Entre la colorida manta en memoria de la periodista asesinada Regina Martínez y la estatua del legislador liberal Sebastián Lerdo de Tejada, brillan las letras doradas del banco más grande del país por el valor de sus activos. Da la impresión de ser el sujeto de mayor poder concreto en esta explanada, a pesar de que oficialmente se honre al reformador del siglo XIX. Los dolientes, que bajo el eslogan “¡No les creemos!” denuncian tres años de investigaciones amañadas que han permitido que el crimen siga impune, no se dejan intimidar y realizan una sencilla ceremonia de bautizo que —exigen— deberá ser respetada por el ayuntamiento: la Plaza Lerdo pasa a llamarse Plaza Regina Martínez por iniciativa ciudadana y para avergonzar al hombre que despacha en el palacio de enfrente, el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte.
“¡Asesino de periodistas!”, gritan los manifestantes, que han concluido una marcha por el centro de Xalapa y ahora colocan en los peldaños una pequeña placa con el nombre de la reportera aniquilada.
Por esta vez no hay represión, como la que hubo en la madrugada del 14 de septiembre de 2013, cuando estudiantes y maestros de la Universidad Veracruzana fueron desalojados de este lugar y perseguidos cientos de metros. Los policías antimotines utilizaron pistolas de choques eléctricos para romper las cadenas humanas y aflojar a los muchachos que se aferraban a los tabiques.
Los guardias y empleados de Duarte, ahora, miran sin réplica. Puede ser que se prefiera no provocar a esta multitud en la que predominan reporteros y abundan las cámaras, bajo el pesado sol de mediodía. Tampoco se observa sorpresa en sus ojos: no es novedad que, por obra u omisión, al mandatario del Partido Revolucionario Institucional le atribuyan responsabilidades en las once muertes y cuatro desapariciones de periodistas ocurridas en tan solo cuarenta y nueve meses y un día de su mandato, entre el 1 de diciembre de 2010 y el 2 de enero de 2015.
Peligros de Veracruz
Esta última fecha corresponde al “levantón” y muerte de Moisés Sánchez Cerezo, cuando tenía cuarenta y nueve años de edad. Su hijo, Jorge, de veintinueve, encabeza la caminata con un cartel que dice “Fiscalía de la impunidad”. Hace un par de horas fue recibido por el responsable de la investigación, quien simplemente le informó que, a casi cuatro meses de trabajos, no hay avances significativos.
En lugar de eso, retrocesos: el expresidente municipal de Medellín de Bravo, el pueblo de Jorge y Moisés, conurbado al puerto de Veracruz, fue desaforado por el Congreso y tiene una orden de aprehensión por sospechas de haber ordenado el ataque contra el periodista, pero han pasado cinco semanas y Omar Cruz, del Partido Acción Nacional, no ha sido detenido; quienes sí se encuentran en prisión son el policía Noé Rodríguez, dos motopatrulleros y el escolta del exalcalde, todos inculpados por el propio Rodríguez, en una declaración ministerial videograbada que se parece más a un examen profesional, presentado con seguridad y detalles que merecerían una mención honorífica, que a la confesión desordenada de un criminal derrotado.
De otros cinco supuestos culpables, no se ha logrado averiguar más que sus apodos: el Harry, el Chelo, el Piolín, el Moi y el Olmos. “Tenían sus fotos”, reclama Jorge Sánchez, “¡y ahora resulta que se les perdieron! Los están encubriendo”.
A su lado caminan dos amigas de Regina: Norma Trujillo, del diario La Jornada,y Verónica Espinosa, de Proceso,el semanario para el que trabajó la reportera recordada: “No les creemos”, insiste Espinosa cuando le llega el turno al micrófono, “Regina no se merece esta impunidad”.
Muchos entre el centenar y medio de asistentes tienen la sensación de que pueden ser el próximo. En Veracruz, como en el resto del país, se pueden matar periodistas sin consecuencias. Es como algo gratis: uno se sale con la suya y sigue con sus cosas mientras una familia ha quedado destruida y las investigaciones peligrosas o las coberturas incómodas encuentran final, tan abrupto como libre de consecuencias.
La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias afirma que el estado es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y que concentra más de la mitad de los homicidios de periodistas en México, desde 2011. A los quince muertos y desaparecidos durante el periodo de Duarte, se suman cinco del de su antecesor, Fidel Herrera.
No hay una temática específica que les atrajera el infortunio a los caídos. Por el contrario, solían tratar asuntos muy variados. Por ejemplo, Gregorio Jiménez, “levantado” el 5 de febrero de 2014 y asesinado poco después, reportaba para medios locales hechos como secuestros y ejecuciones en una pequeña zona de Las Choapas, en el sur, vecino a Coatzacoalcos; el área que cubría Víctor Manuel Báez Chino, corresponsal especializado en la fuente policiaca de un grupo nacional,Milenio,era mucho más amplia y llegaba a todo el estado; Moisés Sánchez utilizaba su periódicoLa Uniónpara denunciar la negligencia de las autoridades y pedirle al gobierno de la república seguridad para Medellín de Bravo; y Regina Martínez es recordada por la profundidad de sus indagaciones: “Sabíamos que si (lo que le presentábamos) le parecía de interés, ella nos haría preguntas muy directas”, explica Araceli González, del Colectivo por la Paz, “que nuestra información tenía que ser bien fundamentada y que ella también investigaría por su cuenta”.
