La única vez que se presentó ante el pleno del Congreso para ofrecer un recuento de lo hecho en sus quince meses como gobernador sustituto, Salvador Jara fue un mago al que le fallaron todos los actos para generar la ilusión de un estado ascendente. “Lo peor ya pasó”, dijo sin convicción, sembrando de dudas el guión que leía. Al final, el Informe de Gobierno fue lo más parecido a una secuencia de trucos baratos.
“Todo fue una mentira. Ni Michoacán es seguro ni tiene finanzas sanas. Por el contrario, hoy tenemos una recaída tremenda, y el fondo de todo es la corrupción”, dice Heliodoro Gil Corona, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la que Jara fue rector antes de sustituir al priista Fausto Vallejo, quien oficialmente claudicó por problemas de salud.
El impacto social de la corrupción aludida por Gil puede verse claramente desde la administración de Lázaro Cárdenas Batel [2002-2007], con la consolidación de grupos criminales, violencia creciente, atraso en desarrollo económico y parálisis de la inversión privada. Con Cárdenas aumentó en forma extraordinaria la adquisición de deuda pública y alianzas interesadas que, tan sólo con el sector educativo, dispararon el gasto sexenal de 215 millones a 2557 millones de pesos.
A Cárdenas lo sucedió el también perredista Leonel Godoy, en cuyos cinco años de administración Michoacán terminó desfondándose. Pero el retrato más acabado de la descomposición institucional lo ofrecen los últimos tres años, en los que ejercieron tres gobernadores, cinco secretarios de gobierno, cuatro de desarrollo económico, otros cuatro de finanzas y alrededor de setecientos subsecretarios y directores de área en constante rotación.
Michoacán cerrará este año con una deuda pública de 27 000 millones de pesos, sin capacidad de inversión ni modelo fiscal para hacerse de recursos; con un crecimiento del Producto Interno Bruto menor a dos puntos, dependiente de las remesas que representan 64 por ciento de los ingresos estatales; una fuerza inédita de la economía informal, que hoy ocupa a siete de cada diez ciudadanos económicamente activos; repuntes en los indicadores delictivos, y la tasa de percepción de inseguridad más elevada de su historia.
Silvano Aureoles, quien recuperó para el PRD el gobierno, se refirió desde su campaña política a la corrupción como el núcleo de todos los males. Ahora que inicia funciones, dice que en un año recobrará la paz en los municipios más convulsionados por el crimen y la violencia; que lanzará un mensaje rotundo de que en la entidad se respeta la ley, y que a partir de ello hará promociones para atraer inversión privada. Promete también un manejo transparente de las finanzas, con rendición de cuentas trimestrales y la generación de 300 000 empleos para 2016.
“A lo que queremos llegar es a generar condiciones para tener un desarrollo estable, aprovechando todo el potencial que tenemos”, dijo durante una rueda de prensa el 18 de septiembre, momentos después de recibir la constancia de legalidad y validez del proceso electoral en el que triunfó. Exuda confianza y entusiasmo, pero ni los pronósticos más optimistas ven una sanación antes de una década de gobierno impecable.
LA PERSISTENCIA DEL CRIMEN
Las horas previas al informe de Salvador Jara, un grupo armado emboscó a Jesús Bucio Cortés, líder de las autodefensas en Tancítaro. Bucio circulaba en su camioneta por una brecha de Púcuaro, la principal zona aguacatera del país. Uno de sus acompañantes también murió en el ataque.
Se trataba del tercer atentado ocurrido durante la segunda mitad de agosto contra líderes de la vigilancia comunitaria originalmente alentada por el gobierno federal, como parte de la estrategia para diezmar la fuerza de Los Caballeros Templarios, la empresa criminal que se impuso como un Estado paralelo en la región de Tierra Caliente.
