Hay una razón por la cual los esfuerzos para combatir la
corrupción en México han resultado fallidos, muy a pesar de programas,
estrategias y nuevas leyes en cuya operación se han invertido millonarios
recursos. Y esa razón la encontré al leer ‘México: Anatomía de la corrupción’,
la más reciente investigación de María Amparo Casar bajo el auspicio del CIDE y
el IMCO.
“Para la opinión pública mexicana, la culpa de la corrupción la
tienen los políticos y los empresarios, mientras que los ciudadanos sólo son
víctimas de ella. Al analizar a sus círculos cercanos como familiares, vecinos
o compañeros de trabajo, los mexicanos no los consideran corruptos”, se señala
en el texto.
El 76 por ciento piensa que sus familiares “no le entran” a la
corrupción y el 70 por ciento, que sus vecinos también son inmunes a esa
conducta. Ahí está la clave. Todos son corruptos menos yo, mi familia y mis
amigos. Sin embargo, de acuerdo con Transparencia Internacional, en 2014 se
cometieron en el país alrededor de 200 millones de actos de corrupción con un
costo de 400 000 millones de pesos. ¿Quién los cometió?
Los mexicanos nos sentimos honestos y nos ocurre entonces el
síndrome del alcohólico. Negamos ser parte de este fenómeno cuando en realidad
se trata de un comportamiento generalizado, tolerado y hasta deseado, que
alcanza el nivel de norma social.
“Como a cualquier enfermedad, para poder erradicar la
corrupción hace falta conocerla, localizarla, medir su extensión, identificar
sus causas, encontrar las áreas de oportunidad que permiten su reproducción,
examinar sus mecanismos de operación, exhibir sus efectos, mirar experiencias
exitosas, sólo así se podrá traducir la indignación en una estrategia exitosa
para combatirla”, señaló la socióloga al presentar el documento.
Pero al negar que padecemos ese mal, rechazamos lo evidente:
que este flagelo tiene costos económicos, políticos y sociales altos que nos
colocan en una pésima posición frente al mundo y que, peor aún, se puede
transformar en el cáncer que nos aniquile.
LOS EFECTOS NOCIVOS
Este es el desglose de las consecuencias que provoca este
flagelo. De entrada, a mayor corrupción, menor inversión. El FMI definió esa
fórmula y calculó que en las naciones con mayores índices de corrupción, la
inversión puede ser menor hasta en 5 por ciento.
Las empresas pueden registrar pérdidas en sus ventas anuales en
el mismo porcentaje, según la consultoría Ernest & Young; además, la venta
de artículos y productos pirata evita la creación de 480 000 empleos anuales,
de acuerdo con datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP).
Según la Encuesta de Fraude en México 2010 de KPMG, 44 por
ciento de las empresas en México realizaron pagos extraoficiales a funcionarios
públicos para agilizar trámites, obtener licencias y permisos o participar en
licitaciones, impedir abusos de autoridad, ganar contratos y participar en
licitaciones.
Luego de la tramitología para la apertura de un negocio, la
corrupción continúa durante su operación debido a las inspecciones sanitarias,
fiscales, de medioambiente, protección civil, seguro social, uso del suelo,
tomas de agua o salidas de emergencia. Cada paso se convierte en un eslabón más
de la cadena de sobornos.
Así, el Foro Económico Mundial señaló que México pierde 2 por
ciento de su PIB por este fenómeno, esto significa, unos 347,000 millones de
pesos. Pero el Banco de México consideró que la cifra podría subir hasta el 9
por ciento y el CESSP la situó en 10 por ciento.
En el rubro político, la corrupción deslegitima la democracia:
91 por ciento de la población mexicana no confía en los partidos políticos, 83
por ciento no lo hace en los legisladores y el 80 por ciento no tiene fe en las
instituciones del sistema judicial, de acuerdo con datos del Barómetro Global
de la Corrupción 2013 de Transparencia Mexicana.
