Baja California Sur: El gobierno de las buenas intenciones | Newsweek México


Baja California Sur: El gobierno de las buenas intenciones



Evelio Santiago aprovechó los últimos rayos del sol, el 4 de septiembre, para conducir el Mustang rojo de su yerno por el ejido Melitón Albañez, en el sur del municipio de La Paz. Lo hizo acompañado de su esposa, Rubí Torres, y sus cinco nietos. Habían recorrido unos pocos kilómetros cuando una pickup apareció por atrás y aceleró hasta situarse al lado de ellos. Sin mediar acción, un cañón de AK-47 se asomó por la ventana y empezó a escupir fuego, una ráfaga o dos. Las autoridades contabilizaron más de cien balas horas después. El paseo familiar terminó en una carnicería. En el acto murieron dos niños, de cinco y ocho años, y los dos abuelos. Los otros tres chamacos tuvieron más suerte y pudieron huir para contarlo.

Más tarde, el mismo día de la masacre, Marcos Covarrubias Villaseñor daba a conocer su cuarto y último informe de gobierno. Con el respaldo que las urnas le otorgaron en las elecciones del pasado junio —en las que el PAN, su partido, revalidó gobierno y se hizo con las presidencias de los cinco municipios del estado—, se dirigió a la audiencia victorioso, enumerando la lista de deberes bien hechos y unas cifras que dibujan una economía creciente y una sociedad en progreso, según dijo. Pocas palabras, sin embargo, dedicó a la inseguridad y la guerra entre narcos.

El gobierno de Covarrubias tuvo que lidiar con la devastación —posterior ola de saqueos— tras el paso del huracán Odile, apenas hace un año. Con una considerable inversión para levantar la infraestructura dañada, supo manejar la crisis tras el cataclismo y ganarse el beneplácito de la ciudadanía. A esta imagen de buena gestión ha podido sumar la posición del Baja California Sur como una de las entidades con mayor bienestar de la república: bajo nivel de desempleo (4.8 por ciento al mes de julio), alta esperanza de vida, industria en crecimiento.

Pero todo lo anterior se edificó en statu quo con los cárteles del narcotráfico, por lo que la inesperada guerra entre bandas criminales puede resultar una herencia envenenada para el nuevo gobernador, Carlos Mendoza Davis, quien tomó protesta el pasado 10 de septiembre sin especificar cómo piensa combatirla. Sin embargo, tras la reciente captura de la China, no ha dudado en señalar que “no se estaba realizando un trabajo como se debía hacer de acuerdo a la problemática” y que esta fue posible a la labor “que está realizando desde el primer día”. Además, declaró que “hay varias indagatorias” en marcha por posibles vínculos del crimen con miembros de las corporaciones policiales.

Aunque la gestión de su antecesor le otorgue una buena cobertura por el momento, la población está a la expectativa de que regrese la tranquilidad. Las organizaciones empresariales se mostraron preocupadas por los efectos que la violencia puede tener sobre el turismo, ya que, por ejemplo, la embajada estadounidense mantiene la alerta para viajar al sur de la península.

“La ola de ejecuciones que se vive en la capital del estado pone en peligro el desarrollo de las actividades productivas, lo que es una alarma para las inversiones”, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de La Paz, Armando Sánchez Porras, poco antes de la sucesión gubernamental. En respuesta, Mendoza Davis creará una nueva cartera: la Subsecretaría de Turismo, y pondrá frente a ella a Rogelio Ampudia, propuesto por la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (Emprhotur).

El presidente de la organización empresarial, Eduardo Herrera —quien solicitó anteriormente a los medios que “balancearan” las notas rojas de sus publicaciones—, declaró su satisfacción al creer que de esta forma se tomarán medidas para potenciar el turismo en la ciudad. Por su parte, las asociaciones de empresarios en Los Cabos también se mostraron satisfechas en el nombramiento de Álvaro de la Peña como secretario de gobierno para solucionar el problema de inseguridad. La mano derecha del nuevo gobernador ya fue secretario de Seguridad durante los primeros años del gobierno de Covarrubias.

EL CÁRTEL QUE INCENDIA LA PAZ

A los sicarios que se disputan “la plaza” no les tiembla el pulso. Más de 160 ejecuciones en poco más de doce meses lo demuestran: la guerra entre bandas de narcotraficantes ha revertido por completo la sensación de seguridad de los habitantes de Baja California Sur, especialmente de los paceños, la ciudad que soporta casi el 90 por ciento de los homicidios de la entidad, y los ha despertado en medio de la realidad que vive el resto del país: la de los asesinatos, las balaceras a plena luz del día, las amenazas y el sonido cada vez más habitual de las sirenas de las ambulancias. Un mundo que parecía ajeno y que por primera vez en la historia del estado se está viviendo cada día.

“Nunca había pasado esto. Uno intenta llevarlo con profesionalidad, pero cuando te toca ver a dos niños asesinados no puedes evitar sentirte mal. Eres humano”, dice al respecto un funcionario de la Procuraduría de Justicia del Estado que habla bajo anonimato. “Quiero aclarar que no son gente de La Paz, al menos la gran mayoría. Son personas que han venido de fuera para hacer sus desmadres”.

En lo que va del presente año ya se contabilizan más de ciento veinte asesinatos. Antes de 2014, la estadística anual no arrojaba más de una decena, relacionados, la mayoría, a crímenes pasionales, riñas de narcos o feminicidios, de acuerdo con la procuraduría local.

Todo comenzó el 31 de julio de 2014. Ese día, tres personas recién llegadas de Sinaloa fueron ejecutadas en la ciudad. Uno de ellos era el escolta del narcotraficante Dámaso López Serrano, el Mini Lic, ahijado de Joaquín Guzmán, el Chapo. “Eran los encargados de reemplazar a los ‘dueños’ de la plaza”, explica el funcionario de la Procuraduría que habla off the record. “Al parecer no pudieron llegar a un acuerdo dentro de la misma estructura criminal, así que podría decirse que la guerra empezó por una traición dentro del mismo cártel”.

Con veintiséis años de edad, Dámaso López heredó el nombre y el apodo de su padre. También el estatus dentro del cártel. Según los expedientes desclasificados de la justicia estadounidense, el Licenciado fue una pieza clave en la primera fuga de Guzmán Loera, en 2001.

Aprovechándose de su posición como jefe de Seguridad y recién ascendido a subdirector de Vigilancia y Custodia en el penal Puente Grande, pudo facilitar la huida del capo sinaloense, según establece la misma versión. Después de esto, con base en los cargos abiertos por la justicia norteamericana, Dámaso López Núñez se convirtió en la mano derecha del Chapo y está relacionado desde entonces con operaciones de lavado de dinero y trasiego de más de 280 millones de dólares de cocaína al país. Junto a su hijo y un séquito de sicarios, forman un poderoso clan dentro del aparato del cártel: Los Dámaso.

Apoyándose en ellos, la cúpula en Sinaloa decidió substituir a Édgar Reyes, el Rayocomo hombre fuerte en Baja California Sur y situar en su lugar a alguien más cercano. Jesús Enrique Urquiza, alias el Ferrariuno de los tres ejecutados el 31 de julio. Era quien fungiría como nuevo “dueño de la plaza”. Sin embargo, tras la fracasada negociación entre narcos, el Rayo y su gente terminaron por unirse al grupo de Los Mazatlecos, vinculado a los Beltrán Leyva, y Los Zetas, iniciando así la guerra contra sus exsocios.

Con la retirada progresiva del cártel de los Arellano Félix hacia Tijuana en los últimos años, el Mayo Zambada pudo extender la influencia de su grupo en el sur de la península y asegurarse así el corredor hasta la frontera, esto siempre de acuerdo con la versión del gobierno mexicano.

