolladas por esta empresa a escala internacional, nacional y local, para oponerse a cualquier política regulatoria, especialmente a los impuestos. En esos correos se puede leer la estrategia dictada por la refresquera para enfrentarse a la medida que más les puede afectar, el impuesto: argumentar que no sirve para enfrentar la obesidad, significa una reducción insignificante de calorías, afecta a los más pobres, provoca pérdidas de empleos, sumar a la estrategia a los pequeños comerciantes, etc.
En relación a la discusión que se realiza en el Congreso de la Unión, los participantes en la conferencia sugirieron a los legisladores seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la salud y de los expertos en salud pública de fortalecer el impuesto a las bebidas azucaradas incrementándolo a 2 pesos por litro, señalando que este impuesto se potencializaría si parte de los recursos se destinan a la prevención.
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