El gobernador saliente ofreció cifras sobre seguridad y crimen que le permitieron sostener que Michoacán es ahora un estado más seguro, gracias a él y a la intervención de las fuerzas federales. Comparó datos: durante el primer semestre de 2014, antes de que asumiera el gobierno, se consumaron 185 secuestros, y en la primera mitad de 2015, con él al frente, sólo 18. Los homicidios, en la misma tabla comparativa, decrecieron de 901 a 771, y lo mismo las extorsiones, que fueron de 71 a 18.
Heliodoro Gil, el economista de la Universidad Michoacana, sostiene sin embargo que los números expuestos por Jara son una ilusión.
“Los datos de julio de 2015 del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que está repuntando todo. Los delitos del fuero común y los del fuero federal más o menos se están comportando como en 2013, que fue el año con mayor incidencia delictiva”, señala.
Al primer semestre del año, los delitos del fuero común suman 12 780. En 2013, el registro fue de 24 710. De ellos, el robo repunta de manera extraordinaria, sobre todo en Morelia, donde se llevan contabilizadas 9043 denuncias, lo que en perspectiva sobrepasaría la cifra de 2013, que cerró con poco más de 13 000 casos. Michoacán se coloca con ello como la decimoprimera entidad con mayor registro de robo.
Con los homicidios sucede algo parecido, dice Gil. Entre enero y julio se han consumado 1163; un comportamiento similar al de 2014, que cerró con 2165 asesinatos.
Las denuncias por extorsión y secuestro muestran un declive importante, que no definitivo. En contraste, los delitos del fuero federal, entre ellos producción, transporte, tráfico, suministro y posesión de estupefacientes, sobrepasaron los registros de 2013, que cerró con 378, por 388 de la primera mitad de 2015.
La percepción ciudadana sobre la seguridad no es entonces gratuita. La encuesta de victimización del INEGI de 2014 muestra que 82 por ciento de los ciudadanos se mantiene en zozobra por la forma en que siente la violencia y el crimen. En 2011 esa percepción la tenía el 76 por ciento. El ascendente de ese criterio común se extiende más allá de los límites estatales y es el factor que frena la inversión privada tanto de fuera como del interior del estado. Es el círculo que se ha propuesto romper Silvano Aureoles.
EL SELLO DE LA CORRUPCIÓN
Erick Avilés, presidente en Michoacán de la organización Mexicanos Primero, alude al dispendio y corrupción atribuidos a Salvador Jara los años recientes, ya sea como rector o como gobernador sustituto. El desaseo administrativo y el desastroso estado de las finanzas estatales, el gobernador saliente las tribuyó, sin demostrarlo, a sus antecesores. Sus acciones, sin embargo, tampoco pasan el filtro de la confianza ciudadana.
En un comunicado de prensa emitido tras el informe, la dirigencia estatal del PRD sostuvo que la deuda pública le aumentó 1600 millones de pesos —equivalentes a más de 100 millones mensuales—, y que acumuló otros 5000 millones en deuda de pasivos. También aumentó en un 3.5 por ciento la nómina de gobierno, lo que demandó un gasto adicional de 900 millones de pesos. En quince meses, también, Jara y sus colaboradores cercanos efectuaron viajes sin beneficio público a Europa y Estados Unidos.
El día del informe, un grupo ciudadano protestó a las afueras del Congreso con mantas alusivas a la inmoralidad con la que se condujo en el gobierno. Una de ellas sintetizaba el ánimo del resto: “Salvador Jara, los michoacanos te queremos… pero en el Altiplano”.
“La corrupción es un tema transversal que debido a la falta de rumbo, de visión y de sentido, se permite y se hace presente en prácticamente todas las acciones de gobierno”, dice el presidente de Mexicanos Primero. “Hay muchos resabios de este tipo: el gusto por las fiestas, el gusto por los viajes, el gusto por la apariencia, por la imagen y muy poca mano izquierda, muy poco sentido social de la política. Jara es el ejemplo perfecto de ello”.
