El 26 de septiembre desaparecieron los 43 normalistas de
Ayotzinapa. El 5 de octubre el fiscal Iñaky Blanco Cabrera señaló el hallazgo
de 28 cuerpos calcinados en las fosas clandestinas, e informó que compararían
las muestras de ADN con los normalistas desaparecidos.
Las investigaciones que realizó la Fiscalía ratifican la
participación de integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.
Martín Alejandro Maceda Barrera y Marco Antonio Ríos Berber, ambos integrantes
de ese grupo, confesaron su participación en el homicidio de los estudiantes.
Según su declaración ante el Ministerio Público, estas dos
personas siguieron a los estudiantes que arribaron en autobuses a Iguala.
Cuando llegaron al centro de la ciudad —donde también había policías
municipales— accionaron sus armas en contra de ellos para obligarlos a bajar de
los vehículos y trasladarlos al cerro de Pueblo Viejo.
Esta versión coincide con los testimonios de los normalistas
sobrevivientes que aseguran que los policías “desaparecieron” a sus compañeros.
“Los detenidos contestaron que la instrucción de acudir al
sitio en que se encontraban los normalistas la dio a quien ubican como el que
da las órdenes en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Francisco
Salgado Valladares; en tanto, la instrucción de llevárselos y ultimarlos la
recibieron de un sujeto apodado El Chucky,
integrante y líder de los Guerreros Unidos.
“De acuerdo con los expedientes laborales de los que dispone
el Ministerio Público, conviene precisar que Salgado Valladares presta sus
servicios como policía tercero de la enunciada corporación, por quien la
Fiscalía General realiza las acciones de búsqueda y presentación conducentes”,
dijo el fiscal.
Al contar con esta línea de investigación, las autoridades
iniciaron la búsqueda de los estudiantes el 27 de septiembre, un día después de
los ataques donde murieron seis personas y 25 resultaron heridas, lo que llevó
a la localización —el 4 de octubre— de varias fosas clandestinas en las faldas
del cerro Gordo, en la comunidad de Pueblo Viejo al norponiente de Iguala,
donde hasta ese momento habían sido extraídos 28 cuerpos: “algunos completos y
otros fragmentados, que presentan signos de calcinación”.
En la conferencia de prensa en Acapulco, Blanco explicó que
consignaron a 29 integrantes de Guerreros Unidos, cuatro fueron entregados a la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), de la PGR.
En torno a los homicidios de tres estudiantes, un integrante
de Los Avispones de Chilpancingo, el chofer del equipo de futbol y una mujer,
las autoridades ratificaron que fueron privados de la vida por policías
municipales y sicarios de Guerreros Unidos.
Para corroborar la identidad de los cuerpos hallados, el
fiscal señaló que el proceso tardaría entre 15 días y dos meses, sin embargo no
se han dado a conocer estos resultados.
DECLARACIONES
MINISTERIALES DESESTIMADAS
El columnista y locutor de radio Martín Moreno retomó hoy en
su artículo de Sinembargo las declaraciones de los dos sicarios de Guerreros
Unidos, y por lo que se pregunta ¿por qué no tomó en cuenta la PGR esas
declaraciones?
Y es que, según estas declaraciones, no era factible que los
43 de Ayotzinapa hubieran sido llevados, todos juntos, a Cocula, asesinados,
quemados y esparcidas sus cenizas en un río.
“Yo participé matando
a dos de los ayotzinapos, dándoles un balazo en la cabeza, y no son de los que
quemamos, están enteritos…la forma de matarlos fue ancados (sic) y les
disparamos por un lado de la cabeza”. Declaración de Martín Alejandro Macedo
Barrera, sicario de Guerreros Unidos.
“…El Choky dio la
instrucción que les diéramos piso… a algunos los mataron con el tiro de gracia
y a otros a golpes ya que se pusieron muy violentos cuando estaban
secuestrados, y para que no estuvieran chingando se decidió matarlos; creo que
utilizaron la excavadora para enterrarlos en el mismo rancho que tenemos, a
siete de esos muchachos los quemamos por instrucción del Choky…”, agrega Macedo
Barrera.
“Choky dijo que se iban a jalar para el cerro, fue cuando el
Chino me mandó que fuera a comprar diésel, a la gasolinera de la calle
Zaragoza; como a los veinte minutos regresó con ellos al cerro, arriba de la
colonia Pueblo Viejo para dejarles el diésel; en ese momento el Gaby junto con
Choky ya habían matado a los tres ayotzinapos, les pegaron un tiro en la cabeza
a cada uno…”. Declaración de Marco Antonio Ríos Berber, sicario.
FOTOGRAFÍABAN A SUS
VÍCTIMAS
El programa Punto de
Partida, de Denisse Maerker, tuvo acceso a las fotografías del celular
confiscado a un miembro del grupo
delictivo Guerreros Unidos, en el que se encontraron más de 60 imágenes en las
que el delincuente documentaba sus crímenes.
Las fotografías muestran a personas golpeadas, asesinadas y enterradas en fosas
clandestinas. El celular confiscado pertenece a Marco Antonio Ríos Berber,
identificado como sicario de Guerreros Unidos y detenido por la desaparición de
los 43 normalistas, quien confirmó a la Procuraduría General de la República
(PGR) que él era el dueño del aparato y que lo utilizaba para la macabra
práctica de fotografiar a sus víctimas antes y después de asesinarlas.
Ríos Berber fue el que condujo a las autoridades al hallazgo de una narco fosa
en Iguala, donde la Fiscalía de Guerrero encontró 28 cuerpos con signos de
calcinación.
FALTA ENTREGAR ADN DE
172 CUERPOS HALLADOS EN FOSAS CLANDESTINAS
El director de Prevención del Delito de la Subprocuraduría
de Derechos Humanos de la PGR, Joaquín Torrez Osorno, informó a La Jornada que
hay avances en los procesos de identificación, de los 104 cuerpos exhumados en
fosas clandestinas en el municipio de Iguala, pero no dio el número de restos
que han sido identificados.
Sin embargo, destacó que los cuerpos exhumados de fosas
clandestinas halladas por miembros del comité “Los Otros Desaparecidos de
Iguala”, la PGR ha analizado 75 que están en proceso de identificación.
Apenas la semana pasada, el Comité de Familiares de Víctimas
de Desaparición Forzada “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, envió un oficio
escrito a la PGR para pedir información de los avances de la investigación que
se lleva en conjunto, y urgieron que se entreguen los resultados genéticos de
los restos que están en proceso de identificación.
Torrez Osorno, reconoció que ha sido complicado el caso de
las fosas clandestinas en Iguala y, la exhumación de cuerpos que en varios de
los casos son osamentas, por lo que propuso que una comisión de la organización
se traslade el próximo 28 de septiembre a la Ciudad de México, para que se les
informe de forma detallada el avance en la investigación.
Manifestó que de las zonas aledañas al Cerro Gordo, en
Iguala, fueron recuperados 104 restos humanos o cuerpos, siendo custodiados
para ser trasladados a los puntos donde se les aplican los análisis. Los
cuerpos cuentan con datas (fechas) de muerte que van como mínimo entre los 6
meses, hasta máximo los cinco años, o sea de 2010 a 2015.
También expresó que hasta ahora se han analizado 75 cuerpos,
de los cuales 59 son masculinos, 14 femeninos y dos indeterminados. Los otros
29 están en proceso de estudio. Las edades oscilan, entre los 15 a los 60 años
aproximadamente.
(Con información de La
Jornada, Sin embargo, El Universal, Punto de partida)