Sobre los costos sociales, la investigación reveló que, de
acuerdo con datos del Inegi, el 14 por ciento de los ingresos anuales promedio
de las familias mexicanas son dedicados a “mordidas”.
“La corrupción es un impuesto tremendamente regresivo, nada más
en los hogares que reciben el salario mínimo, esta proporción de 14 por ciento
de ingreso anual pasa a ser de 33 por ciento; es decir, la corrupción es
todavía peor para los más pobres”, detalló Casar.
Pero quizá lo más dañino es el binomio impunidad-corrupción. El
estudio descubrió que sólo el 2 por ciento de los delitos de corrupción en el
servicio público es castigado y que en todas las ocasiones se sancionaron a
mandos inferiores y no a los llamados “peces gordos”.
De las 444 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) desde 1998 hasta 2012, sólo siete fueron consignadas, sí, sólo
el insignificante 1.5 por ciento.
Mientras que, a escala estatal, de los 71 casos de corrupción
denunciados que involucran a 41 gobernadores, sólo 16 se investigaron y apenas
cuatro fueron procesados y encontrados culpables, entre ellos, Mario Villanueva
(Quintana Roo), Andrés Granier (Tabasco) o Luis Armando Reynoso Femat
(Aguascalientes), este último acusado de peculado y ejercicio indebido del
servicio público y quien estuvo preso menos de una semana para salir libre tras
el pago de una fianza.
En Estados Unidos, en cambio, nueve gobernadores fueron
investigados, nueve detenidos y nueve procesados. Ahí no se andan con medias
tintas y no hay amiguismos o compadrazgos que valgan.
Estos datos explican por qué México cayó 31 posiciones en el
Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entre
2008 y 2014 y se colocó en el lugar 22, de 32 países de América. Entre los
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), es el quinto de seis países;
en el G20, el 17 de 19 naciones, y el último lugar entre los países que
integran la OCDE.
EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN O YO PAGUÉ UNA MORDIDA
El pasado miércoles 27 de mayo, el presidente Enrique Peña
Nieto promulgó la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional
Anticorrupción que incluye un Comité de Participación Ciudadana integrado por cinco
mexicanos distinguidos que colaborarán con las autoridades para perseguir este
flagelo.
La ASF se consolidará como el máximo órgano de fiscalización y
contará con nuevas atribuciones para realizar auditorías en tiempo real,
vigilar el ejercicio de las participaciones federales y los fideicomisos que
utilizan recursos públicos.
La cuenta pública podrá ser fiscalizada a partir del primer día
del año y no hasta abril, como ocurre hoy, mientras que aumenta a siete años la
prescripción de faltas administrativas graves, por lo que tendrán persecución
transexenal.
En su discurso, el primer mandatario reconoció que la adecuada
implementación de esta reforma depende del esfuerzo conjunto de ciudadanos,
empresarios, poderes y autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Aquí un exitoso ejemplo de iniciativa ciudadana para combatir
la corrupción. Para evidenciar a un ministro de Defensa en la India, unos
jóvenes se hicieron pasar por traficantes de armas y durante una cita
concertada, lo grabaron con una cámara oculta.
Con base en este caso, Ramesh y Swati Ramanathan crearon una
organización sin fines de lucro denominada Janaagraha en cuya página, ‘Yo pagué
una mordida’, la gente puede denunciar intentos de soborno o de actos de
corrupción. Con su celular, toman fotografías o videos de los policías o
funcionarios y elaboran mapas para demostrar dónde están los focos rojos.
La plataforma ha tenido tal éxito que, en cuatro años de
existencia, ha registrado 44 790 quejas y denuncias de 779 ciudades de la
India. Además, se ha extendido a otros 15 países, entre ellos Kenia y China.
A lo mejor debiéramos tomar el ejemplo y la iniciativa al
asumir que la corrupción somos todos, incluidos yo, mi familia, mis amigos y
mis compañeros de trabajo, y una vez aceptando la enfermedad quizá le encontremos
la cura, ¿o tienen una idea mejor?