LAS FALSAS BUENAS FINANZAS
El día en el que Fausto Vallejo se entrevistó con el presidente Enrique Peña Nieto para anunciarle que dejaría el cargo como gobernador, era la imagen viva de la derrota. La crisis no sólo se hallaba en el estado, sino en la casa familiar. Una fotografía en la que Rodrigo Vallejo, su hijo, aparecía al lado de Servando Gómez Martínez, la Tuta, había acaparado espacios principales de diarios y noticiarios de televisión.
Eso ocurrió el 18 de junio. Pasarían seis días antes de anunciarse que Salvador Jara entraba al relevo.
Jara, de orientación perredista, físico matemático doctorado en filosofía, había entrado en una terna secreta junto con Ascención Orihuela y Carlos Hugo Castellanos. Orihuela fue el candidato del PRI derrotado en el proceso de junio de este año, y Castellanos pasó de secretario de Seguridad Pública a ser uno de cinco secretarios que pasaron por la oficina de Gobierno.
Las dotes administrativas de Jara fueron cuestionadas casi al instante, pero él se defendió responsabilizando de la desgracia financiera y social a sus antecesores, particularmente a Vallejo.
El exgobernador constitucional de Michoacán ha recuperado color y consistencia física. Los señalamientos sobre corrupción y malos manejos administrativos se acrecentaron a partir de un par de reveses personales: el arresto de Jesús Reyna, su secretario de Gobierno y hombre de confianza, y el de su hijo Rodrigo, ambos por supuestos vínculos con la empresa criminal encabezada por la Tuta.
Vallejo se tomó estos meses para recuperar la salud y realizar una investigación sobre las causas que postraron la entidad en materia financiera y social.
“Michoacán pasó por una etapa de diez años de desorden administrativo y gastos presupuestales dirigidos a actividades con fines distintos al bienestar de los michoacanos; fue en esa década de gobiernos del PRD en la que ocurrió el desastre financiero del estado.
“Salvador Jara, que hoy critica la problemática del estado, olvida que como rector de la Universidad Michoacana vivió y heredó el problema estructural de esta; olvida que los problemas más difíciles que le tocó vivir en la máxima casa de estudios sólo los pudo enfrentar con el apoyo que se le brindó desde el gobierno”, dice Vallejo con un gesto de deslinde con los lodos generados por Cárdenas y Godoy, y de reclamo a la ingratitud de su sucesor.
En su análisis sobre el desarrollo financiero de Michoacán, Vallejo ofrece cifras puntuales con el ánimo de que se deslinden responsabilidades, ya sea por la vía legal o administrativa, según declara.
“Cuando uno analiza cuánto generó cada administración entre deuda bancaria y no bancaria, encontramos que en 2007 fueron 11 000 millones de pesos. En 2011, entre lo registrado y no registrado, fueron 18 000 millones de pesos, y los pasivos nuevos entre bancarios y no bancarios en 2013 fueron de 2000 millones de pesos. ¿Por qué se endeuda tanto el estado? Muy sencillo, porque se gasta más de lo que se tiene. […] Por mencionar sólo uno de los rublos: en los últimos diez años la inercia de gasto en el sector educativo ha acumulado 20 000 millones de pesos”.
El monto de la deuda que hereda del gobierno de Leonel Godoy fue de 32 000 millones de pesos, parte de ella a corto plazo y con altas tasas de interés. El cuadro se complementaba con un cruce de circunstancias que terminaron en el peor estallido político y social en la historia reciente del estado, la pobreza y la delincuencia organizada. Gobernar se volvió un acto imposible, sintetiza Vallejo.
“Encontramos una policía obviamente penetrada por la delincuencia, a la que se nos exigía depurar, pero no teníamos siquiera para liquidarlos. Estallaban problemas sociales, por ejemplo el de Cherán, y a veces no teníamos ni para viáticos ni gasolina para enviar a los elementos de la policía. Todo esto fue constituyendo que se paralizara por un lado el gobierno y que, por el otro, se fortaleciera la delincuencia y se penetrara y asustara a las autoridades municipales”.
