TiXTLA, Guerrero.— ¡Júntense,
hombres, júntense, ahí vienen!” Las mujeres del grupo que tomó el control de la
casilla 2479, en la calle María Catalán de la colonia Vicente Guerrero, en la
ciudad guerrerense de Tixtla, advierten de la aproximación de algunas docenas
de jóvenes por la carretera a Chilapa. Para ellos, son el enemigo.
En
el sitio hay algo más de un centenar de ciudadanos. Muchos son vecinos que
reclaman el derecho al voto. Entre los más activos, varios son militantes de
los dos partidos que se disputan Tixtla, como el perredista Luis Siria Ruiz y
los priistas Raúl Astudillo, Martín Armendáriz y Alejandro Hernández. “Es el
momento de la fraternidad”, dice este último. Pero se refiere exclusivamente a
la que hoy se formó con sus rivales políticos. Sostiene un palo de los muchos
que ha repartido un hombre de unos cincuenta años, sombrero vaquero negro y
chamarra beige. Hay quienes llevan varillas, algunas rematadas en punta. Han
reunido piedras medianas y grandes. Se colocan sobre la ruta interurbana,
presumiendo sus armas, adoptando posturas de exhibición viril.
A
unos cuatrocientos metros al suroeste, provenientes de la Normal de Ayotzinapa y
del barrio del Fortín, avanzan estudiantes, colonos, padres de los cuarenta y
tres desaparecidos y activistas solidarios de otros estados y países. Ya han
logrado destruir el material electoral de veinticuatro casillas de la cabecera
municipal. Les faltan cinco, en dos secciones: esta, la 2479, y la 2480, del
barrio de Santiago. Su objetivo es impedir que se celebren los comicios: no
conciben la democracia en libertad cuando el Estado secuestra, mata y
desaparece a sus jóvenes y aparentemente todos los candidatos con posibilidades
de ganar están ligados a los grupos criminales que financian sus campañas.
A
pesar de que tenían compañeros vigilando la casilla y comunicándose con ellos
por teléfono, los que se aproximan no parecen haber entendido los riesgos del
escenario al que estaban entrando. De entre sus filas se desprenden dos
camionetas pick up blancas, una de ellas con doble cabina, que
transportan detrás a unas quince personas cada una. Los conductores se mueven
como si supieran qué hacer, doblan súbitamente a la izquierda, unos veinte
metros antes de la línea defensiva, y se detienen. Las piedras empiezan a caer
sobre ellos, como granizo. Los pasajeros tratan de bajar, pero algunos caen
cuando el primer vehículo, una Ford, arranca en falso cuando queda claro que
adelantarse fue un error.
Ya se han dado cuenta
de que la resistencia será violenta. Una roca le abre la cabeza a una joven.
Sus compañeros tratan de protegerse. Son un blanco fácil. Las camionetas
maniobran torpemente para escapar. Un priista de gorra negra, pantalones de
mezclilla azul y camiseta gris logra alcanzar la Ford y atiza golpes con su
varilla puntiaguda. Otros dos, uno de camiseta verde —que lleva una pistola
metida en el pantalón— y uno de playera blanca, con palos, llegan también.
Otros se suman a perseguir a los que van en retirada. Una mujer obesa, de blusa
blanca y cabello recogido por detrás con un pasador en forma de mariposa,
contribuye al ataque arrojando proyectiles rocosos que chocan en las espaldas
de sus propios compañeros. Uno de ellos se detiene a sugerirle que ayude con
gritos: “Le salen mejor”.
A
unos cien metros de la casilla, sobre la carretera, se establece una zona
intermedia de unos veinte metros entre los dos bandos, con intercambio de
pedradas. Por entre los que se autodenominan “tixtlecos”, los de la 2479,
aparecen dos camionetas pick up,una roja y una azul, que se ponen al frente,
aceleran los motores, aprietan y liberan frenos y embrague, amenazando con
lanzarse sobre los contrarios.
Pero del lado contrario,
una camioneta blanca de doble cabina, que venía en la retaguardia de la columna
y está identificada con emblemas de la Policía Comunitaria, avanza al frente:
transporta efectivos uniformados con camisetas de color verde militar y gorras
y pasamontañas negros. Entre los periodistas se asegura que tienen ligas con la
agrupación guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Están armados. Recargando los codos sobre la caja de la pick
up,tres de ellos apuntan hacia el grupo que protege la
casilla. Uno con una pistola, otros con rifles viejos. Al lado, de pie sobre el
pavimento, otro más levanta su escopeta. “No disparen, güey, no disparen”, pide
un civil. “No disparen, pueden tirar también de allá p’acá”, interviene otro,
“¡ni al aire, compa!”. Otro comunitario se sube a la camioneta. También apunta.
