En lo que va del año, la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro en Hidalgo desarticuló 14 bandas en la entidad: detuvo a 55 personas, informó el procurador de Justica del estado, Alejandro Straffon Ortiz.
Durante su comparecencia ante el Congreso local, el fiscal afirmó que los casos de privación ilegal de la libertad ha disminuido, pues en el último año se registraron 19 (14 están en consignación y cinco en integración), mientras el año pasado el número de este ilícitos llegó a 23, con 18 víctimas.
Por los19 secuestros hubo 27 víctimas; de ellas, 25 fueron rescatadas, recibieron atención médica y psicológica. Dos permanecen privadas de su libertad.
Straffon afirmó que las bandas desarticuladas estaban integradas por personas oriundas del Distrito Federal, Estado de México y Puebla.
El procurador resaltó la carencia tecnológica en Hidalgo para atender este delito, por lo que se han coordinado con unidades antisecuestro de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal, ya que la tecnología es costosa.
En su lectura, informó sobre 16 mil 599 expedientes de averiguaciones previas que turnan en consulta los agentes del Ministerio Público, quienes autorizaron su archivo definitivo.
Durante la comparecencia, Straffon reportó que por conductas incorrectas, como maltratos y corrupción, lo dependencia judicial destituyó a seis servidores: dos ministerios público, dos peritos y dos secretarios, quienes fueron denunciados ante la C0ontraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
Por estas prácticas también hay abiertos 12 procesos administrativos de responsabilidad en agencias del Ministerio Público de Pachuca, Tulancingo y Tula, principalmente. De comprobarse, dijo, los funcionarios podrían ser amonestados o destituidos.
Respecto a la alerta Amber, el procurador especificó que se han activado 45 avisos por extravío: 40 menores fueron recuperados y cinco continúan sin ser ubicados.
Straffon añadió que la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y Periodistas inició siete denuncias que se encuentran en integración por los delitos de lesiones, amenazas y daño en propiedad.