Declaración bajo tortura
Martínez había incomodado a muchos sectores del poder en un estado donde no se tolera la mirada pública sobre los asuntos de políticos, empresarios y criminales. Indagó sobre la corrupción de alcaldes, candidatos y funcionarios, muertes extrañas, fraudes y supuestos suicidios, e incluso se atrevió a tocar al Ejército Mexicano al revelar el caso de la anciana indígena Ernestina Ascencio Rosario, violada tumultuariamente y asesinada por militares en 2007.
La torturaron en su casa, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, de Xalapa, y la estrangularon en el baño. Era el 28 de abril de 2012 y ella tenía cuarenta y ocho años. La Procuraduría General de Justicia de Veracruz insiste en que se trató de un crimen que mezclaba el robo con tintes pasionales. Se basa en la declaración de Jorge Antonio Hernández Silva, quien habría acompañado a José Adrián Hernández Domínguez a casa de Regina Martínez en la noche del crimen.
Hernández Silva supuestamente declaró que su amigo —un sexoservidor de la zona de quien no se conoce el paradero— había enamorado a Martínez con el fin de engañarla y robarla, con ayuda del primero. Después de beber algunas cervezas con ella, los hombres la habrían tratado de obligar a decirles dónde guardaba dinero y joyas, y tras lastimarla la habrían asfixiado, para después llevarse una laptop, un televisor de pantalla plana y dos teléfonos celulares (que nunca fueron encontrados; en cambio, meses después hallaron un reloj y una cámara fotográfica en poder de un prestamista, quien los habría comprado a los acusados). Según la Fiscalía General del Estado, el carácter reservado de Martínez se habría transformado porque algunos cosméticos y perfumes hallados en la vivienda fueron “un agente externo” que la hizo comportarse de una forma “más entusiasta”.
Hernández Silva no ratificó esta versión al presentarse ante la jueza Beatriz Rivera, quien, de cualquier forma, dio por válida la supuesta declaración del detenido en la que, además, habría dicho que los policías que lo arrestaron lo habían tratado bien y dado de comer. Desempleado, analfabeta y bajo la condición médica de seropositivo, Hernández Silva está impugnando una condena a treinta y ocho años de prisión. “Los que me agarraron me metieron toques, me vendaron los ojos, me echaron agua por la nariz y me dijeron que me iban a matar y también a mi mamá”, asegura en el recurso que interpuso para que se revise el fallo judicial en su contra. Según él, los agentes lo obligaron a aprenderse una versión de los hechos que avalara la versión de las autoridades.
Los investigadores hallaron muestras de ADN en el inodoro del baño de la casa de Martínez, pero las pruebas genéticas arrojaron información que no coincide con el perfil de Hernández Silva ni con los de familiares de Hernández Domínguez. Además, sólo fue posible descubrir una sola huella dactilar completa, pero no se sabe a quién pertenece.
De manera que la sentencia de la jueza Rivera carece de evidencias directas y se basa en una declaración aparentemente arrancada bajo tortura y desmentida por quien la presentó. Para la PGJ, esto no es razón para seguir la línea de investigación que señalan los amigos y colegas de Regina Martínez: la de que su muerte pudo haber sido ordenada a raíz de su trabajo periodístico.
Jugar con el dinosaurio
“No les creemos y se lo hicimos saber”, respondió la redacción deProcesoen un artículo editorial (29 de abril de 2012). La frase se convirtió en consigna y se trasladó a pancartas y gritos. Tres años más tarde, los manifestantes la corean mientras recorren el túnel vehicular bajo el céntrico Parque Juárez. “¡Justicia, justicia!”, añaden. Detrás de Verónica y Norma, un familiar de Moisés Sánchez levanta un ejemplar de “La Unión…”,el periódico que le costó la vida a su editor y que, ahora, en un acto de reivindicación del legado y de desafío a los impunes, su hijo Jorge ha vuelto a publicar. “Silencio forzado”, se lee en la contraportada, y “El Medellín de Moisés”, en la primera plana.
Como matar no es la única forma de silenciar, el caso de Carmen Aristegui, la periodista que reclama su retorno a su espacio radiofónico desde el 15 de marzo, es recordado por un músico campesino que camina mostrando la letra de una canción que acaba de componer: “Conozco a una periodista que se llama Carmelita”, escribió en una hoja escrita a mano, “la radio la discriminó por ser fiel a la noticia / hablar de la Casa Blanca y del gran avión de lujo / ha sido una ofensa para Enrique Peña Nieto”.
Ataviado con una playera morada y un sombrero de paja, y con la guitarra cruzada a la espalda, Melesio García, un cincuentón de la comunidad de Limones, en el municipio de Cosautlán de Carvajal, explica que con su pieza quiere protestar “por las injusticias contra el periodismo”.
Más tarde, los organizadores del evento le dan la oportunidad de cantar. “Jugar con el dinosaurio siempre ha sido peligroso / por la violencia que existe contra los periodistas”. Norma y Verónica, Moisés y decenas de dolientes escuchan en silencio. A sus pies, con brillo que compite con el de las letras doradas de la sucursal bancaria, queda instalada la placa que reza: “Plaza Regina Martínez. 28 de abril de 2015”.