Sangre en Xolapa
La violencia
endémica se ha agudizado en Guerrero desde la masacre del 26 de septiembre en
Iguala, y especialmente en los meses anteriores al proceso electoral. Cada
semana se acumulan las noticias de asesinatos, ejecuciones, cuerpos
destrozados, masacres.
Si
en aquella ocasión la policía municipal mató a seis personas, dejó a otra con
muerte cerebral y secuestró a cuarenta y tres más, todo en una serie de eventos
monitoreada en tiempo real y al detalle por el Sistema Nacional de Seguridad
Pública, ahora el preludio a los comicios estuvo marcado por la inacción de
militares y policías federales y estatales que estuvieron presentes y
permitieron la toma de Chilapa, una ciudad de 35 000 habitantes, por cinco
centenares de hombres movilizados por la organización criminal Los Ardillos,
del 9 al 14 de mayo, y que secuestraron al menos treinta personas en un intento
de expulsar de ahí a la pandilla rival de Los Rojos.
No
es el único actor político que fue víctima de la violencia de las bandas
delincuenciales que irrumpieron en las campañas decididas a ganar influencia.
“Esto le va a pasar a todos los putos políticos que no se quieran alinear y
putos chaqueteros: Atte. Puro Rojo”, fue el mensaje que dejaron los asesinos de
la perredista Aidé Nava González junto a su cadáver, el 10 de marzo, en
Ahuacotzingo. Otros candidatos sufrieron secuestros y atentados.
En
vísperas de la jornada electoral, el sábado 6, se produjo una matanza en la población
de Xolapa, entre las cinco y las seis de la tarde. A las 21:00 horas, cuando Newsweek en Español
llegó al lugar, ubicado 50 kilómetros al norte de Acapulco, sobre la carretera
federal a México, ocho cuerpos estaban siendo llorados en cuatro humildes
hogares: Valvino Tornez y sus hijos Jesús y Marco en el velorio más concurrido;
Ignacio Calvario y su hijo Adolfo; Carlos Zapata Lozano; y Melchor Gallegos
Abarca y su hijo Omar, en una casa a la que fue difícil aproximarse porque tres
agentes de la Policía Estatal, a pesar de que habían llegado con unos cincuenta
de sus compañeros en una quincena de camionetas, recomendaban no acercarse
porque “por ahí siguen algunos armados” y, en la oscuridad de la loma,
preferían no enfrentarlos.
El cuerpo de Ignacio Policarpio
Rodríguez seguía en el sitio donde cayó, una covacha llena de alacranes al lado
de la casa de muros gruesos que ahí llaman la comandancia. Tenía un hoyo enorme
en el centro del pecho y la cabeza picada en fragmentos por disparos de
escopeta a muy corta distancia.
Policarpio
era el dirigente en la región del Frente Unido para el Desarrollo y la
Seguridad del Estado de Guerrero (FUSDEG), y esa mismo día se había presentado
ante medios locales para denunciar a Salvador Alanís Trujillo, jefe de la organización
en la zona vecina hacia el norte, de El Ocotito, Tierra Colorada y Xaltianguis,
ya en el municipio de Chilpancingo. Ambos sostenían una disputa por el intento
de Alanís de apoderarse de territorio de Policarpio, incluidos Xolapa y el
cercano pueblo de Galeana. Además, según reportes, Policarpio trataba de evitar
que el clan criminal de los Arizmendi, que en el pasado perteneció al cártel de
los Beltrán Leyva y actúa desde la población de El 30, continuara infiltrando
cuerpos de policía comunitaria.
Según
la versión de los parientes de Gallegos Abarca, Alanís anunció su intención de
desarmar a los comunitarios de Xolapa y nueve de estos se reunieron en la
comandancia, donde fueron atacados por “unos cien hombres”. “No se rindieron y
murieron en la línea”, dice un hijo de Gallegos, que asegura que los remataron
a escopetazos cuando ya habían caído. Otra posibilidad es que hayan sido
capturados y ejecutados a sangre fría. Alanís declaró al diario El Sur
que su gente respondió a la agresión de Policarpio. Cuatro de los suyos
murieron y fueron velados la misma noche en El Ocotito y Xaltianguis.
