MEXICALI, B. C.—Eddel tardó más de medio año en llegar a Mexicali desde Belo Horizonte. Por tierra, mar y aire, atravesó Sudamérica y recorrió a pie la selva panameña, sin agua ni comida. A mitad de camino, el jefe de un grupo de jóvenes “polleros” que le iba a facilitar el cruce por Nicaragua decidió darle dos balazos para despojarlo de sus ahorros. Deportado en Costa Rica, herido y sin un solo dólar, logró rehabilitarse en pocas semanas gracias a los cuidados de un hospital público, y pudo continuar su viaje hasta la frontera. Mientras espera a que llegue el día de su cita con las autoridades migratorias, canta alabanzas en creóle kikongo, un dialecto de su país de origen, junto con un coro formado por más de 100 compatriotas congoleños que levantan los brazos agradeciendo a Dios por haber alcanzado las puertas de Estados Unidos.
La idea de atravesar más de medio continente no había pasado por la mente de Eddel, quien meses atrás dejó a su mujer y sus tres hijos en República Democrática del Congo para trasladarse a Brasil con un visado de trabajo. Sin embargo, sus perspectivas laborales pronto empezaron a mermar y el salario no le alcanzaba casi ni para pagar la renta. Mucho menos para enviar dinero a casa. Otros africanos emigrados en el país le hablaron de la opción de buscar un futuro en Estados Unidos siguiendo la ruta que realizan los migrantes haitianos. Cuando consiguió ahorrar el dinero necesario, inició su travesía hacia el norte, sin saber que la posibilidad de alcanzar el sueño americano está en realidad más lejos que nunca.
Durante las últimas semanas, la llegada de miles de migrantes afrodescendientes que, como Eddel, buscan cruzar legalmente la frontera de México con California, ha captado la atención mediática de todo el país y ha despertado la solidaridad de la ciudadanía ante las imágenes de albergues saturados y mujeres embarazadas durmiendo en las calles de Tijuana. Pero, además del llamativo cambio del color de piel de los migrantes que ahora cruzan México, hay un final insospechado para la mayoría de estas personas en tránsito: una estancia en un centro de detención.
El Instituto Nacional de Migración ha afirmado que, en lo que va del año, son más de 14 000 personas de origen mayoritariamente haitiano —pero también congoleño y de otros países africanos— las que han obtenido el permiso de 20 días que les permite cruzar el país rumbo a las fronteras de Tijuana y Mexicali. En el mes de septiembre se ha incrementado notablemente el flujo, y el baile de cifras ha salpicado el debate político: se calcula que ingresan en el estado unas 300 personas al día. Otros miles vienen en camino, aunque no se sabe cuántos. La presión de activistas y organismos internacionales sobre el gobierno federal ha logrado que se otorgue una amnistía de facto sobre los migrantes a quienes se les está venciendo este permiso mientras esperan una cita con las autoridades migratorias estadounidenses.
Una mujer haitiana recién llegada hace fila para poder comer algo en el desayunador salesiano del padre Chava, en Tijuana. Foto: José Pedro Martínez.
El padre Alejandro Solalinde afirma que podrían llegar otros 40 000 migrantes africanos y haitianos, pero lo cierto es que son solo estimaciones basadas en datos inexactos registrados en las fronteras de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. El sacerdote, conocido por ser uno de los defensores más destacados de la comunidad migrante en el país, ha alertado de los peligros que estas personas enfrentan en su larga travesía desde Brasil, especialmente cuando se integran en territorio mexicano. Las organizaciones de defensa de los derechos en el estado fronterizo han alertado sobre la saturación de las estructuras de asistencia humanitaria por la coincidencia con otros dos flujos migratorios en auge: el de los desplazados procedentes de Centroamérica, Guerrero y Michoacán, y el de los deportados que diariamente siguen retornando al país.
Las crisis económicas y los conflictos políticos de los países de África y América Latina están forzando a miles de personas a emigrar hacia Estados Unidos atravesando México. La amenaza de una hipotética victoria de Donald Trump refuerza el aumento del flujo migratorio a través de siete países del continente, mientras la primera potencia empieza a cerrar sus puertas a los haitianos. La travesía de más de cuatro meses y 11 000 kilómetros desde Brasil a Tijuana termina para la mayoría de migrantes en un tiempo incierto de internamiento en un centro de detención, hasta obtener una deportación casi segura.
