La presión del sector empresarial y sociedad civil para modificar el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, referente al contenido de las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal, conocida como #Ley3de3, no impidió que los legisladores votaran en contra de la solicitud social al rechazarla con 228 votos, pese a que 209 votaron a favor, en la sesión que culminó pasadas las 22:00 horas del jueves.
Tras la decisión del Congreso, la ley mantiene la premisa de que las declaraciones serán públicas “excepto los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”, tal y como se aprobó en el Senado el miércoles.
La decisión de los legisladores pasa por alto la solicitud de organizaciones civiles para que las declaraciones públicas de los servidores públicos tengan sean presentadas con los formatos propuestos en la plataforma de la iniciativa ciudadana #Ley3de3 , misma que ha sido adoptada por cerca de 700 funcionarios públicos de manera voluntaria.
El diputado de MC, Jorge Álvarez saca una pancarta durante su participación en la sesión en la Cámara de Diputados en donde se discutió el Proyecto de a Decreto del Código Penal Federal en materia de Anticorrupción.
FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO
ONGs inconformes
Organizaciones civiles pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano, cambiar el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, conocida como #Ley3de3, para que las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses sean públicas, y eliminar la parte del artículo 32 que obliga a las personas que reciban recursos públicos a presentar estas declaraciones.
A decir de Max Kaiser y Juan Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de Marco Fernández México Evalúa, de Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana, de Mauricio Merino de la Red por la Rendición de Cuentas, entre otros firmantes, modificar el artículo 29 permitirá generar “obligaciones comunes en los tres niveles de gobierno y facilitaría la labor del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción”.
La madrugada del miércoles, el pleno del Senado aprobó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las siete que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
La oposición denunció que se aprobó una versión “light” que incluyó un adendum al artículo 29, donde se señala que “las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
También se presentaron adiciones al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que significaría que cualquier persona que reciba recursos del gobierno o sea proveedor también deberá presentar las declaraciones.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró este día que resulta excesiva la inclusión de una disposición por la cual las personas físicas y morales que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deban presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, sobre todo cuando los servidores públicos podrán cumplir a discrecionalidad con esta norma.
Para el sector empresarial esta inclusión a la Ley General de Responsabilidades Administrativas “resulta excesiva, inadecuada a los fines de prevenir y sancionar la corrupción, y completamente inaplicable en la práctica”.
En ese sentido también se expresaron los integrantes de la sociedad civil que enviaron la carta al presidente de la Cámara Baja. Consideraron que esta medida “carece de viabilidad técnica, obstaculiza el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción”.
Las organizaciones civiles dijeron que con este artículo no sólo políticos y empresarios proveedores del gobierno presentarían la 3de3, también “implica, por ejemplo, que aquellos estudiantes que reciban becas a través del CONACYT, o los beneficiarios de programas para adultos mayores, tendrían que presentar estas tres declaraciones”.
“Consideramos que esta disposición es un contrasentido. El gobierno ya cuenta con un sistema de información suficiente sobre los ciudadanos -sus declaraciones fiscales- y por el mandato de sus funcionarios y representantes, es el gobierno quien debe rendir cuentas a la soberanía”, dice la misiva.
Aunque reconocieron la labor de los senadores, pidieron a la colegisladora, la Cámara de Diputados, corregir estos puntos confiando que “honrarán su compromiso como representantes de la ciudadanía”.
Un centenar de empresarios se reunieron esta tarde en el Ángel de la Independencia para pronunciarse sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas que aprobó el Senado de la República. Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), leyó un pronunciamiento en el que pidió un Sistema Nacional Anticorrupción “con dientes” que realmente castigue y erradique este problema.
“Hoy, como decía, los mexicanos reconocemos el avance, pero no estamos satisfechos. Hemos logrado mucho, eso sí, en la lucha contra la corrupción. Es la lucha de luchas porque es el principal mal que afecta a los mexicanos. Pero esta es una tarea larga en la que necesitamos la participación de todos unidos en contra de la corrupción”, dijo Hoyos Walther.
El presidente de la Coparmex dijo que la cruzada contra la corrupción apenas comienza ya que una vez finalizado el proceso legislativo está la tarea de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción en los estados “para que sea una realidad, para que se apliquen las leyes y que no quede en letra muerta”.
“Luego del gran paso que hemos dado, llegamos apenas a nuestro punto de arranque, pero que quede claro: no hay vuelta atrás. La ruta contra la corrupción que los mexicanos hemos emprendido no tiene punto de retorno. Nosotros, desde la Coparmex, seguiremos haciendo lo que nos corresponde, participando como parte de la sociedad civil en el logro de este objetivo. Lo más relevante de este momento histórico es que los mexicanos nos hemos demostrado el verdadero cambio que está en nosotros mismos”, dijo Hoyos Walther.
Ley 3de3 con “claroscuros y omisiones”
La Ley General de Responsabilidades Administrativas que aprobó el Senado de la República tiene “claroscuros” y “omisiones”, ya que aunque presenta avances, también deja de lado puntos nodales como es el referente a la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés de los funcionarios públicos, opinaron expertos en transparencia e integrantes de organizaciones sociales que impulsaron esta iniciativa ciudadana conocida como la Ley 3de3.
“Por un lado hay avances al definir el catálogo de faltas administrativas graves… Se establecen también algunos mecanismos para poder castigar la corrupción cometida por los agentes privados. En ese sentido me parece que sí hay un avance. Sin embargo, hay puntos que sí son importantes y que se dejaron de lado. Sobre todo el temas más visible tiene que ver con la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés”, dijo en entrevista Marco Fernández, profesor de la escuela de gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa.