Un periodista boliviano se retractó por orden judicial, otra fue obligada por un tribunal de ética a rectificarse. En medio de una larga batalla con algunos medios, el presidente Evo Morales asegura que “otro periodismo que informe la verdad, es posible”.
El periodista Humberto Vacaflor, un epítome en la profesión, tuvo que desdecirse por orden de un juez tras afirmar en una entrevista de TV que Morales fue uno de los autores intelectuales del asesinato de un policía antidrogas y de su esposa en el año 2000.
“Me retracto, me recontrarretracto, ¿qué puedo hacer?, el sistema es tan poderoso”, dijo Vacaflor en la radio luego que un juez le diera un plazo de cinco días para hacerlo.
“Creo que es obvio que tenga que retractarme, el sistema es muy fuerte”, insistió. Él asegura que cuando comentó el hecho, únicamente aludió a una publicación del año 2003, en la que unos testigos acusaron al hoy presidente, en ese momento dirigente y parlamentario.
Morales, que se declara víctima de algunos medios, escribió después en su Twitter: “Mentir y robar es algo indigno para el ser humano. Otro periodismo que informe la verdad, es posible”.
Crítico mordaz de Morales, Vacaflor, de 73 años, exilado en las dictaduras militares de Hugo Banzer (1971-78) y Luis García Meza (1980-81), dijo que por su edad “ahora no tengo la fuerza para seguir luchando contra los todopoderosos del actual Gobierno”.
La retractación de Vacaflor, antiguo dirigente de varias organizaciones de la prensa, sacudió el ambiente. “Eppur si mouve bien por Vacaflor”, parafraseó a Galileo el politólogo Carlos Cordero, también crítico de Morales, quien llegó a la presidencia en 2006 y ha sido reelegido dos veces.
El hecho de que Vacaflor haya sido sometido a la justicia ordinaria es “sin duda, un mal precedente para los periodistas”, reaccionó el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Nelson Martínez, que recordó que estos casos deben ser juzgados por una Ley de Imprenta de 1925.
Cártel de la mentira
En otro caso, el independiente Consejo Nacional de Etica Periodística ordenó a las periodistas Amalia Pando y Roxana Lizárraga, a rectificarse de una información, atribuida a una fuente reservada, que aseguraba que la ministra de Salud, Ariana Campero, estaba embarazada de otro ministro casado y que, por tal, la esposa del aludido provocó un escándalo en la Casa de Gobierno. La versión resultó falsa.
Pando, fuerte cítica de Morales, consideró el fallo de justo, mientras que la ministra Campero se limitó a pedir a las comunicadoras “un cambio de actitud y disculpas a mi persona”.
Quien no dejó pasar la oportunidad fue el vicepresidente Álvaro García, blanco también de críticas de algunos medios, a los que llama ‘cártel de la mentira’. “Se ha restablecido el equilibrio, y la verdad se ha impuesto frente a la mentira”, dijo en conferencia de prensa.
En junio, dos medios de difusión y dos periodistas de Bolivia pidieron al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas una visita al país de un relator especial, precisamente porque el gobierno los acusa de conformar un “cártel de la mentira”.