Angela de Cima, jefa de la oficina de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés), confirmó en entrevista con Newsweek en Español que las solicitudes de ingreso a Estados Unidos por parte de inmigrantes de origen haitiano se incrementaron de forma considerable durante todo el año en curso. A finales de agosto se sobrepasaron los 4000 expedientes de personas “inadmisibles”, mientras que en todo el año anterior no alcanzaron los 300. “Recientemente, hemos visto un aumento en el número de haitianos que llegan sin documentación a Estados Unidos, así que las solicitudes están siendo procesadas una por una”. La CBP procesa a todas las personas que no se ajustan a los criterios para entrar legalmente en el país, y las somete a una causa de expulsión bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Muchos migrantes carecen de documentación que avale su ciudadanía haitiana, e incluso la ocultan por temor a una deportación mientras atraviesan México. “Durante el viaje a través de América Latina, muchos haitianos reclaman la ciudadanía de algunos países africanos de habla francesa para evitar la repatriación a Haití en el lado mexicano de la frontera. Sin embargo, se presentan a la CBP con su verdadera identidad y ciudadanía, incluso si no tienen un estatus legal que les permita entrar en Estados Unidos”.
Christian Ramírez, investigador integrante de la organización californiana de defensa de derechos humanos Alliance San Diego, explica que los ciudadanos haitianos estaban recibiendo un amparo humanitario establecido de forma especial por Estados Unidos debido al terremoto sufrido por el país caribeño en 2010. Con este acuerdo, similar al establecido con los migrantes cubanos, venezolanos y vietnamitas, podían acceder a ciertas prestaciones federales y obtener de forma relativamente sencilla un visado de trabajo con el cual integrarse legalmente en el país.
“Esta había sido la práctica hasta el 22 de septiembre, pero el gobierno estadounidense cambió su política y, salvo contadas excepciones, este amparo fue suspendido y la gran mayoría de los migrantes haitianos están siendo detenidos para su probable deportación”.
Ramírez se refiere al anuncio del secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Jeh Johnson, de retomar las deportaciones de ciudadanos haitianos y de la finalización del acuerdo por el que se han estado otorgando visados humanitarios el próximo 27 de julio de 2017.
Esmeralda Flores, especialista de American Civil Liberties Union (ACLU), en San Diego, remarca que este cambio de política migratoria se traduce en la detención de todos los haitianos que se están presentando en las garitas fronterizas para buscar ser admitidos en Estados Unidos.
“Están siendo detenidos y muy probablemente puestos en procedimientos de expulsión a menos de que estén solicitando asilo”. Además, indica que es muy probable que “sean separados de sus familias durante el periodo de detención”.
Según la información recabada por estas dos organizaciones, la mayoría de los migrantes haitianos que han llegado a la frontera después del 22 de septiembre están siendo llevados a centros de detención, donde permanecerán un tiempo incierto hasta que se procese su deportación a Haití. “El detalle es que no hay gobierno en Haití, y antes del huracán Matthew el país no tenía condiciones de recibir a sus connacionales deportados. Ahora, con la situación catastrófica tras el huracán, es mucho más complicado que pueda recibirlos”, puntualiza Ramírez.
A partir de esta fecha, cualquier persona que se presente en la garita tratando de acceder al país sin visado ni documentación requerida, será retenida en un centro de detención donde se le aplicará una deportación expedita. “Esta es la práctica común que hay en la frontera para cualquier tipo de migrante, independientemente de su nacionalidad. Ahora es mucho más complicado determinar cuál es la situación legal de las personas que ya fueron admitidas en Estados Unidos antes del 22 de septiembre: este cambio de política no afecta a estas 4000 personas, pero estas tampoco podrán acogerse a un amparo humanitario”, explica el experto.
El calor aprieta en un antiguo cine convertido en albergue para cientos de migrantes afrodescendientes. Casa de Rescate al Migrante, Mexicali. Foto: José Pedro Martínez.
EL ORIGEN DE LA DIÁSPORA: TRUMP Y TEMER
La forma en la que han llegado miles de personas a la frontera siguiendo un patrón prácticamente idéntico ha suscitado todo tipo de hipótesis acerca de posibles intereses o injerencias de mafias y estructuras criminales sobre el tránsito de esta numerosa población migrante. Según han relatado los propios migrantes, son sus familiares y amigos que ya se encuentran en tránsito o en Estados Unidos los que les han proporcionado las instrucciones (y, en muchos casos, parte del costo económico) para completar su recorrido hasta la frontera de Baja California.
