Miembros de la policía federal de México habrían ejecutado
ilegalmente al menos a 11 personas en dos episodios ocurridos este año en el
estado de Michoacán (oeste), denunció el miércoles la organización
estadounidense Human Rights Watch (HRW) en un informe.
Varios testigos de esos sangrientos hechos, en los que
murieron un total de 50 civiles, declararon “haber visto a policías
ultimar con disparos a civiles que no estaban armados, cuando ya habían
concluido los primeros enfrentamientos”, indicó la ONG.
En tanto, “la reacción del gobierno ha consistido en
negar los acontecimientos de uso ilegítimo de la fuerza letal y mostrar a las
víctimas como agresores”, denunció la ONG.
“Ningún policía ha sido consignado” por los hechos
registrados en Apatzingán el 6 de enero, con un saldo de ocho civiles muertos,
y en Tanhuato el 22 de mayo, en el que murieron 42 personas y un policía, se
añade en el informe.
El trágico suceso de Apatzingán sucedió cuando un grupo de
civiles estaba participando en una concentración frente al Palacio Municipal de
esa localidad (de 99 000 habitantes), de los cuales muchos eran miembros de las
fuerzas rurales y hasta 2014 formaban parte de las denominadas
“autodefensas”, creadas para contrarrestar al entonces poderoso
cartel narco Los Caballeros Templarios.
Esa manifestación fue dispersada por un destacamento de
policías que se desplazaban en más de dos docenas de vehículos, prosiguió el
informe.
HRW se basa en las declaraciones de dos testigos, uno de
ellos un sobreviviente identificado ficticiamente como Alejandro, quien recibió
más de seis disparos.
Después de la manifestación unos 100 civiles con palos
fueron a buscar compañeros detenidos cuando su caravana fue bloqueada por
policías, que les empezaron a disparar sin aviso, según Alejandro.
Alejandro sostuvo que después de la balacera, los policías
le “dispararon a dos” civiles “mientras se encontraban en el
suelo intentando resguardarse y luego colocaron armas junto a sus
cuerpos”.
El gobierno sostuvo que los manifestantes atacaron primero a
los policías, pero HRW recibió del mismo gobierno un video de cámaras de
seguridad que muestra que los civiles no estaban armados.
En el caso de Tanhuato (de 15 000 habitantes), 42 civiles y
un policía fallecieron cuando agentes federales efectuaron una redada en un
rancho supuestamente ocupado por una banda criminal.
“Un investigador de derechos humanos”, que
entrevistó a tres detenidos dijo a HRW que “después de la balacera
inicial, varios policías habían ultimado con disparos a personas que estaban
escapando del lugar o estaban bajo custodia policial”.
De las 9 personas ejecutadas por los policías en el rancho,
cinco soltaron sus armas pero aun así los policías “les dispararon por la
espalda” cuando intentaban huir, de acuerdo a los testigos.
Otras siete personas fueron llevados por varios policías al
interior de la hacienda principal “y mataron a cuatro de ellas. Una fue
puesta contra la pared y luego le dispararon; otra recibió disparos en la
escalera; una fue alcanzada por disparos en la espalda mientras escapaba; y
otra fue quemada dentro de una bodega ubicada al costado de la vivienda”,
indicó HRW.
A pocas horas de ese enfrentamiento, el entonces titular de
la Comisión Nacional de Seguridad, Alejandro Monte Rubido, descartó la
posibilidad de que los uniformados hubieran cometido ejecuciones
extrajudiciales, y argumentó que el desigual saldo de civiles y policías
muertos “se debía a la ‘capacitación superior’ de las fuerzas de
seguridad”.
Fuerzas de seguridad mexicanas enfrentan repetidas
acusaciones de abusos.
Siete militares fueron encarcelados por la supuesta
ejecución de ocho civiles en junio de 2014, durante un enfrentamiento con
presuntos secuestradores en el que murieron un total de 22 personas, aunque
cuatro de ellos fueron liberados por falta de pruebas.
(Con información de AFP)