El gobierno
de Bolivia acusó a la empresaria Gabriela Zapata, ex novia del presidente Evo
Morales, de encabezar una “organización criminal” que operó desde
2009 en Argentina, Brasil, Paraguay y Panamá.
“Se
trata de una organización criminal, no es un episodio aislado (…), estamos
frente a una organización criminal que ha tenido la capacidad de articular
personas, de utilizar entidades públicas, de planificar los delitos, de
ejercitar chantaje, extorsión y de lograr beneficios económicos”, dijo en
conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Gabriela
Zapata está encarcelada en una investigación por enriquecimiento ilícito.
La ex pareja
del mandatario boliviano saltó a las páginas de la prensa luego que en febrero
se dijera que era madre de un hijo de Morales, lo cual abrió la sospecha de la
existencia de tráfico de influencias de parte del mandatario, situación
descartada esta semana por una investigación del Congreso, de mayoría
oficialista.
Esta semana,
la justicia de ese país dictaminó la “inexistencia física comprobada”
del menor.
Este viernes
el ministro Juan Ramón Quintana acusó a Gabriela Zapata de encabezar una
“organización criminal” e involucró en el caso a Cristina Choque,
exdirectora de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, y
amiga de Zapata, además de otras tres personas.
El grupo,
según Quintana, se habría beneficiado de negocios con el Estado, que no
especificó.
Se trata, dijo,
del “caso más escabroso de los últimos años”.
En tanto, el
presidente Morales publicó en su cuenta de Twitter: “Tráfico de
influencias, mentira. Sobre el hijo, mentira. La derecha es experta sólo para
la mentira. La oposición sólo perjudica a la nación”.
Por su
parte, el abogado de Zapata, Eduardo León, dio plazo hasta el 31 de mayo para
que presente pruebas.
“No
solamente le hemos sugerido se deba hacer público esto [del hijo] sino también
las pruebas que tiene, porque así como la población está cansada, todos nos
cansamos de que esto se vaya a convertir en capítulos sin fin”, señaló León.
El asunto
saltó a la luz pública poco antes del referendo del 21 de febrero, en el que
los bolivianos debían decidir si Morales podía postularse a un cuarto mandato
(2020-2025).
El
mandatario, en el poder desde 2006, perdió la consulta, su primera derrota en
las urnas, y consideró que el manejo que la oposición hizo del caso del
supuesto niño incidió en su derrota.