Vallejo es claro cuando dice que la delincuencia organizada no se ha acabado y tampoco se acabará. Pero cree que ahora se tiene la experiencia para neutralizarla, y está convencido de que el gobierno de Aureoles lo hará.
EXPECTATIVAS DE PAPEL
Una cifra, por encima de todas las que ofrece Jara, pude destantear: Michoacán es la tercera entidad que registró mayor crecimiento económico durante 2014, con 6.9 por ciento. Pero el truco se descubre al analizar los hechos.
“Nadie le encontró por qué había crecido tanto”, observa Heliodoro Gil, el economista de la Universidad Michoacana. “Los argumentos eran que los empresarios inversionistas están teniendo confianza en el estado, y no. Es que el ataque a Los Caballeros Templarios disminuyó la extracción de renta a los procesos de valor, agrícolas y mineros. Nosotros hicimos cálculos y hallamos que eso significó más o menos 18 000 millones de pesos en 2014. Cuando sumas eso, más las remesas, entonces explicas el crecimiento”.
La realidad es que el indicador trimestral de las economías estatales del INEGI establecen que la de Michoacán cayó en menos de 2.5 por ciento.
“Mi pronóstico es que si quitáramos las remesas [que este año crecieron 15 por ciento al primer semestre] habría recesión en el estado”, deduce Gil.
Michoacán acapara 10.2 por ciento de los 23 000 millones de dólares en remesas enviadas a México cada año, lo que equivale en pesos a 39 000 millones. Lo que recibe Morelia por ese concepto representa casi el 100 por ciento de los ingresos que recibe para un ejercicio fiscal. Sin ese capital, el estado estaría más que hundido.
El gobierno estatal dispone de cuatro impuestos para hacerse de recursos propios, mientras que sus vecinos —Jalisco, Guanajuato y Colima— disponen de nueve y siete, respectivamente, suficientes para garantizarles 15 por ciento del ingreso por 85 por ciento de transferencias federales. Michoacán está en un esquema de 5 por 95, imposibilitado siquiera para ejecutar obras en sociedad con la federación o la iniciativa privada.
La forma en que esos factores estancan el crecimiento tiene un reflejo en la economía informal, que concentra siete de cada diez empleos. Y en ella lo mismo figura el señor de los tacos que el vendedor de fayuca y piratería, rubros que concitan delincuencia asociada.
El desafío es descomunal, pero Silvano Aureoles dice tener la fórmula para salir de esa realidad antes de concluir su primer año de mandato. Para lograrlo implementará una política de austeridad, un control excesivo sobre el manejo del dinero público y emprenderá un programa de reactivación económica a partir del convenio que logre con las 30 000 empresas —pequeñas, medianas y grandes— que existen en Michoacán. Pretende que cada una contrate, en promedio, a diez trabajadores y con ello abatir el desempleo en 2016.
El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, Carlos Quintana, dice que es momento de sumar fuerzas sin mezquindad partidista, y por lo tanto ha decidido brindarle el beneficio de la duda al gobernador entrante. Pero en la visión de su bancada, la recuperación de Michoacán ni por asomo la ven en un año, como Aureoles, a quien darán un plan de desarrollo para los próximos veinte años.
“Traemos déficit presupuestal de alrededor de 4000 millones de pesos por año. Al menos para cumplir lo básico, traemos déficit. […] No vienen tiempos fáciles para el estado”, dice.
El economista de la Universidad Michoacana, Heliodoro Gil, cree que la confianza de Aureoles se basa en los lazos políticos que tiene, sobre todo con el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. Pero la base sobre la que traza sus expectativas de crecimiento son irreales.
“Silvano tiene oficio político, pero no sabe de finanzas. Igual que los anteriores gobernadores, no tiene ni puta idea. Te hablo desde Tinoco Rubí hasta Salvador Jara, que no tiene siquiera la noción de lo que es administrar un hogar, por eso dice tanta barbaridad”, concluye.
Tanto Silvano Aureoles como Salvador Jara rechazaron hablar con Newsweek en Español para este reportaje.