Se trata de un periplo de unos 10 000 kilómetros, en el que cruzan hasta siete países en avión, autobús o caminando. Algunas zonas son verdaderamente peligrosas o requieren del pago de cuotas exigidas por grupos de delincuentes comunes. Es el caso de los límites de Colombia con Panamá, en la selva del Darién, y de la frontera sur nicaragüense. Este país centroamericano mantiene cerradas sus puertas desde el pasado noviembre, lo que obliga a los migrantes a rodear el país integrándose clandestinamente en él por las zonas montañosas, donde necesariamente deben pagar a un coyote que los conduzca a Honduras. En este camino hay mujeres que han sufrido abusos sexuales, y son comunes los asaltos a mano armada así como los ataques violentos.
Aunque se han realizado diversas operaciones policiales contra redes de tráfico de personas a pequeña y mediana escala en, prácticamente, todos los países del recorrido (Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica), no puede afirmarse que exista un interés particular por parte de una organización en concreto en impulsar este flujo migratorio. Se trata, al parecer, de un fenómeno multiplicado por el “boca a boca” entre los propios migrantes y sustentado en una importante falta de información.
Wilton Metelus, activista haitiano por los derechos de los afrodescendientes en México y presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, explicó que los haitianos que están llegando a la frontera de Baja California no salieron de su país, sino principalmente de Brasil y, en menor medida, de Ecuador, Chile, Venezuela y Bolivia. “Después del terremoto, los gobiernos de esos países ofrecieron asilo a los haitianos y Brasil fue el principal país receptor de población haitiana”.
Según explica el activista, el presidente Lula da Silva impulsó un proyecto social para ayudar a todos los inmigrantes haitianos que estaban llegando al país tras el terremoto de 2010, así como la acogida de cientos de refugiados de diversos países africanos. Con el inicio de los preparativos para el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, las autoridades brasileñas facilitaron el ingreso en el mercado laboral de casi la totalidad de los recién llegados.
Esta política fue continuada por el gobierno de Dilma Rousseff, “pero después del golpe de Estado, el gobierno interino presidido por Michel Temer está recortando todos los programas sociales. Esto, sumado a la falta de fuentes de trabajo por la llegada de la crisis económica, empuja a miles de haitianos a abandonar Brasil buscando ingresar en Estados Unidos”.
Los migrantes haitianos que llevaban cuatro o cinco años trabajando en el país carioca y enviando dinero a sus familias en Haití, El Congo, Somalia, Ghana o Angola vieron mermados de manera drástica sus salarios. Su única opción se convirtió en alcanzar Estados Unidos atravesando México y casi todo el continente. “Los haitianos que están en Haití no tienen dinero para pagar este viaje, y sabemos bien que las personas que están saliendo de Brasil lo hacen porque han podido ahorrar algo de dinero, y ahora lo están pagando a coyotespara llegar. Es un fenómeno moderno”, puntualiza Metelus.
Además, el activista cree que la amenaza de una posible victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, así como la finalización del acuerdo humanitario entre Estados Unidos y Haití fechado para el siguiente mes de julio, ha propiciado que los trabajadores haitianos y afrodescendientes intenten integrarse en la Unión Americana. “El discurso racista del candidato republicano y su propuesta de cerrar las fronteras es una amenaza para los migrantes que están decididos a buscar una mejor vida en Estados Unidos”.
Metelus coincide con la opinión de los migrantes entrevistados a pie de calle al afirmar que no hay expectativas de futuro en Haití. “Seis años después del terremoto casi no hay cambio. La reconstrucción ha sido insuficiente, y ahora está mucho peor tras el paso de Matthew. Hay más de 50 000 personas que viven en campamentos, y una crisis política que se ha reflejado en la repetición de las elecciones hasta por tres veces (las que estaban programadas se suspendieron por el huracán).
“El gobierno de Haití no ha construido universidades ni ha levantado los edificios que cayeron. Hay una gran crisis en el campo porque los pequeños productores no están recibiendo apoyo ni orientación por parte de la Secretaría de Agricultura. Hubo un acuerdo entre los países amigos de Haití, pero en este periodo solo hay tres que cumplieron este compromiso: Brasil, Noruega y Australia. Así que creo que este es un buen momento para que la comunidad internacional retome el tema de Haití”. La epidemia de cólera, relacionada con la presencia de cascos azules en la isla (que llegaron tras el golpe de Estado de 2004), está creciendo tras el huracán. “Ahora hay mucha más pobreza porque Haití es un país que no produce nada y aproximadamente el 75 por ciento de su presupuesto depende de la ayuda exterior. No hay vida en Haití”.
El coro religioso de la Casa de Ayuda Alfa y Omega, en el centro de Mexicali, anima las misas en las que agradecen a Dios por haber llegado a la frontera. Foto: José Pedro Martínez.
EL FINAL DEL VIAJE: UN CENTRO DE DETENCIÓN
La Suprema Corte estadounidense estableció que un detenido no puede permanecer de manera indefinida en un centro de detención migratorio, ya que las violaciones a las leyes migratorias en este país no son de índole penal, sino faltas administrativas. Esto significa que los migrantes que están arribando actualmente a la frontera no pueden permanecer detenidos por más de seis meses. El mismo Jeh Johnson anunció este martes que se suspenden temporalmente las deportaciones anunciadas hace una semana (sin indicar durante cuánto tiempo), pero que se mantiene hasta el 27 de julio de 2017 el final del acuerdo por el que conceden visados humanitarios a ciudadanos haitianos.
Christian Ramírez explicó a este medio que en Estados Unidos no se permite a las ONG visitar los centros de detención, pero que abogados pertenecientes a su organización han podido entrar en algunos de ellos recientemente. “Aunque no hemos podido obtener una contabilidad de las personas que se encuentran recluidas, hemos solicitado esa información al gobierno federal, pero hasta el momento no nos han compartido los datos. Podemos deducir que si la CBP continúa procesando unas 50 personas diarias por cada garita, el número rebasará los miles de personas muy pronto”.
El investigador de Alliance San Diego afirma que no existen suficientes celdas en el área de San Diego para albergar a tal cantidad de personas. “Los flujos migratorios no se han reducido, y si teníamos unas 4000 personas que habían ingresado hasta agosto, es evidente que para finales de este año, o antes, el cupo en los centros de detención que están en el Condado de Imperial va a estar al máximo”.
Dada la suspensión temporal de las deportaciones a Haití, se sospecha que muchos de los haitianos serán trasladados a centros de detención distribuidos en varios puntos del país. “En la frontera no existen suficientes celdas”.
Los migrantes permanecen constantemente pegados al celular, tratando de mantener el contacto con los familiares que vienen en camino o con los que dejaron en sus países de origen. Foto: José Pedro Martínez.
NI REFUGIADOS NI ASILADOS: DESPLAZADOS
Siempre ha existido un flujo importante de solicitantes de asilo procedentes de varios puntos del planeta que llegan a la frontera de California: un promedio de unas 50 personas diarias, sin contar a los solicitantes mexicanos, que oscilan entre 50 y 75 diarios. Así lo refiere Christian Ramírez, quien añade que “en este lado de la frontera no hemos visto un número considerable de migrantes de origen africano, pero hay un recurso que es el asilo político al que se puede acoger cualquier persona que sufra persecución en su país de origen. Estas personas son entrevistadas por un juez de migración para determinar si efectivamente es necesario otorgar el asilo. Sin embargo, no existe ninguna ley que permita la entrada al país si no puede justificarse esta situación”.
Los migrantes que han permanecido algún periodo de tiempo en Brasil o algún otro país latinoamericano de acogida tras el terremoto de 2010 se encuentran en un limbo legal: no son refugiados en el sentido tradicional del concepto, ni tampoco son solicitantes de asilo político porque no sufren persecución en los países en los que gozan de una estancia legal. Se trata de una población desplazada desde hace seis años que se encuentra repartida por todo el hemisferio, por lo que no existe una normatividad vigente que sirva para atender su delicada situación.