Pero, además del control por el territorio para el transporte del contrabando, el funcionario de la Procuraduría estatal hace hincapié en la importancia del negocio del narcomenudeo en la contienda, “que genera (ganancias) en torno a un millón de pesos diarios en La Paz y Los Cabos”. Por ello, el rosario de asesinatos de este último año ha sido entre los integrantes de las bandas criminales que hasta el momento operaban en paz. “Todos los muertos eran tiradores (vendedores de droga), o estaban relacionados con el narcotráfico en la ciudad”.

DESAFÍO PARA EL NUEVO GOBIERNO

“Reconozco y comparto la preocupación de todas las familias del estado. La violencia que se vive en el país y que tiene la máxima preocupación y esfuerzo de los tres niveles de gobierno, alcanzó a nuestra entidad, principalmente la capital del estado”, indicó el ahora exgobernador Marcos Covarrubias, tratando de justificar el brote de violencia como un hecho externo a la sociedad sudcaliforniana y ajeno al control de su gobierno. “Dejo una media península libre de secuestros”, se atrevió a decir.

Pese a que los problemas de inseguridad se concentraran al final de su mandato, será Carlos Mendoza Davis, el nuevo gobernador panista, quien tendrá que mostrar resultados en la lucha contra el crimen. Durante su campaña, y en declaraciones posteriores ante los medios, ha situado la problemática de la violencia que vive la entidad como un asunto prioritario para su equipo de trabajo. Sin embargo, en su discurso de toma de protesta no explicó qué medidas adoptará en concreto y tampoco dio a conocer las personas que designará en materia de seguridad pública como parte de su gabinete.

Por lo que venía anunciando meses atrás, su estrategia para combatir la guerra entre bandas de narcotraficantes se resumirá en seis puntos. “Seis por seis”, explicó en un mitin: “Promocionar la familia segura, una política de prevención del delito, promover una policía honesta, capacitación de servidores públicos, creación del Centro Estatal de Política Criminal y aumentar la participación ciudadana”.

“Vamos a trabajar arduamente para que las familias vivan seguras, que nos vaya mejor con más empleos, mejores salarios y con una política social incluyente”, aseguró en una entrevista.

Además de estos rubros, también se mostró confiado en la llegada de una mayor transparencia institucional de la mano del Nuevo Sistema de Justicia Nacional (que en le entidad ya funciona en el municipio de Comondú), que se traduzca en una reducción de la corrupción y la impunidad. Teoría y buenas intenciones.

El nuevo gobernador ya presentó una iniciativa de “Ley de Participación Ciudadana en la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, que comprende una reforma del artículo 20 de la Constitución estatal para incluir el “derecho humano de la participación ciudadana en materia de prevención de la violencia y la delincuencia”.

Newsweek en Español solicitó reiteradamente entrevistar al nuevo gobernador para que explicara estas y otras medidas que implementará para garantizar la seguridad de los sudcalifornianos. Nunca hubo respuesta favorable.

“El perfil del narcomenudista que está siendo ejecutado es el de un hombre joven, de entre veinte y veinticinco años (aunque los hay mayores y también mujeres), prácticamente la mayoría procedentes del estado de Sinaloa”, explica el funcionario de la Procuraduría que habló bajo anonimato.

La mancha urbana de La Paz y Los Cabos ha crecido considerablemente en los últimos años, fruto del auge de la industria del turismo. Miles de familias de otros estados han migrado a Baja California Sur para desempeñarse como meseros, albañiles, carpinteros o cualquier otra ocupación relacionada con el sector servicios. Sin embargo, el nivel de pobreza aumentó un 7.1 por ciento, entre 2012 y 2014 y las colonias dormitorio donde se han asentado forman parte de un cinturón de marginalidad claramente visible en las ciudades. Barrios polvorientos sin pavimentación, luz ni drenaje, en medio del desierto, con ausencia total de seguridad e infraestructuras como hospitales y escuelas dignas, son el caldo de cultivo para que los jóvenes abracen la cultura del narco. El gobierno entrante no la tiene fácil.

Ingresa las palabras claves y pulsa enter.