Aunque 366 personas han sido detenidas en Hidalgo desde el inicio de la denominada guerra contra el narcotráfico por delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y robo calificado, sólo 47.81 por ciento de los inculpados fue consignado ante un juez federal luego de que el Ministerio Público encontrara elementos para atribuir su responsabilidad en estos delitos.
La Procuraduría General de la República (PGR) reveló, en respuesta a una solicitud de información (folio 0001700160115), que sólo contra 175 de los detenidos se ejercitó acción penal; el resto fue absuelto por falta de pruebas o por violaciones al debido proceso. En otros casos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) acreditó que los probables responsables fueron torturados para declararse culpables de nexos con el narcotráfico.
De acuerdo con el oficio SJAI/DGAJ/07143/2015 emitido por la fiscalía, 104 de los 366 aprehendidos fueron responsabilizados de delincuencia organizada, 261 de robo (alguno de los tipos previstos en el Código Penal Federal) y uno, en 2012, por secuestro. Aunque este delito es del fuero común y corresponde a las procuradurías de los estados su investigación, al ser un servidor público el probable responsable el caso fue competencia de la PGR, como establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Aunque la fiscalía no proporciona los nombres de los detenidos por delincuencia organizada en el estado, con base en comunicados enviados desde 2006 por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) entre las capturas ligadas al narcotráfico se encuentra la de Heriberto Canales Lazcano, apodado El Comandante Chivo, supuesto primo hermano de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, fallecido narcotraficante hidalguense que lideró el cártel de Los Zetas.
El Comandante Chivo fue aprehendido el 23 de febrero de 2012 y se le atribuyó, además de posesión de armas de uso exclusivo militar, la extorsión de ladrones de combustible que operaban en el Valle del Mezquital y el Altiplano.
De las capturas de liderazgos del grupo delictivo de Los Zetas también están las de Eder Daniel Escorsa Cabadas, El Eder, presunto jefe de la plaza de Pachuca, vinculado con cinco secuestros y homicidios (el 28 de junio de 2011); y la de Carolina Rueda, alias la Pantera, cabecilla de sicarios de una célula de este grupo criminal en Tula de Allende (en abril de 2011). La Pantera, relacionada con diez plagios y 15 asesinatos, era conocida por dejar una marca en forma de Z a sus víctimas.
Pero además de ellos, hay casos como el de José Félix Granillo Álvarez, quien se desempeñaba como elemento adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Apan y – de acuerdo con la recomendación R-A-0006-15 que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) dirigió el pasado 20 de junio al secretario de Seguridad, Alfredo Ahedo Mayorga- fue torturado por dos agentes de la Coordinación de Investigación que le ocasionaron múltiples golpes en diversas partes del cuerpo, además de haber sido sometido a tratos inhumanos y degradantes para que se declarara culpable de vínculos con Los Zetas.
De acuerdo con el expediente CDHEH-A-0196-13, el exagente fue detenido el 29 de abril de 2011 –junto con otras 28 personas– como probable responsable del ataque con armas de alto poder a las oficinas de la Policía Ministerial en Tula –ocurrido un día antes–, el cual dejó un saldo de tres muertos. La aprehensión se debió a que, presuntamente, era informante del cártel.
No obstante, el inculpado narró que fue golpeado desde el momento en que lo detuvieron en una gasolinera en el centro de Apan hasta llegar a esas instalaciones, “a tal grado de perder el sentido, llevándolo con una licenciada, ante quien tenía que declararse culpable de delincuencia organizada”. La tortura se acreditó después de que la Comisión Nacional Derechos Humanos (CNDH) realizara el Protocolo de Estambul, que es un manual para la investigación de tratos inhumanos y crueles.
Con el mismo protocolo, la CDHEH (recomendación R-TB-0005-15) también resolvió que hubo tortura contra cuatro personas que fueron fotografiadas con armamento, presuntamente en su poder, por parte de elementos de la policía de Tulancingo, quienes los detuvieron, el 10 de enero de 2013, en un bar en Santiago Tulantepec por el delito de delincuencia organizada.
Tras conocer las recomendaciones de Derechos Humanos, el secretario de Gobierno, Salvador Elguero Molina, dijo que es “inaceptable” que se obtengan confesiones de culpabilidad bajo tortura, aunque afirmó que, en ambos casos, “se tiene plena certeza que participaron en el delito que se les acusa”.
Por falta de pruebas y violaciones al debido proceso fueron liberados, en 2013, 12 exelementos de seguridad pública de Tulancingo detenidos en 2010 por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) acusados de proteger a Los Zetas.
Aunque no precisó el monto, el alcalde Julio Soto Márquez expuso a Criterio que a estos expolicías se les pagó el equivalente a casi tres años de salarios caídos.
Asimismo, el 30 de diciembre de 2013, 38 expolicías al servicio del municipio de Pachuca que entre mayo y julio de 2009 fueron detenidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada fueron absueltos de culpabilidad luego de que el Segundo Tribunal Unitario de Tepic, Nayarit, emitiera el amparo 128-2011 para su liberación, después de estar recluidos durante cuatro años en distintos penales federales.
Los agentes pidieron su reincorporación al ayuntamiento capitalino pero les fue negada, aunque no se acreditó que “brindaran protección a Los Zetas”, presunto delito por el que fueron detenidos.
“Aún están en proceso algunas personas, los que salieron libres fue por violaciones procesales a sus garantías”, informó a Criterio el abogado Juan Carlos Gálvez Gómez, quien llevó la defensa de los exagentes.
Además, Gálvez recordó que el 13 de enero de 2014 fueron liberados 17 policías más, entre municipales y ministeriales, presos en el penal de Villa Aldama, Veracruz, a quienes tampoco se les acreditó culpabilidad por nexos con el crimen organizado.
“Lo que sigue es demandar al ayuntamiento de Pachuca y de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (para quienes trabajaban como policías ministeriales) por vicios en el procedimiento, porque para darlos de baja debieron de cumplir ciertos aspectos como iniciar un procedimiento en la Comisión de Honor y Justicia (que no existe en la policía capitalina) que jamás se hicieron, sólo los quitaron de la nómina sin esperar a saber si eran inocentes o no”, indicó.
Aunque señaló que el proceso penal ha sido tardado, ya que esperaron tres años para que los inculpados obtuvieran su libertad por medio de un amparo, Gálvez Gómez dijo que esperan un fallo favorable del Tribunal “por las constantes violaciones a las garantías individuales que se han acreditado”, además de una indemnización, que a la fecha no se ha logrado, contra los expolicías. La próxima audiencia será el 5 de agosto, pero el abogado augura el proceso se dilate todavía mucho más.