“Nunca se había visto algo así, con esta gravedad, y que además se ha venido agudizando debido a las respuestas lamentables por parte de algunos gobiernos de América Latina, empezando por República Dominicana, donde una gran mayoría de haitianos fueron a buscar refugio tras el terremoto”, indica Ramírez. El gobierno dominicano llegó a realizar una modificación de su Constitución para privar de la nacionalidad a los hijos de los haitianos nacidos en territorio dominicano, creando un clima de confrontación y hostilidad entre la población de este país vecino. “Desde ahí se ha encadenado una política de persecución a esta población desplazada y el boomerang ha llegado a la frontera de Estados Unidos con México”.
Para poder ingresar en Brasil legalmente, muchos migrantes africanos adquieren un visado de trabajo que les cuesta unos 1500 dólares. Esto juega en contra de ellos a la hora de solicitar asilo o refugio, pues si sufrían algún tipo de persecución en sus países de origen, encontraron un país seguro donde permanecer legalmente. “Este es el problema: hay una urgente necesidad de atender la situación de dignidad de estas personas pero… no existen las leyes que protejan a este flujo de migrantes, que tiene que ver con la situación política y social del siglo XXI. Las políticas migratorias de este país (Estados Unidos) están todavía adaptadas al anterior siglo y no han sido modernizadas para atender la movilidad humana actual. Claro está, la población más vulnerable de este hemisferio es la primera en pagar las consecuencias”, indica el investigador.
Casi la totalidad de los migrantes haitianos y africanos entrevistados por Newsweek en Español desconocen la legislación estadounidense y los procedimientos para poder entrar en el país. Al cuestionarles sobre un posible rechazo al tratar de ingresar, no muestran más que una leve mueca de preocupación.
La voluntaria Paulina Olvera coincide en afirmar que no tienen muy preparados sus casos y que tampoco contemplan no ser admitidos. “Cuando les preguntamos qué harían en caso de que no los dejen entrar en Estados Unidos, pues ellos no tienen otro plan”.
Abogados de ACLU están impartiendo talleres en la Casa del Migrante y el albergue de la Madre Assumpta sobre cómo solicitar asilo político en Estados Unidos, así como ayuda para preparar sus casos. “Yo creo que algo que podemos hacer es informarles de las alternativas que tienen y de las probabilidades de obtener un asilo. Qué recursos tienen una vez en suelo estadounidense, pero también que consideren solicitar refugio en México. Pero no pueden hacerlo si no expresan su deseo de hacerlo, mas hay que ofrecerle opciones porque no tienen muy claro lo que van a hacer si su solicitud de entrada a Estados Unidos es rechazada”, señala Olvera.
El activista haitiano Wilner Metelus visitó los albergues de la capital de Baja California, y comprobó de primera mano las difíciles condiciones en las que permanecen sus “hermanos”. Foto: José Pedro Martínez.
ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL: NODAL
Wilner Metelus ha visitado los albergues de Mexicali y Tijuana y sostenido reuniones con funcionarios de los tres niveles de gobierno. Esta misma semana ha logrado el compromiso de Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que las autoridades migratorias y policiales permitan la permanencia en el país de los migrantes haitianos y africanos cuyos permisos de permanencia temporal hayan expirado. Sin embargo, su preocupación sigue centrándose en la atención que están recibiendo sus hermanos afrodescendientes en los albergues.
“He visitado varios albergues y he visto a centenares de personas que están viviendo en condiciones infrahumanas. En los albergues ya no caben personas. A parte de eso, las condiciones de higiene son horribles y no hay un control regular sobre las mujeres embarazadas. Hay niños de cinco meses, cuatro años, incluso hay algunos niños que nacieron en el camino o ya en México”, lamenta.
Paulina Olvera, voluntaria desde 2013 en varias organizaciones de ayuda y defensa de la población migrante en Tijuana y San Diego, empezó en septiembre su labor con migrantes haitianos y africanos. “Desde que llegaron en mayo fuimos a visitarlos al desayunador del padre Chava y también a levantar algunas entrevistas; pero no fue hasta mediados de mes cuando se desbordó la situación y vimos la necesidad de participar más activamente, convocando a la ciudadanía a solidarizarse y participar en la ayuda”. Afirma que los albergues de la ciudad fronteriza están saturados y que su funcionamiento depende directamente del apoyo de la sociedad civil.
Particularmente en el que ella colabora, “notaba en un inicio la presencia de un mayor número de hombres, pero después empezaron a haber más familias. Ahorita hay muchas más mujeres: 240, además de otros 90 niños y unos 90 hombres”. Antes de esta crisis, el desayunador del padre Chava tenía cupo para 80 personas, y no funcionaba como albergue. Su principal función dejó de ceñirse a ofrecer la primera comida del día para los migrantes mexicanos y centroamericanos en tránsito y en situación de calle: ahora ofrece regaderas, hospedaje y dos comidas al día a este grupo de migrantes afrodescendientes.
Aunque las cifras del INM indican que hay poco más de medio millar de usuarios de estas instalaciones de acogida temporal, lo cierto es que el ayuntamiento de Tijuana habilitó durante esta semana tres iglesias para ser utilizadas como albergues, y solamente en el desayunador donde colabora Paulina hay más de 400 personas. “Una está en Playas de Tijuana y otros dos en la colonia Libertad, pero estas iglesias no cuentan con infraestructuras adecuadas ni con los recursos necesarios, así que dependen al 100 por ciento de las donaciones y el trabajo de la sociedad civil”. Los albergues visitados por este medio, tanto en Mexicali como en Tijuana, también sugieren una ocupación mucho mayor. La voluntaria considera que se debe decretar crisis humanitaria ante la incapacidad del estado para llevar la situación.
“La dirección municipal de atención al migrante que se creó en mayo precisamente por esta coyuntura no tiene mucho presupuesto y ya se ha visto rebasada. Lo que están haciendo es llevar un conteo de los albergues, ver las necesidades y coordinar la ayuda que viene de la ciudadanía, pero en realidad los coordinadores de los albergues no están conformes. Incluso antes de esta crisis los recursos ya eran insuficientes. Más bien es la sociedad la que está asumiendo el papel que le toca al gobierno, y el gobierno solo está gestionando la ayuda que viene. Por ejemplo, han destinado algunos transportes a los centros de acopio que se han establecido en Tijuana y Ensenada, pero más bien debería ser al revés: nosotros deberíamos estar apoyando su trabajo. Organizaciones religiosas, asociaciones y ciudadanos son los que se han movilizado”, explica.
Las principales necesidades de los albergues son comida no perecedera, artículos de higiene personal y ropa, aunque también es de suma importancia la incorporación de más voluntarios, pues ya se está sobrepasando la capacidad de los que actualmente están colaborando. Por otro lado, Olvera indica que también es necesario ofrecer actividades ocupacionales a los migrantes que les sirvan de terapia. “Tener algo que hacer durante el día, además de atención médica y psicológica”.
A raíz de la creación de un comité de ayuda, los voluntarios establecieron dos grupos de acción basados en sanidad y arte. Un grupo de artistas y psicólogos imparten talleres en varios albergues, como clases de dibujo y pintura, actividades para los niños y baile. Además, la Orquesta Sinfónica de Baja California ofreció algunos “conciertos de buenas noches” en el desayunador una vez que se apagaron las luces. “Tocaron música muy suave con la intención de que los migrantes pudieran conciliar el sueño. La comunidad artística se ha abocado a darles atención”, comenta orgullosa Paulina.
Wilner Metelus, por su parte, lamenta algunas muestras de intolerancia que se han producido por parte de representantes públicos. Es el caso de la regidora priista Martha Rubio Ponce, que tildó de “vendedores de droga” a los migrantes afrodescendientes, y del diputado panista Max García, quien señaló que la mayoría de estas personas “tenían dinero y se estaban aprovechando de los ciudadanos”. También el senador Marco Antonio Blásquez, quien fue postulado por las izquierdas partidistas, se pronunció a favor del reforzamiento de las fronteras y del endurecimiento de las leyes migratorias mexicanas, con el objetivo de evitar que las ciudades bajacalifornianas se conviertan en “estaciones migratorias”.
Por su parte, una cincuentena de legisladores estadounidenses de los partidos demócrata y republicano, representantes de 20 estados, han apoyado una iniciativa de la congresista Frederica S. Wilson de promover una carta pública dirigida al presidente Barack Obama mediante la que instan a su gobierno a reconsiderar la decisión de expulsar a los haitianos indocumentados de regreso a su nación, debido a los problemas por los que atraviesa el país más pobre de América tras el paso de Matthew:más de 1000 muertos, daños en las principales infraestructuras del país y brotes de cólera en las principales zonas afectadas.