El riesgo de la sangre
“Ni al aire,
compa”, insiste el hombre, mientras los comunitarios de Tixtla apuntan hacia
los defensores de la casilla 2479. Las piedras siguen volando. En el lado
contrario, los hombres agitan sus palos y varillas, incluido el de camiseta
verde con la pistola en el pantalón.
Pese
a la forma sangrienta en que terminó el sábado en Xolapa, en Chilpancingo
empezó la jornada electoral con calma inesperada. En el plantón que mantienen
los maestros disidentes desde octubre en el zócalo de la capital estatal no
había movimiento a las seis de la mañana, hora anunciada para iniciar las
actividades del boicot de los comicios que, según se dijo, tiene por objetivo
exigir la presentación con vida de los cuarenta y tres desaparecidos. Tres
horas antes, durante la madrugada, la dirigencia magisterial devolvió al
gobernador interino, Rogelio Ortega, el palacio municipal que mantenía en su
poder desde octubre. Hace una semana, el gobierno federal anunció la suspensión
del proceso de evaluación de docentes al que se oponen los profesores. Pero
retirará su decisión el lunes, cuando haya pasado el momento crítico de los
comicios.
Los
maestros de Guerrero no esperaron a tener noticias de los cuarenta y tres para
abandonar el boicot. Excepto en los dos puntos más calientes del estado, Tlapa,
en la región de la Montaña, y Tixtla, asiento de la Normal de Ayotzinapa, desde
la que partieron a primera hora grupos de activistas encapuchados para recorrer
las casillas, recogiendo papelería y otros materiales electorales para
quemarlos. En las tres de la sección 2479 y las dos de la 2480, la oposición
fue exitosa. Esta última fue instalada en el barrio de Santiago, cerca de la
casa de Saúl Nava Astudillo, candidato del PRI a alcalde, cuyos seguidores se
apoderaron del lugar y expulsaron violentamente a quienes quisieron, incluido
un grupo de cuatro periodistas entre los que se encontraba este enviado de Newsweek en Español.
En la 2479, de la
colonia Guerrero, la sangre pareció a punto de ser derramada. Envalentonados
por su éxito inicial, los vecinos, encabezados por priistas y perredistas,
seguían haciendo retroceder a los activistas de Ayotzinapa. Unos cien metros
más por la carretera. Los policías comunitarios apuntaron hacia ellos. Algunos
temían que los tiros, aunque fueran al aire, provocaran un enfrentamiento a
balazos. Pero la presión continuaba. Unos veinte estudiantes avanzaron por un
promontorio del lado noroeste de la ruta y, aprovechando la densa cobertura de
la vegetación, arrojaron piedras y un petardo. No estaba cargado con metralla:
sólo fue sónico. Pero el estruendo atemorizó a los priistas, que corrieron unos
veinte metros de regreso.
La pausa fue aprovechada
por la Comunitaria que, en un cambio de postura, cruzó la camioneta
horizontalmente sobre la carretera para interponerse entre los bandos
enfrentados y exigirles que se retiraran. Aunque les fue difícil contener a los
más agresivos, los que llamaban a la calma se impusieron en ambos lados. Varios
estudiantes creían tener fuerzas para ganar el combate y conquistar la casilla.
Pero sus dirigentes sabían que no era necesario: ya habían destruido las
suficientes para lograr que se anulara legalmente la elección municipal (lo que
ocurre si no se instala el 20 por ciento o más de los puntos de votación), de
manera que tomar la 2479 resultaba innecesario.
Mientras
los padres de los desaparecidos y sus compañeros se marchaban, los defensores
celebraban con júbilo. Festejo vacuo: al mediodía, Marisela Reyes, presidenta
del órgano electoral estatal, anunció la cancelación del proceso en Tixtla. Los
priistas improvisaron una manifestación de protesta al centro del pueblo, donde
conquistaron a golpes el ayuntamiento y el auditorio que estaban en poder de
los profesores. Los miembros de la Comunitaria aguantaron el ataque sin
utilizar sus armas. También fueron expulsados. Fue una pataleta: al correr de
las horas, el grupo de indignados adelgazó hasta que tuvieron que devolver las
instalaciones. Las autoridades electorales debatieron respecto a si el proceso
era válido. Decidieron que se reconocerá el triunfo del priista Nava Astudillo;
pero será impugnado por el PRD y, si el recurso prospera, la elección municipal
será pospuesta hasta octubre. Fecha para un nuevo pulso entre Ayotzinapa y los
partidos políticos. “La lucha sigue y sigue”, gritan los normalistas en la
plaza.