La sociedad civil ve un “tufo de revancha” en el texto que añadió en el Senado de último momento al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la Ley 3de3, el cual, alertó, afecta al conjunto de la sociedad y en especial a las personas con menores recursos.
De acuerdo con el artículo 32 de la minuta de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las siete que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobada por el Congreso, todas las personas que trabajen para empresas que reciban un pago del gobierno tendrán que presentar sus declaraciones patrimoniales y de interés.
La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza explicó que con esta disposición las 6.1 millones de titulares beneficiarias del Programa Prospera, incorporadas a este programa por su condición de pobreza con el fin de mejorar su alimentación, salud y la educación de sus hijos, estarían obligadas a presentar ambas declaraciones ante el Órgano Interno de Control de la Coordinación del Programa.
“Esto es muy absurdo porque estamos creando un Sistema Nacional Anticorrupción para los que manejan poder y recursos, la ciudadanía tiene otras maneras de reportar. Yo creo que los senadores cometieron un gravísimo error en una lógica que no se entiende, que, por las declaraciones que han hecho algunos de ellos, tienen como un tono de revancha”, dijo en entrevista para Newsweek en Español Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana.
Cuestionado si se trató de una venganza, como lo han manifestado desde el sector empresario, dijo que los legisladores pensaron que en quienes promovieron la iniciativa. “Pensaron que con esto afectaban a los empresarios, pero lo que nosotros estamos diciendo justamente es que a quienes afectan más es a toda la gente y sobre todo a los más pobres”.
“Según lo que se aprobó en el artículo 32, estarían obligadas estos 6 millones de titulares [del programa prospera] a presentar su declaración patrimonial y de intereses. Es como muy absurdo porque además no tiene nada que ver con la corrupción. Pero eso dice la Ley. Ese es el problema, suena muy absurdo y es totalmente inoperable, pero así dice la ley”, detalló.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió el día ayer un comunicado en el que calificó como excesiva la inclusión de esta disposición sobre todo cuando los servidores públicos podrán cumplir a discrecionalidad con esta norma con el cambio hecho al artículo 29 de la legislación, donde se señala que “las declaraciones patrimonial y de intereses serán públicas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
En ese sentido también se expresaron el día de ayer integrantes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa, Transparencia Mexicana y la Red por la Rendición de Cuentas, entre otros organismos, que esta medida “carece de viabilidad técnica, obstaculiza el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientas orientadas a la prevención y detección de actos de corrupción”.
Beneficiarios del programa Prospera en Ecatepec, Estado de México. Foto: Cuartoscuro.
Acción Ciudadana indicó a su vez que también los 5.5 millones de adultos mayores de 65 años que reciben la pensión de SEDESOL y los más de 700,000 titulares beneficiarias del Programa de Apoyo Alimentario (PAL), que reciben transferencias monetarias bimestrales, asociadas a su condición de pobreza, quedan obligadas a presentar ambas declaraciones con la nueva Ley ya aprobada en la Cámara de Diputados. Lo mismo sucede con los beneficiarios de otros muchos programas en las Secretarías de Agricultura, Economía, Hacienda, las becas de la SEP y CONACYT.
“Esto por supuesto será inoperante, pero sobretodo es una medida sin sustento que enturbia y polariza lo que representa un gran avance que puede transformar a nuestro país. Además esta disposición puede afectar gravemente la operación de la política social en su conjunto y dañar a quienes viven en condición de pobreza y rezago social”, dijo la organización en un comunicado de prensa.
Pese a la inconformidad que generaron el contenido de este artículo y del 29, el cual se centra específicamente en la publicidad de las declaraciones de los funciones públicos, la Cámara de Diputados avaló la Ley en los mismos términos en que llegó del Senado.
En ese sentido, Gómez Hermosillo consideró “que se legisló tan al vapor y con ánimo de revancha tan grande que la redacción resultó en un absurdo. O sea yo creo que tenían en su cabeza a las organizaciones empresariales”.
“Crearon una situación legal absurda”, agregó.
Refirió que pese a ello todo lo que pasó con el Sistema Nacional Anticorrupción es un triunfo de toda la sociedad y de todos los actores políticos. No obstante consideró que la disposición del 32 y también el cambio que se hizo al 29 son “dos cuestiones muy específicas, muy graves, muy serias”.
“Este tufo de revancha es como tener un gran monumento para un cambio grande en el país y echarle lodo nada más por el gusto de hacerlo”, opinó.