Medios internacionales como el
diario español El País han apuntado que la diplomacia mexicana se volcó en
atención al caso del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien había
sido apresado en una cárcel española donde pasó una semana. Los cargos que
pesaban sobre el político eran lavado de dinero, malversación de fondos
públicos, cohecho y organización criminal.
Ese trato, sin embargo, no se da a todos los mexicanos presos
en el extranjero. Las llamadas directas de la Procuradora de Justicia mexicana
con su homóloga española, la búsqueda de los mejores abogados y atención a la
familia, e incluso algo tan protocolario como la intervención de la Secretaría
de Relaciones Exteriores no pasan en todos los casos en los que un connacional
se encuentra en una situación delicada en el extranjero.
Gonzalo Contreras Rincón, de 29 años
y originario de Querétaro, lleva tres años preso en la cárcel de Aranjuez en
Madrid. Ese centro penitenciario es uno de los “más duros de ese país”. Su
madre denuncia que no ha recibido ayuda de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
“Me da una rabia terrible, porque comprueba que hay
corrupción, impunidad y que en México las leyes, por más buenas que sean, no
sirven de nada. Las influencias en México mueven al mundo, si no tienes
influencias o conocidos en México puedes ser la persona más inocente y te
sigues pudriendo en la cárcel” dijo a Sin
Embargo Iliana Rincón, madre de Gonzalo.
Foto: Facebook
La detención de Gonzalo
Además de su detención, al mexicano
se le impuso una multa de 4 millones de euros, lo equivalente a 79,947,448
millones de pesos. Según Rincón,
en el caso de su hijo fue violado su derecho a la presunción de inocencia. En
2015 pidieron ayuda al gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, pero de este
“no hubo ningún interés real”.
La carta con copia a la Secretaría de
Relaciones Exteriores sí devino en una mejoría en el estado de Gonzalo: después
de la respuesta donde se le informaba a su madre que se conocía del caso y que
este sería dispuesto a la Oficina de Protección a Mexicanos en el Exterior, el
“cónsul” visitó a Gonzalo en la cárcel y le entregó, por petición suya, un
libro de Octavio Paz. Después de eso no volvió.
En el caso de Humberto Moreira, dese
su aprehensión los integrantes de la embajada de México en España recibieron
órdenes de volcarse a la resolución de esa situación. La petición al gobierno mexicano en el caso de Gonzalo
Contreras fue concreta: que este verificara que el proceso se hubiera llevado a
cabo conforme a derecho y que no hubieran intervenido prejuicios raciales.
“Pero no tuvimos ninguna ayuda. Ningún interés real. En el
caso de mi hijo fue violado su derecho a la presunción de inocencia”, afirmó la madre de Gonzalo.
Según Rincón, la sentencia fue justo
por ese motivo: a Gonzalo lo sentenciaron por “ser mexicano”. Él residía en España donde había
cursado licenciatura en Comercio Internacional y una maestría en Comercialización
de Vinos y Licores. En su trabajo de importación de mármol, uno de los
cargamentos había un cargamento de cocaína. Había sido Gonzalo el encargado del
papeleo.
“Mi hijo es acusado sin pruebas,
sentenciado a nueve años de prisión por ser mexicano. Eso fue su peor enemigo,
ser mexicano lo hundió. A pesar de que hubo 16 testimonios a su favor, que
declararon que el negocio era legal y que desconocía que había drogas adentro
del material importado, para los jueces no podía haber un mexicano joven, que
no fuera narco”, continuó diciendo la madre del mexicano.
El número de mexicanos presos en el país europeo ha
aumentado exponencialmente desde que se inició la guerra contra el narcotráfico
en México. De cinco pasó a 300. De
esos, el 98% está relacionado a delitos contra la salud.
También
los deportan
Mexicanos residentes en España también son
deportados sin que los abogados puedan presentar pruebas. Ese es el caso de
Juan Gabriel, quien desde hace 9 años vivía en aquel país y que fue deportado
en un procedimiento exprés por pasarse un semáforo con su bicicleta.
Al ser aprehendido por policías españoles estos
dieron cuenta de su “situación irregular”, pues tenía una orden de expulsión.
Pero pasaron por alto el trasladarlo a un centro de Internamiento de
Extranjeros para que sus abogados pudieran demostrar que ahora tenía arraigo en
España.
El gobierno de Mariano Rajoy ha multiplicado el
número de deportaciones para expulsar a inmigrantes en una situación irregular
en España. Organizaciones No Gubernamentales han denunciado que este método es
más barato y rápido pero que viola procesos y garantías constitucionales.